La inacción del Gobierno de Aragón pone en peligro el operativo de incendios forestales

Denuncias en los juzgados, cesiones ilegales de trabajadoras y trabajadores de una empresa a otra, o informes de la Inspección de Trabajo, son algunas de las aristas del conflicto laboral provocado por la inacción de la DGA con su personal laboral del servicio de bomberos forestales de Aragón.

Vehículo de extinción de incendios del Gobierno de Aragón

Mientras la temperatura sube el personal laboral teme quedar reducido a ceniza. Los sindicatos CCOO, CSIF y UGT participan en la mesa de trabajo del anteproyecto de ley del Estatuto Básico de las y los Bomberos forestales con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y las comunidades autónomas. Todos coinciden en que el nuevo escenario en cuanto a los incendios forestales, los trabajos preventivos en un medio natural cada vez más vulnerable, y los nuevos cambios en las emergencias climáticas hacen necesario que la figura de la bombera y del bombero forestal tenga un espacio homogéneo.

Paralelamente, en Aragón estas tres organizaciones sindicales participan en una Mesa Técnica en la que, con dificultades en su creación, la representación del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón manifestó su escasa voluntad negociadora, pues su intención era únicamente efectuar un intercambio de opiniones. Por otro lado, el Director General de Medio Natural y Gestión Forestal ya llevaba preparada una reorganización de las cuadrillas de extinción, lo que viene a decir que se intuye cierta desorganización dentro del Departamento como punto de partida.

Una vez explicados los intentos de la Dirección General en busca de un nuevo modelo de operativo de prevención y extinción de incendios forestales, las organizaciones sindicales han centrado sus esfuerzos en “negociar un nuevo Decreto de Guardias que va a afectar al personal funcionario y laboral”, tal y como han expresado CCOO y CSIF, mientras que la UGT dice más, estar “en total desacuerdo con la evidente potenciación de la parte de SARGA en el operativo, con necesidades de mejoras laborales legítimas, pero que nunca deben lograrse a costa de las condiciones laborales del personal laboral y funcionario de la administración”.

Actualmente el Gobierno de Aragón dispone como herramienta legal del Decreto 167/2018, de 9 de octubre, que contiene, a su vez, el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón -PROCINFO-, cuyo objeto es establecer la organización jerárquica y funcional, así como los procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya titularidad corresponde al Gobierno de Aragón, y los que puedan ser asignados al mismo por otras administraciones públicas o por otras entidades públicas o privadas, al objeto de hacer frente a las emergencias por incendios forestales, dentro de su ámbito territorial.

De manera más precisa, para regular la organización y funcionamiento de los turnos de guardias del personal laboral y funcionario, del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que ejerce funciones de prevención y extinción de incendios forestales, existe también el Decreto 65/2001, de 27 de marzo, modificado varias veces, y que es el que ahora está en cuestión en la Mesa Técnica.

El incumplimiento del citado Decreto 65/2001 está denunciado en los juzgados por varios trabajadores y trabajadoras. Pero el litigio no ha servido para frenar los impulsos de la administración aragonesa. A los conductores y conductoras del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, se les ha ido apartando paulatinamente de la conducción de los vehículos autobomba, labor que antes sí realizaban, y del Puesto de Mando Avanzado, siendo sustituidos por personal de la empresa pública SARGA, y, como consecuencia lógica temen que desaparezcan como personal del operativo, como de hecho ya ha ocurrido con el personal laboral que prestaba servicio en las emisoras de incendios, servicio que ha sido íntegramente externalizado.

La situación es muy delicada por cuanto que las organizaciones sindicales pueden entender como una cesión ilegal de trabajadores, una infracción laboral muy grave que se produce cuando la empresa cedente no tiene actividad propia y estable, no cuenta con los medios necesarios para el desarrollo de la actividad y no ejerce las funciones de dirección y control sobre el trabajador. Es la empresa cesionaria -la DGA- la que realiza las funciones de dirección y control, y son varios cientos los trabajadores afectados. En este sentido, CCOO ya cuenta con un reconocimiento de Inspección de Trabajo sobre la cesión ilegal en el Puesto de Mando Avanzado.

Sarga
Empleado de Sarga del operativo contraincendios.

Pese a todo lo anterior, la DGA sigue adelante sin miramientos, y el Director General de Medio Natural y Gestión Forestal anunció recientemente, y a la par de las negociaciones, una resolución por la que se establecen determinados turnos de guardias de personal, para la ya iniciada campaña de incendios de este año, y se vuelve a ignorar al colectivo de conductores reduciendo los servicios asignando guardia diaria a los técnicos, pero sin conductor, obstaculizando la tarea de los directores de extinción teniendo que estar pendientes de la conducción y no de las labores de organización durante la emergencia, de igual forma, deja de asignar turnos de guardia del vehículo autobomba al personal laboral en favor del trabajador de SARGA.

Ante la obcecación de la DGA, el colectivo de conductores y conductoras de los servicios territoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha presentado sus respectivos recursos de alzada. Por su parte, el Comité de empresa en Uesca ha presentado su propia reclamación. Y también CCOO presentó un recurso de alzada, mientras UGT ha anunciado la posibilidad de acudir a los juzgados si el Departamento de la DGA no rectifica.

Mientras en la mesa de negociación se pone énfasis en la necesidad legítima de tratar las condiciones laborales del colectivo de Agentes de Protección de la Naturaleza -APN-, el personal laboral queda arrinconado. Nadie ha apostado todavía de manera enérgica, valiente, decidida, con suficiente fuerza para reforzar al colectivo de conductores reconociendo su categorización, funciones, formación, riesgos laborales, enfermedades profesionales, coeficientes reductores de la actividad, etc, que son los pilares básicos en el marco regulador que los sindicatos presentan al Gobierno del Estado español para un posible reconocimiento profesional como Bomberos Forestales.

La reforma propuesta y presentada por la administración vislumbra la eliminación del personal laboral de un servicio público como es el operativo de incendios forestales, de imposible justificación con criterios de eficacia, eficiencia, economía y racionalidad pues se aprecia la discriminación de unos trabajadores en favor de otros, la duplicidad de cargos, los recursos y medios compartidos y la dificultad de coordinación entre empresas distintas. Desaparece un derecho reconocido en el actual decreto en vigor, reafirma la restricción de los servicios prestados, elimina cualquier posibilidad de ampliar y reforzar las condiciones laborales, garantizando un conflicto social y laboral, y un retroceso en la calidad del empleo público.

Difícil y ardua labor la de las organizaciones sindicales si quieren garantizar el valor, la eficacia y la eficiencia del Decreto 65/2001 que durante más de veinte años lleva prestando un buen servicio. El personal laboral está en riesgo de convertirse en material fungible pero los trabajadores y trabajadoras confían en que los sindicatos no los abandonarán y no firmarán un acuerdo que merme un ápice las condiciones laborales reconocidas en el decreto en vigor. “Cuando nuestros representantes sindicales se sientan a negociar pretendemos mejorar, no empeorar”, concluyen desde el colectivo de conductores y conductoras.

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