Este domingo, 8 de junio, la Asociación Vecinal Entrelagos congregó a varias decenas de personas residentes en Rosales del Canal en una concentración en la parcela denominada 89.37 bajo el lema reivindicativo de “Rosales quiere sus Solares”. El conflicto con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza nace el pasado mes de diciembre al tener conocimiento, los vecinos y las vecinas, de la intención del Departamento de Fomento del Gobierno de Aragón de edificar Viviendas Dotacionales Públicas (VDP) en este solar destinado a fines educativos en el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU).
"Necesitamos más centros educativos y los que hay debidamente equipados. Necesitamos que el Centro Cívico deje de ser un armazón a la espera de servicios sociales, espacios culturales y de encuentro. Necesitamos que los equipamientos educativos y deportivos para estos solares, lleguen. Pero en lugar de eso, se nos impone un proyecto que no responde a estas carencias. Un proyecto que, lejos de solucionar problemas, puede agravar los que ya tenemos y crear otros, por no ser la respuesta ni la ubicación adecuadas", explicaban a modo de resumen en la lectura del manifiesto de la protesta. En la concentración participaron, también, representantes de las asociaciones vecinales de Valdefierro (Aldebarán y Las Estrellas) y de Los Sauces de Montecanal, a las que agradecieron su presencia durante la lectura.
El origen del conflicto
El pasado 12 de diciembre hubo una reunión informativa en la que "se intentó sin éxito, por parte de las administraciones, convencer de las supuestas bondades de esta edificación considerada como equipamiento público, pero de hacerse esas viviendas los futuros inquilinos necesitarán también acceder a servicios educativos, sanitarios, deportivos, culturales, asistenciales y sociales de los que Rosales carece, o los pocos que hay, están ya sobreexplotados y saturados", explica la asociación.
El análisis de este conflicto exige "separar actuaciones y discursos políticos de las realidades". "Separar verdades de las necesidades del día a día, de las falsedades oficiales que dan la espalda a un problema existente respecto a la educación en la zona, creando otro que agrava el primero y no da respuesta al segundo, la vivienda", especifican.
Según la asociación "Educación considera prescindible este solar". Mientras explican que en los centros educativos del barrio "se vive al día y se alquilan barracones por doquier en vez de edificar en tiempo. En el caso de los CPI Rosales del Canal y Zaragoza Sur (Arcosur norte), se hace obra de ampliación para cubrir la ESO suprimiendo parte del patio de recreo de los niños más pequeños". Además señalan que "los salones de actos han sido transformados en aulas y no dan el servicio para el que se construyeron". Denuncian que "los equipamientos deportivos de Secundaria no se han construido. Esto obliga a los alumnos a salir de los centros escolares a realizar Educación Física en el parque o en un potrero".
Ambos colegios, apuntan, han cubierto para el próximo curso todas sus plazas en primero de Infantil y esto, "aún sin contar con las viviendas recientemente entregadas, y las que aún están por llegar, más de 3600, en la zona norte de Arcosur, colindante con Rosales del Canal".
El solar elegido para el desarrollo de las viviendas impulsadas por el Gobierno de Aragón a través de la iniciativa privada, se encuentra junto al Centro Cívico Distrito Sur, inaugurado hace cuatro años, pero en el que "más de la mitad del edificio está sin acabar, sin Servicios Sociales adecuadamente dotados, ausencia de un Centro de Juventud o de un Centro de Convivencia de Mayores, ni siquiera de un Auditorio. Lo que obliga a todos a salir del Distrito Sur, un distrito con 40.000 habitantes, y a pagar por usar otros equipamientos privados fuera del barrio y del distrito para cualquier actividad cívica con público".
"El solar 89.37 es necesario y no puede primar el acceso a la educación de unos barrios sobre otros, por negarse las administraciones a hacer nuevos equipamientos", sentencian.
Viviendas públicas que no son tal
"Las Viviendas Dotacionales Públicas son un problema, no una solución. Por las formas y por el fondo", explica la entidad vecinal. Denuncian "un procedimiento acelerado que de forma atropellada ignora a conciencia pasos formales, su orden y su justificación implementando un negocio privado, que no un servicio público. El Ayuntamiento de Zaragoza cedió a Fomento el solar antes incluso de publicarse en el BOA la Directriz Especial. El acuerdo del Gobierno Municipal de esta cesión no fue ratificado en el Pleno Municipal impidiendo la fiscalización del patrimonio municipal a la oposición". Señalan que "tampoco se ha modificado el PGOU en previsión de su impacto en la zona sobre los servicios públicos".
