El jugoso negocio de las residencia de mayores: ave, fondos buitre, morituri te salutant

Muchas cosas tendrán que cambiar cuando pase la pandemia que, al cabo de siete meses, todavía flota sobre nuestras cabezas (o al filo de nuestras suelas de zapatos). Muchas y una de ellas, una de las más urgentes e importantes, será lo relacionado con este fabuloso negocio al amparo de la “Ley de la oferta y de la demanda en el salvaje Oeste”. Mientras tanto, bueno será investigar, contrastar datos fidedignos sobre este panorama y darlos a conocer. El “negosi es el negosi”. Datos generales. A fecha de primeros de año, el número de residencias para mayores en España era …

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Foto: Georg Arthur Pflueger.

Muchas cosas tendrán que cambiar cuando pase la pandemia que, al cabo de siete meses, todavía flota sobre nuestras cabezas (o al filo de nuestras suelas de zapatos). Muchas y una de ellas, una de las más urgentes e importantes, será lo relacionado con este fabuloso negocio al amparo de la “Ley de la oferta y de la demanda en el salvaje Oeste”. Mientras tanto, bueno será investigar, contrastar datos fidedignos sobre este panorama y darlos a conocer.

El “negosi es el negosi”. Datos generales.

A fecha de primeros de año, el número de residencias para mayores en España era de 5.147 y el número de camas (plazas) que daba abrigo era de 385.000. Eran los “afortunados” —aunque viendo los datos de muertos del COVID-19 diríamos, más bien, los “infortunados”— mayores de 65 años que habían logrado una plaza en ellas, bien sea a costa de “pelas” o de meses de espera.

A primeros de enero de este año, en España, 9.055.000 de personas ostentaban el honor de tener más de 65 años. Para esta fecha, la lista de espera para conseguir plaza en las residencias públicas o concertadas era de 200.000 personas.

De estas 5.147 residencias, el 71 % de ellas eran privadas (3.844) mientras que las de titularidad pública solo llegaban al 29 % (1.573). Si hablamos de número de camas, 372.985, el paisaje era algo peor: el 73 % de ellas eran privadísimas y el 27 % eran de dominio público. De estas 272.279 plazas, el 35 % eran de las llamadas concertadas, es decir, 95.297 camas.

En resumen: en nuestro país tenemos 100.706 plazas públicas (las buenas), 95.297 camas concertadas (las deseadas) y 176.982 plazas privadísimas (el “negosi puro y duro”)

Un paréntesis para explicar, aquí, el término concertado. Supongamos una residencia privada cuyo cobro al mes fuera de 1.200 euros y una persona con pensión de 994 euros (la pensión media española), la empresa equis cobraría del interfecto la pensión, y del estado la diferencia, es decir, 206 euros. Si fuera una persona con pensión de viudedad de 730 euros (la media en España), esta empresa equis cobraría esos 730 euros más otros 470 por parte del Estado.

Más datos generales: Estudios contrastados confirman que una residencia de mayores cuesta 10 millones de euros para un contenido de 100 plazas.

En 2017, la web inforesidencias confirmaba que el precio medio de mercado de una plaza privada era de 1.954 euros (con el IVA). Evidentemente, el precio medio significa que hay algunas que cobran más y otras que cobran algo menos.

Más datos jugosos: en 2019 este negocio privado movió 4.500 millones de euros al año. Ninguna broma. Entenderemos, ahora, el movimiento de los fondos de capital, buitres o águilas, para llenar, con avidez de buitres, el hueco de las faltas de plazas (recuerden, 200.000 en listas de espera solo en las públicas).

El bisturí del “negosi”

Entremos, ahora, a diseccionar: a saco para ver quién está detrás del “negosi”. Veamos quienes son estas “hermanitas de caridad”. Está atomizado, pero no tanto. Los cinco primeros grupos tienen una “cuota de mercado”, no de plazas, sino de lo que cubica más, de los dólares, del 25 % (1.100 millones de euros). Y los diez primeros, el 31 %.

DOMUSVI: Grupo empresarial de capital francés. Es el número uno del ranking. 190 residencias y 25.000 camas.

ORPEA: Grupo empresarial francés. Segundo de la lista. 50 residencias y 8.000 camas.

AMAVIR: Grupo empresarial francés (y que conste que no tartamudeamos al repetir tantas veces capital francés). Tercero en la carrera. Por cierto, este grupo es el mismo dueño de Decathlon, Leroy Merlin o Alcampo. 43 residencias y 8.000 plazas.

VITALIA: Grupo de capital británico controlado por la cartera CVC y que ha destinado 141 millones de euros para la construcción de otras 1.500 camas con lo que se convertiría en el segundo grupo. 40 residencias con 8.000 camas.

BALLESOL: Capital español controlado por Santa Lucía. Quinto en la lista de los espabilados. 40 residencias y 6.500 plazas.

Después de ellos irían:

SANITAS MAYORES: Capital británico. 47 residencias y 6.000 camas.

SALETA CARE: Capital Belga en la que está algún grupo español como Banca March. 25 residencias y 3.800 camas.

CASER Residencial: Grupo español con 19 residencias y 2.700 camas.

KORIAN: Grupo francés con 13 residencias y 2.000 camas.

GRUPO ONCE: (Sí, el nuestro, el de los cupones). Con 7 residencias y 802 plazas.

LAGUNE: Capital francés de la familia Ruggieri. Tiene 6 residencias y 800 plazas.

