Cuando se habla de Bomberos y Bomberas Forestales nunca se piensa en el personal laboral del Gobierno de Aragón. Sin embargo, a nivel estatal, se negocia un ‘Estatuto Básico del Bombero Forestal’ y la categoría profesional se reconoce como empleo público en un servicio público, también se considera el cumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público y la Oferta de Empleo Público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Hasta ahí se ha llegado gracias al reconocimiento de un colectivo muy amplio de trabajadores y trabajadoras que apagan los incendios.
Desde que en 1995 el Gobierno de Aragón atribuye a su Departamento de Agricultura y Medio Ambiente la estructura organizativa y los procedimientos para la intervención en emergencias por incendios forestales la mano de obra que se enfrenta a esta emergencia con responsabilidad de ofrecer un servicio público, también con entrega, y asumiendo los riesgos inherentes al fuego, es el Personal Laboral de la DGA formando equipo junto a APN's -Agentes de Protección de la Naturaleza- y otros Técnicos.
Desde entonces todos los trabajadores y trabajadoras del operativo fueron empleo público del Departamento hasta que, unos años después, parte de ese empleo se divide entre la DGA y la empresa SODEMASA, la que unos años más tarde se convierte en SARGA, actual empresa instrumental del Gobierno de Aragón. Esta empresa sólo aportaba mano de obra, medios y recursos la DGA. Trabajadores y trabajadoras de ambas entidades, trabajando juntas, comparten instalaciones, vehículos, formación, las horas y hasta el bocata, en armonía, sin incidentes, aceptándose. Aunque entre las esperanzas de los trabajadores y trabajadoras de la empresa instrumental siempre sobrevuela la posibilidad de pasar a ser de la plantilla de la DGA.
Pero el Personal Laboral de la DGA también se ve en el tajo, codo con codo, con los Bomberos del SPEIS, Bomberas voluntarias, con las BRIF, con Protección Civil y con la UME. Sin valorar el mérito, el tiempo pasa y al mismo ritmo que se precariza el empleo público, con una temporalidad disparada, sólo frenada a instancias del Gobierno de Europa, se refuerza a SARGA arrinconando al Personal Laboral.
Así se llega al momento actual. El Gobierno de Aragón planea cambios en el operativo de incendios. Se adivina un futuro incierto para el empleo público de la DGA. Con dificultades se crea una Mesa Técnica y se inicia la negociación junto a los trabajadores y trabajadoras, representados por las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UGT.
No se ve claramente cual es el plan previsto para diseñar el operativo de emergencia pero sí que se traslucen las diferencias cuyo origen pueden ser las desavenencias entre la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal -gestionada por Podemos- y el Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente -del PSOE-.
En esta coyuntura, el Personal Laboral lleva años reclamando a la DGA, no sin razón y con justicia, su espacio y su participación en el operativo de incendios. El colectivo de trabajadores y trabajadoras confía a los sindicatos su futuro y como muestra de apoyo han enviado una carta a CCOO, CSIF y UGT firmada por Personal Laboral de todas las comarcas. Un mensaje de unidad con cinco puntos que recogen las sinergias de unos y otros, trabajadores y trabajadoras públicos.
Se proponen conseguir su reconocimiento, que las modificaciones del Decreto 65/2001 que regula el funcionamiento y los turnos de guardia mejoren su permanencia en el operativo de incendios pero también mejoras laborales y económicas. En definitiva, piden trabajar. No en vano, la pérdida de poder adquisitivo del Personal Laboral de la DGA es notable, especialmente en las categorías más bajas.
Este es el contenido integro de la “Carta a nuestros representantes sindicales”:
Los abajo firmantes, personal laboral del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, nos dirigimos a las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UGT.
Concretamente a nuestros representantes en la Mesa Técnica donde actualmente se negocia la modificación del Decreto 65/2001 por el que se regula la organización y funcionamiento de los turnos de guardia del personal que participa en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales.
Manifestamos nuestro total apoyo a nuestros compañeros y compañeras para que se posicionen en defensa de los intereses del personal laboral, para que los siguientes objetivos se mantengan y/o mejoren en el nuevo Decreto con el fin de dar un servicio público acorde al convenio colectivo:
- Que la negociación suponga el avance de mejorar las condiciones laborales y económicas, ningún retroceso.
- Garantizar la participación en el operativo de incendios de todas las categorías profesionales que incluye el actual Decreto en vigor.
- Consolidar el compromiso de la Administración para que el personal laboral fijo sea parte activa diaria, durante todo el año, en el operativo de incendios.
- Asignar turnos de guardia al personal laboral que, previa conformidad, participe en el operativo de incendios.
- Asignar turnos diarios, durante todo el año, de conductor, de Técnico de Guardia y de Vehículo de Extinción al personal laboral que disponga del permiso necesario.
- Que, de no ser así, no firmar ningún acuerdo y mantener las condiciones para el personal laboral expresadas en el Decreto actual.
No sólo en Aragón cuecen habas a calderadas
Desde la sección estatal de la CGT en la empresa pública TRAGSA expresan su descontento y asombro “ante la actuación de esta empresa pública, que omite directamente la sentencia del juzgado nº 3 de lo social de Talavera de la Reina -Castilla-, habiendo sido ratificada la misma por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha. El fallo concede la fijeza a 6 compañeros de la base BRIF de La Iglesuela en Toledo”.
Así, la sección de CGT La Iglesuela denunció hace ya mas de cuatro años “que 6 compañeros estaban en fraude de ley debido a su temporalidad dentro de la empresa”. Los trabajadores y trabajadoras ganaron el juicio contra TRAGSA y el Juzgado declaró que “dichos compañeros debían causar fijeza dentro de la misma”.
Desde este sindicato se exigió entonces a través de sus respectivos comités de empresa que estas plazas “tenían que ser declaradas fijas hacia los compañeros, como sentenciaba el Juzgado”. Pero la empresa pública TRAGSA se opuso e impugnó la sentencia. “Por ello dichas plazas han sido introducidas, cuando no debería ser así, en el proceso extraordinario de las tasas de estabilización que se está realizando en la actualidad”, recalcan desde la CGT.
“Como respuesta a la impugnación llevada a cabo por la empresa y al no cumplir con la sentencia, el Juzgado vuelve a declarar que dichas plazas han de ser declaradas fijas para seis de los bomberos forestales afectados, mientras que a otros tres trabajadores los declara indefinidos no fijos”, explican desde CGT, y añaden que “por ello el órgano judicial exige que dichas plazas tienen que ser excluidas de las actuales tasas de estabilización, no teniendo efectos suspensivos. Es decir, han de retirarse de dicho proceso selectivo aunque la empresa repita su impugnación. Esto ocasiona la pérdida de nueve plazas dentro de dicho tasas y es debido al caso omiso por parte de la empresa hacia las advertencias e información que le ofreció la CGT”.
Desde la CGT no se entiende “como una empresa pública como TRAGSA se opone abiertamente contra la Justicia. Tampoco comprendemos por qué no escuchó a la parte social en este aspecto, que intentó dialogar, para que los trabajadores afectados no tuvieran que pasar por las tasas de estabilización debido a que ya habían causado fijeza. El objetivo era no entorpecer un proceso de empleo público, el cual, puede ocasionar la pérdida de 9 plazas de personal fijo tras los pasos seguidos por la empresa”, concluyen.
