El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) ha vuelto a requerir resolver los graves problemas del proyecto Mina Muga de sales y potasa en las Altas Cinco Villas y la Ribera de Sangüesa/Zangotza. El Ministerio vuelve a señalar los problemas inherentes a una mina al lado del embalse de Yesa, bajo el canal de Bardenas, bajo los pueblos de Javier y Undués de Lerda, con una montaña de residuos de más de 12 millones de metros cúbicos de sal y más de 47 metros de altura.
Se trata de problemas no resueltos que deberían haber concluido el proyecto Mina Muga, tal como se indicaba en la solicitud del MAPAMA de diciembre de 2016, donde se informaba que si tras la presentación de la información requerida, ésta fuera insuficiente, el órgano ambiental daría por finalizada la evaluación de impacto ambiental. Sin embargo, el pasado mes de abril volvió a requerirle, un año después, que resolviera los mismos problemas.
Las reiteradas peticiones son resultado de la evaluación que el Ministerio ha hecho del Texto Refundido del Proyecto, que la Empresa presentó en abril de 2017, después de las continuas adendas, correcciones y contradicciones manifiestas de un proyecto del que el propio promotor ha reconocido, poco a poco, algunos de los problemas evidentes que la oposición al proyecto minero lleva señalando desde 2015.
Los requerimientos han sido numerosos, entre los que cabe señalar los de las administraciones del Estado, los parlamentos aragonés y navarro, el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) o el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). A la vista de la nueva solicitud de subsanación, Geoalcali ha sido manifiestamente incapaz de resolver.
Aspectos como la sismicidad inducida por la minería, causa principal de la generación de terremotos no naturales en el mundo, la afección a la precaria situación de las laderas del embalse de Yesa, la afección a los pueblos de Javier y Undués, que en el nuevo proyecto están sobre la propia mina, la afección a infraestructuras tan significativas como el Canal de Bardenas que vertebra la actividad agrícola de buena parte de las Cinco Villas y representa parte del suministro de boca para la propia ciudad de Zaragoza, o el tráfico de más de 1.000 vehículos pesados por las carreteras del entorno del proyecto, con destino al puerto de Bilbao o a la venta en el Estado español, siguen sin resolverse.
El discurso del promotor ha pasado de negar todos los problemas, a tener que reconocerlos por imposición de la realidad y de los requerimientos de los organismos competentes del Estado. El intento de minimizarlos por parte de Geoalcali ha generado un nuevo requerimiento de la administración.
Además de los requerimientos de la administración estatal, los gobiernos de Aragón y Nafarroa han señalado muchos otros problemas inherentes al proyecto, viendo atónitos en algunos casos como los propios informes remitidos a la administración no aparecían firmados, y por tanto, se desconocía la competencia o la formación de los técnicos que los habían elaborado, y en último caso, de su responsabilidad. No es extraño que el propio estudio de explotación no sólo no apareciera firmado, sino que venía acompañado de una cláusula de descargo en la que SADIM HUNOSA, autor del primer borrador del proyecto de explotación, no se responsabilizaba del proyecto presentado.
La Plataforma No a las Minas de Potasa denuncia que los requerimientos realizados en este momento no son nuevos, y son los mismos problemas de los que adolecía el proyecto en 2015, y de los que la administración ha estado dando una oportunidad tras otra, para que intentaran solventarlos y que, tras el último requerimiento, se constata que siguen sin resolverse.
Esta plataforma viene alertando desde 2015 que el proyecto de Mina Muga presenta muchos riesgos ambientales y sociales. "Desgraciadamente cada uno de los informes de la administración no ha hecho sino confirmar todas y cada una de las denuncias públicas que llevamos haciendo desde la primera exposición del proyecto", advierten desde la plataforma.
Entre ellos desgranan los aspectos relacionados con el relleno de las galerías –o backfilling– que siguen sin haberse estudiado, y sobre los que el promotor sigue sosteniendo que es algo que resolverá en el futuro. La sismicidad inducida sigue sin haberse estudiado. La acumulación de sal en las escombreras se relega a intentar venderla cuando la mina haya cerrado y la empresa haya vuelto a Australia. Los hundimientos en superficie siguen sin haberse evaluado aun existiendo problemas conocidos en la zona del Perdón o en las minas de Suria o Sallent con la misma técnica de explotación que la que se plantea en Mina Muga. La circulación de camiones será un problema a tener en consideración pues ninguna de las carreteras de la zona está preparada para dicho volumen de vehículos. Por último, advierten que la afección al embalse de Yesa y sus laderas, así como al Canal de Bardenas, sigue minimizándose.
La Plataforma considera "especialmente sangrante que el Ministerio tenga que volver a requerir a Geoalcali que evalúe de nuevo los mismos riesgos que motivaron la repetición del estudio de impacto ambiental, sobre sismicidad, subsidencia y la escombrera de sal".
Advierten que el proyecto estaba mal diseñado en origen y "durante los últimos 3 años hemos sido testigos de las continuas correcciones, adendas y cambios puntuales, sin acometer un proyecto compatible y adaptado al entorno en el que se encuentra, considerando que fuera posible".
Un procedimiento que debería haberse finalizado en 4 meses, como indica la legislación ambiental, lleva tres años con la presentación de continuos parches. "Creemos que ha llegado el momento en que las Administraciones públicas actúen de forma valiente, y se pronuncien desfavorablemente sobre este proyecto con una declaración de impacto ambiental negativa. Cabe recordar que según el promotor éste es el buque insignia de las cinco futuras minas que publicita a sus accionistas en la bolsa de Sídney".