Así explica la asociación como se privatiza el parque público incluso antes de construirse: "El solar se cede gratis por el Ayuntamiento al Gobierno de Aragón, y éste a su vez, después de tasarlo en 230.000 euros, se lo cede también gratuitamente a un promotor privado. Un fondo inmobiliario internacional con 1.200 millones de euros en cartera. Lo que supone una subvención indirecta. Dando la gestión prácticamente libre de un servicio público garantizándoles una rentabilidad anual del 7,8%, algo que va en contra del espíritu del servicio en sí mismo. Abundando en que se concede la licitación a un agente económico de los que precisamente están generando la burbuja de precios inmobiliarios, tanto en la compra como en el alquiler, cuyo problema se pretende resolver".
Un modelo alejado de la vivienda social y pública
Se concede la construcción y explotación a la promotora por 75 años, de los que los primeros 15 años el alquiler será a precio subvencionado con dinero público. El Gobierno de Aragón pagará durante los primeros 15 años dos euros al mes por metro construido, aportando en total casi doce millones de euros solo en esta fase de Rosales. Después, durante 60 años, las viviendas pasaran a precio libre de mercado para que "el promotor haga caja".
Asociación Vecinal Entrelagos sostiene que Fomento (DGA) considera que una vivienda digna "son pisos de 31 a 41 m², tal como se regula el modelo de vivienda en la Directriz Especial". Y advierte que los alquileres rondarán" entre los 450 y los 762 euros, más gastos comunitarios, una vez descontadas las ayudas de dinero público". Por si fuera poco, el nivel de renta exigido para acceder a estos pisos fija que quien los solicite tenga "unos ingresos de entre 1.500 y 2.700 euros al mes", pudiendo llegar a ser "hasta 8 veces el IPREM, actualmente fijado en 600 euros". "¿A quién puede parecerle todo este dislate una propuesta de vivienda digna y accesible para jóvenes?", se preguntan los vecinos y las vecinas del barrio.
Este bloque, como ejemplo del modelo de promoción privada con fondos públicos, "no busca la calidad ni la accesibilidad, sino la rentabilidad del promotor de la concesión de su explotación. Son minipisos y colmenas humanas en las que es más que previsible la sobrepoblación y el hacinamiento de personas o unidades familiares que en el mercado privado no encuentran alternativas adecuadas para vivir en alquiler a un precio que puedan pagar y a su vez asumir otros gastos esenciales como la comida, luz, agua y gas", sostiene la asociación vecinal. También denuncian que el modelo "no contempla la reserva mínima de viviendas adecuadas a personas con discapacidad. Y por otra parte, habrá una plaza de garaje por cada 100 metros cuadrados". Es decir dos de cada tres de estos pisos de poco más de treinta metros cuadrados no dispondrá de garaje.
Llaman la atención sobre otro hecho: "En el solar se anunciaban 160 pisos que han acabado siendo en la licitación 192, un 20% más. Y todo ello con el Informe desfavorable de la Interventora General de la DGA por numerosas irregularidades y deficiencias en el procedimiento". Por otro lado la entidad apunta que "según el Anexo 3 del PGOU de 2000, con el extremo de una doble dolina de grado 1, de máxima peligrosidad y activa en la actualidad, que Fomento ha decidido ignorar". En relación a esto se preguntan: "¿Qué pasará si surgen sobrecostes en la cimentación? ¿Quién los va a pagar? O ¿quién se hará responsable si el edificio no es seguro porque las prisas han llevado a una excesiva edificabilidad donde no se debía concentrar tanta construcción?"
Para el colectivo vecinal, "existen sobradas razones para que Fomento reconozca el error cometido en la elección de esta parcela y que aplique la cláusula de extinción de la concesión en previsión de crear más problemas que soluciones que no son ni realistas ni eficaces, desoyendo las necesidades reales del Distrito Sur".