En fin, hay muchos más grupos, entre otros algunos con carteras españolas como Magnum, Thor Private Equity, Caboel (de los exCaprabo)… Sería una lista larga, muy larga.

Picoteando aquí y allá

Si algo nos está dejando mal sabor de boca en la crisis sanitaria, y esto es hablar muy educadamente, es que el trato del Estado y del gran capital hacia las residencias, públicas y privadas, ha sido nefasto a tenor de la elevadísima contribución de fallecidos entre los 372.985 infortunados con plaza en las residencias. A fecha de hoy, más de 21.000 españoles/as, en esos nuevos campos de exterminio, han muerto directamente por el COVID-19 e, indirectamente, por los errores de bulto y la avaricia de algunos. En total, por el COVID-19 y por otras causas, más de 30.000 fallecidos hasta la fecha. Preciso es decir que son las privadas las de mayor efectividad en el consumo de ataúdes. Más del 6% de residentes han muerto por el virus. Estremecedor.

Si la “tarta” es atrayente para los mismos fondos buitre que quieren pedazos de las de Sanidad, Fondos de Pensiones, inmuebles, etc., qué podemos imaginar cuando, dentro de poco más de dos décadas, en España existan 12 millones de mayores de 65 años.

Según la OMS, la ratio mínima de plazas de residencias para mayores debe de ser de cinco por cada 100 mayores. La media europea es de 4,6 por cada cien y la española es de 4,1. Para alcanzar ese mínimo deberíamos disponer, hoy, de 450.000 camas. Un déficit, hoy, de 80.000. Ese es el “bocatto di cardinale” para financieros con pocos escrúpulos a los que solo interesan la rentabilidad acumulada.

Seguramente, en estas razones de rentabilidad habrá argumentación que explique la sangría de esos miles de muertos de ancianos en residencias.

Una de las primeras cuestiones a plantear por los ciudadanos al ejecutivo y al judicial será esa: explicar la matanza en las residencias.

Nuestro 4,1 de camas sobre 100 mayores no es uniforme. Es una media y como tal, con vaivenes considerables. En Castilla León, la ratio es de 7,65, en Castilla La Mancha de 6,98, en Aragón, de 6,5 y en Extremadura del 5,9 por cada cien. En cambio, en Murcia no pasa del 1,4, en la Comunidad Valenciana es del 2,95 o en Canarias del 3,05 por cien.

Respecto a las camas públicas los vaivenes son montañas rusas: En Cantabria, por ejemplo, solo el 14 % de las plazas son públicas, en el País Valencià, el 20 %, lo mismo que en Catalunya. Madrid se acerca más a la media española, el 23 %. En cambio, en Extremadura el 55 % de las camas son de titularidad pública y en Canarias es el 53 %.

Otro punto a tener en cuenta son los trabajadores que emplean en una residencia de mayores, el empuje que pueden dar a la localidad correspondiente, ayudando —y mucho— a su recuperación económica y demográfica. Máxime cuando podemos prever que el futuro, con sus pandemias de todo tipo cíclicas, golpeará cada vez más a las ciudades que a las localidades menos populosas. Esta ratio tiene una horquilla que va desde los 25 a los 47 trabajadores por cada 100 residentes. En estos momentos, hay 162.000 trabajadores para asistir a las 372.000 plazas. Si el sector público construyera en dos o tres años residencias para cubrir esas 200.000 plazas de listas de espera, el número de puestos de trabajo que se crearían sería rozando los 100.000. Puestos de trabajo que disminuirían los costos de su inversión, por cierto.

Por último, hablemos del salario. El importe medio de los trabajadores más afectados y numerosos, los auxiliares de geriatría, no llega a mil euros. Otro tema, no menos importante, para que se solucione. Es una auténtica vergüenza ese salario por un trabajo muy necesario y duro, muy duro.

Consideraciones al hilo de estos ovillos de lana en muy mal estado

Evidentemente, ahora, lo mismo que en marzo o en mayo, lo crucial es salvar vidas, salir del torbellino de la pandemia cuanto antes. Pero debemos sacar al debate general unas cuantas cosas vitales sobre este tema.

A.- El servicio de residencias de mayores a cargo del Estado es algo reconocido de manera explícita en la Ley de Dependencia.

B.- Tiene que haber un antes y después en muchas cosas después de esta catástrofe. En lo relativo a las Residencias para nuestros mayores, debe de dejarse claro y meridiano que, a un futuro corto y explicitado, TODAS tienen que estar gestionadas, DIRECTAMENTE, por el Estado o por los gobiernos autonómicos en su defecto.

C.- El costo de una residencia de 100 plazas está calculado en 10 millones de euros. El costo de las residencias necesarias públicas para cubrir, en un principio, esas 200.000 plazas de listas de esperas sería de 20.000 millones de euros. Tampoco es una barbaridad y nuestro país tiene la capacidad suficiente de priorizar gastos y construirlas en un plazo de 2-3 años. Serían 7.000 millones en el presupuesto anual a lo largo de tres años.

D.- El pensionista debería contribuir a su residencia con el 75% de su pensión, cobre lo que cobre.

E.- Hay que exigir una Comisión judicial que investigue las irregularidades concretas que han dado pie a semejante mortandad.

F.- Llegar a unos acuerdos forzosos para la incautación a medio plazo de las residencias privadas mediante algún tipo de justiprecio a lo largo de 6-10 años.

G.- Lanzar en partidos, sindicatos, Asociaciones, ciudadanía este debate y presionar para que en este y en el tema sanitario en general, zanjemos unos recortes que han dado pie y paso a semejante calamidad.

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