Este miércoles, el Europarlamento ha dado luz verde al Acuerdo Económico y de Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), con 408 votos a favor, 254 en contra y 33 abstenciones, con el apoyo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE), Liberales (ALDE), Conservadores y Reformistas (ECR) y un voto divido, según delegaciones, en el seno de Socialistas y Demócratas (S&D). Han votado en contra Izquierda Unitaria, Los Verdes, algunos sociademócratas y los grupos de extrema derecha, estos últimos por motivos diametralmente diferentes.
Mientras, cientos de integrantes de la campaña europea #NoAlTTIP se han concentrado frente al Parlamento Europeo de Estrasburgo para mostrar su rechazo a la ratificación del CETA, firmado por Canadá y la Unión Europea (UE) el pasado 30 de octubre. El Acuerdo Económico y de Comercio ha sido refrendado con los votos de conservadores, socialdemócratas y liberales.
A pesar de que era el esperado, desde Ecologistas en Acción lamentan este resultado, aunque consideran “positivo el hecho de que un sector del grupo socialdemócrata europeo haya votado en contra, lo cual muestra las dudas de este grupo y la fractura abierta entre posicionamentos claramente neoliberales y otros más propios de la socialdemocracia”. Esta brecha entre socialistas abre una clara oportunidad para seguir trabajando la oposición a este tratado en los próximos meses a través de los debates que se abrirán en los distintos parlamentos estatales, condición exigida al haberse declarado "acuerdo mixto".
Según la organización ecologista, “en la filas españolas esta quiebra no existe”. “El CETA se ha presentado como un gran acuerdo que mejorará el intercambio de bienes y servicios entre partes, creando riqueza y facilitando la creación de empleo, e incluso desde la llegada al poder de Donald Trump, como una herramienta para contrarrestar sus políticas proteccionistas”, aseguran. “Pero la realidad que nos muestra la lectura de sus casi 1.600 páginas es bien distinta”, matizan.
Para la campaña #NoAlTTIP, de la que forma parte Ecologistas en Acción, no existe ninguna evidencia palpable que avale estas supuestas mejoras, “más bien al contrario”. “Del estudio de sus artículos se aprecia un planteamiento tendente a ir laminando lo que se conoce como "barreras no arancelarias", es decir, todo aquello que ponga trabas a la expansión comercial: derechos sociales, laborales, ambientales y culturales, que se pretenden desregular”, explican.
A su juicio, “el CETA hace una apuesta firme por un modelo agroindustrial que amenaza seriamente la biodiversidad y pone en riesgo la salud humana con su alta carga de agrotóxicos, manipulaciones genéticas y usos de fármacos y hormonas”. También, los combustibles fósiles (arenas bituminosas altamente contaminantes, fracking...) que “ponen en peligro los objetivos de la COP21 de mitigar los efectos del cambio climático”.
“Por atacar los derechos laborales al no estar recogidos expresamente los de sindicación y negociación colectiva incluidos en los convenios fundamentales de la OIT; por constreñir los derechos sociales que se desprenden del apoyo a las desregulaciones en materia educativa o sanitaria; por desproteger los servicios públicos al privatizar y abrir su gestión a la competencia de proveedores extranjeros de mayor capacidad financiera; por no garantizar la privacidad de datos personales y abrir el camino a un mayor control informativo en Internet”, subrayan.
Y añaden además, “por socavar la independencia judicial al pretender crear tribunales de arbitraje privados al margen de los nacionales para dirimir conflictos entre inversores y Estados; por hacerse eco de forma incondicional de los intereses de los grandes conglomerados empresariales al atender de forma casi exclusiva a sus lobbies en el diseño de este tratado; por olvidar las 21 millones de pymes europeas que dan trabajo a 90 millones de personas al no existir nada explícito sobre ellas; y por condicionar la soberanía de los Estados que pueden ver mermadas sus iniciativas legislativas al poder ser supervisadas por un organismo –el Consejo de Cooperación Reguladora– creado a tal efecto de manera poco democrática”.
Una de las cuestiones que más duda genera este tratado es la existencia de tribunales de arbitraje privados para dirimir controversias entre Estados e inversores extranjeros contemplados en un mecanismo regulador denominado ICS (Investment Court System). Para Ecologistas en Acción, “este mecanismo otorga a las empresas un poder de coacción sobre las decisiones de las administraciones a la hora de diseñar y acometer políticas públicas al tiempo que socava la propia soberanía judicial”.
De hecho, este mecanismo de tribunales de arbitraje ha sido criticado por varias asociaciones europeas de jueces –entre las que se encuentra ‘Jueces para la Democracia’– por no ser necesarios, ya que tanto el sistema judicial europeo como el canadiense garantizan el trato igualitario a todo litigante.
