El pacto del agua, una puerta abierta a los trasvases

36 entidades de la sociedad civil consideran innecesario un pacto nacional del agua, porque ya existe un “pacto” acordado por todos los europeos, que es la Directiva Marco del Agua, cuyos principios se asientan en la sostenibilidad y la protección de los ecosistemas acuáticos como garantía futura de los recursos hídricos

Agua
Delta de l'Ebre.

Ante la proposición no de ley presentada por el Partido Popular (PP) para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, y aprobada el pasado 19 de octubre con los votos a favor del PP y Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista Obrero Español, un total de 36 organizaciones del Estado español, entre las que se encuentran las aragonesas Amigos de la Galliguera, Asociación Río Aragón, Asociación El Bergantes no se toca, Coordinadora Biscarrués-Mallos de Riglos, junto con organizaciones como Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra, han lanzado un comunicado en el que denuncian el posicionamiento desfasado de los miembros de dicha comisión con la política europea en materia de aguas, y la desacertada continuidad de una política hidráulica caduca, imposible de cuadrar con los principios de la sostenibilidad.

Las entidades firmantes consideran una irresponsabilidad institucional afirmar que el Gobierno haya cumplido con los compromisos de planificación hidrológica acordados con la Unión Europea en materia de aguas. Estas organizaciones presentaron decenas de alegaciones a los planes hidrológicos aprobados y han denunciado al gobierno español ante las instituciones europeas por repetidas vulneraciones de las directivas comunitarias en materia de aguas.

La Comisión Europea mantiene abierta una investigación por las deficiencias detectadas en los planes aprobados en el primer ciclo de planificación hidrológica (EU PILOT 7835/15/ENVI) y a la vez investiga el efecto de la modificación de las reglas básicas de funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura sobre los espacios de la Red Natura 2000 de la cuenca del Tajo (EU-Pilot 6134/2014/ENV), y la afección al parque Nacional de las Tablas de Daimiel y de Doñana por la sobreexplotación de las aguas de las que dependen.

En paralelo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado en este 2016 un informe donde mostraba sus preocupaciones sobre la planificación hidrológica del Estado español –y en concreto, de las cuencas del Tajo y del Ebro-, y solicitaba a la Comisión Europea que rechazara el segundo ciclo de los planes hidrológicos de cuenca presentados por el gobierno español. A esto se suma la situación de máxima urgencia que viven algunos de los humedales más importantes debido a una política hidrológica insostenible, como son el caso de las Tablas de Daimiel, Doñana, el Delta del Ebro, los espacios protegidos de la cuenca del Tajo, la Albufera o el Mar Menor.

En el comunicado, las organizaciones firmantes muestran su sorpresa al verificar que el famoso pacto nacional del agua va dirigido a crear un gestor nacional del agua que permita hacer con el agua lo mismo que hoy hacemos con la energía, y para asegurar la atención de las demandas en las cuencas deficitarias del país.

Un planteamiento clásico para abrir la puerta a futuros trasvases desde cuencas como la del Ebro, Tajo, Duero o Guadiana, siempre fuera de los mecanismos establecidos en los planes hidrológicos y del control de la participación ciudadana y de los territorios afectados. Por ello, al tiempo que destacan la dimensión territorrial del agua y las funciones ecosistémicas que desempeña en su fluir por ríos y acuíferos, recuerdan la primera consideración de la Directiva Marco del agua: “El agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”.

Para estas organizaciones los argumentos de “desequilibrio hidráulico-territorial” y de “cuencas deficitarias” parten de un enfoque caduco, completamente alejado del conocimiento científico y de la normativa europea. Son argumentos en contra de la realidad ecológica, climática y socio-económica del territorio, y que no asumen la necesidad de adaptarse a la reducción de la disponibilidad de agua por los efectos del cambio climático, a pesar de que el Estado español es uno de los más vulnerables de toda Europa ante este fenómeno.

Las 36 entidades firmantes recuerdan a  todas las formaciones políticas con representación parlamentaria las prioridades para una nueva gestión del agua en el Estado español, basada en el uso sostenible, la conservación de nuestros ecosistemas acuáticos y un manejo de la demanda adaptada al cambio climático, tal como proponen en el documento de Prioridades para una Nueva Cultura del Agua  que las organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el inicio de la actual legislatura.

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