El 18 de julio de 2005 comenzó la demolición de los módulos de la antigua cárcel de Torrero, paso previo para desarrollar un plan específico de urbanización de esa pastilla de terreno que se acordó tiempo atrás… El 19 y 20 de mayo de 2003, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Rafael Gómez-Pastrana (PP), organizó sendas visitas a una cárcel vaciada meses atrás, primero para los colectivos sociales y luego para el público en general. Por aquellos días, no recuerdo con exactitud la fecha, el concejal de Urbanismo convocó en su sede de El Cubo a los colectivos vecinales del barrio y allí, en varias sesiones, nos expuso el plan que habían aprobado, pudiendo explicar lo que pensábamos, debatir, incluso acordar alguna cuestión (calle Biescas).
Los dos edificios de la cárcel situados en la avenida América se salvaban del derribo por su interés arquitectónico, mientras que para el resto se diseñó una gran plaza, un edificio destinado al tercer grado —que aceptamos por considerarlo beneficioso para los presos— y cinco bloques de viviendas todos ellos paralelos al edificio del tercer grado. Básicamente como está ahora, pero con dos bloques más. Esos bloques tenían dos propietarios, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio del interior. Todos los pisos del Ayuntamiento tenían carácter de protección oficial y ocupaban tres bloques —los que actualmente se pueden contemplar— y de los dos que faltaban —y faltan— se ocupaba prisiones y en su mayoría eran viviendas libres.
En aquellos años la burbuja inmobiliaria estaba en su esplendor, la especulación con la vivienda era feroz y el Ministerio no hizo el menor caso a las exigencias vecinales de que sus viviendas también fueran todas ellas de protección oficial. Rehusó porque estaba pensando en especular y ganar dinero. Lo que sucedió es que en 2008 estalla la burbuja inmobiliaria y se desencadena una crisis económica muy fuerte, por lo que no convenía dinamizar la construcción de esas viviendas pues la rentabilidad había bajado y mucho, o que ninguna constructora quería involucrarse por los mismos motivos, o por los dos… O sea que, el Ministerio ha aguantado con los terrenos asignados, a la espera de una nueva oportunidad que rentabilice económicamente la operación.
Una pregunta que nos hacíamos y todavía hoy no entendemos es, por qué le correspondía al Ministerio parte de la propiedad cuando fue el Ayuntamiento de los años veinte quien cedió el espacio para construir la cárcel —inaugurada en 1928—. O sea que, “a mí me ceden un espacio para mi interés y cuando cesa su uso, me corresponde parte de la propiedad…”, no lo entiendo.
Pero esa pastilla fue objeto de cambios gracias a la aparición de un monumental laurel que crecía en el interior de la prisión, entre el muro norte y uno de los módulos, junto a la enfermería. Ese laurel pronto se convirtió en un símbolo de libertad para mucha gente del barrio, como lo había sido antes para muchos presos que así nos lo manifestaron. Gracias a una decisión del nuevo concejal de Urbanismo, Antonio Gaspar (CHA), que atendió la solicitud vecinal de conservar el laurel, los dos bloques que faltaban —y que faltan— se transformaron en una especie de “U” y así se salvaba de la tala el laurel y además aparecía una plaza pública donde crecía. Esta situación, con el paso de los años ha cambiado en dos aspectos: uno, que desgraciadamente el laurel se secó —los cuidados durante las obras no fue el adecuado, así piensa mucha gente del barrio— y dos, los colectivos vecinales del barrio hemos avanzado muchísimo en lo que se refiere a “memoria democrática” y consideramos que en esa zona, donde miles de personas sufrieron represión y privación de libertad, no se debe construir viviendas, sí un anfiteatro frente a la plaza del laurel y ganar todo el terreno como espacio de memoria.
Pero hete aquí que, cuando el laurel se seca, vuelven las presiones para recuperar el antiguo diseño, o sea los cinco bloques en paralelo, este planteamiento lo hace el Ministerio al Ayuntamiento y supone que el barrio se queda sin plaza del laurel y se rechaza la demanda vecinal de no construir. El Ayuntamiento por supuesto aprueba la petición del Ministerio y es ahora cuando se va a tratar este asunto definitivamente en comisión de Urbanismo. Existe otra posibilidad que hemos planteado y que no ha merecido contestación de las dos instituciones y es la de permutar el terreno a otra parte de la ciudad.
Así que nada, a los colectivos del barrio, ni puñetero caso. ¿Quiénes son estas pobres gentes, deben pensar, para opinar de urbanismo o de memoria? A todo esto, el actual consejero de Urbanismo, Víctor Serrano (PP), no se ha dignado en subir al barrio, al centro cívico a informarnos de este asunto y lo que sería ya galáctico, a debatir con los colectivos del barrio acerca de los planteamientos que venimos haciendo desde hace años. ¡Ah! y una cuestión de peso, el barrio y sus gentes fuimos los que durante años soportamos la presencia de la cárcel sin rechistar, nos corresponde como mínimo atención y respeto ¡O qué!
Pero el consejero no es una excepción, el delegado del Gobierno hace lo propio, aún estamos esperando la reunión que nos prometió su equipo —en la reunión previa no pudo estar él— para septiembre, es verdad que no concretamos el año… ¡Joder un respeto!
En estos momentos pues, se está a punto de dar carácter definitivo al diseño contemplado en el plan inicial y ahora —¡Toma ya!—, se argumenta con la cantinela de la necesidad de vivienda en el barrio. ¿De verdad me quieren decir que por 60 viviendas se va a arreglar el problema de la vivienda en el barrio? Hay quienes pensamos que lo necesario en Torrero —desde Venecia hasta la Paz— es un plan urgente e intensivo de rehabilitación de viviendas, que se acometan los problemas relacionados con la accesibilidad —ascensor— y con la climatización. Hay mucha vivienda vieja, con población envejecida y por lo tanto con necesidades de movilidad. Nunca se ha hecho nada. Y en vez de esto apuestan por alrededor de 60 viviendas que además son en su mayoría libres.
En fin, lo de siempre.