Pero la oposición no acaba ahí. De manera sectorial, asociaciones agricultoras y ganaderas, de consumidores, plataformas de defensa de los servicios públicos o del derecho a la privacidad de datos en Internet, organizaciones ecologistas y sindicales, así como asociaciones de pymes, han manifestado su rechazo o al menos han expresado serias dudas sobre los contenidos sectoriales. Para estas organizaciones, en los 13 capítulos que integran el acuerdo, no se garantizan los estándares laborales, sociales o ambientales actuales. Sirva como ejemplo que de las 1.500 Denominaciones de Origen existentes en Europa solo están incluidas en el tratado 147. “¿Qué pasa con el 90% restante?”, se cuestionan desde ecologistas en Acción.
“No existe ningún estudio de impacto del tratado y, sin embargo, sus defensores en Europa (conservadores, socialdemócratas y liberales) han votado en el Parlamento Europeo a favor de su ratificación”, señalan. Antes de su paso por los parlamentos estatales, a partir de abril, el tratado se aplicará de forma provisional dentro del conjunto de la UE en una parte importante de sus artículos, dejando para más adelante los aspectos que se entiende sobrepasan las competencias de la Comisión Europea.
En la votación de este miércoles lo que se ha dirimido en el Parlamento Europeo, según Ecologistas en Acción, “es algo más que una votación sobre un acuerdo comercial”. “Se ha votado el modelo socioeconómico que puede imperar en Europa en las próximas décadas, muy en la línea de las políticas de austeridad y recortes que están sufriendo las clases populares desde el inicio de la mal llamada crisis económica”, reiteran.
A pesar del resultado de la votación, Ecologistas en Acción y la campaña #NoalTTIP manifiestan que “ninguna lucha está perdida”. “Como el acuerdo con Canadá tiene un obligado paso por los parlamentos nacionales y algunos regionales, su tramitación puede deparar algunas sorpresas”, recalcan.
“En ese proceso existe una oportunidad de acabar definitivamente con él, dado que algunos países muestran serias dudas sobre la idoneidad de su implantación”, aseveran. Las dudas residen especialmente entre los partidos socialdemócratas, algunos de cuyos miembros, que ya votaron en contra en algunas de las comisiones que emitieron dictamen sobre su ratificación, han vuelto a mostrar su desacuerdo.
La campaña #NoalTTIP, que ha impulsado desde hace meses acciones y movilizaciones en contra del CETA, se reafirma en su posicionamiento en contra de este tratado –y de otros como el TTIP y el TiSA– y anuncia su intención de seguir trabajando para informar a la población de lo lesivo que la posible aplicación de estos acuerdos será para sus derechos.
Reacciones ante la aprobación del CETA
Por su parte, el eurodiputado Miguel Urbán, ha reconocido nada más conocerse el resultado de la votación que “el CETA va contra nuestros derechos y soberanía”, todo ello gracias “a los votos de la Gran Coalición de populares y socialistas”.
Para la diputada de IU, Marina Albiol, "el CETA es la puerta de atrás del TTIP, ya que el 80% de las grandes corporaciones estadounidenses tienen algún tipo de participación en compañías canadienses", y ve en el acuerdo una "grave amenaza para las pequeñas y medianas empresas y los productores locales".
El eurodiputado de EH Bildu - Os Pueblos Deciden, Josu Juaristi, que también ha participado en las protestas en Estrasburgo y que ha definido el CETA como "el caballo de Troya del TTIP", ha dicho: "Como era de esperar, la mayoría del Parlamento Europeo ha aprobado el CETA, pero escuchó la voz de la ciudadanía. ¡Este no es el fin!".
También, para la portavoz de IU en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, la firma de este tratado supone restricciones a la capacidad de los gobiernos territoriales para “apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, donde el personal a menudo se ven obligados a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales”.
“En el documento hay un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación y que podrían afectan negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de Aragón y de las autoridades provinciales y municipales”, explicaba el pasado martes.
“Los gobiernos europeos y las instituciones deben tener presente que, si siguen adelante, estarán firmando un tratado con Canadá en contra de la ciudadanía a la que dicen representar, porque recorta derechos, precariza el empleo y agrede al medio ambiente”, advertía.
“IU Aragón defiende una UE basada en la soberanía popular, los servicios públicos y los derechos laborales. Sin embargo, enfrente tenemos un bloque, el PP-PSOE, que pretende acabar con esto para siempre a través de la eliminación de la capacidad regulatoria de los Estados, entregando así la soberanía a las grandes corporaciones”, aseveraba.
