El diario digital Naiz acaba de publicar que el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco ha prohibido la movilización organizada para mañana en Bilbo por la iniciativa Tantaz Tanta. Alega que es sucesora de Herrira.
El juez Eloy Velasco ha adoptado esa decisión después de que su compañero Pablo Ruz haya dejado en sus manos la última decisión, al ser encargado de la causa contra Herrira. Ruz considera que no hay motivos para prohibirla, pero siguiendo las indicaciones del fiscal se ha inhibido en favor de Velasco. El titular del Juzgado de Instrucción 6 esgrime como argumento que Tantaz Tanta es una sucesión de Herrira, cuyas actividades suspendió en octubre.
El juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz consideraba que no había razones para tomar medidas contra la movilización de Tantaz Tanta por los derechos humanos y la paz que se celebrará mañana en Bilbo, y siguiendo las indicaciones del fiscal, que ayer instó a la prohibición, ha dejado la última decisión en manos del juez Eloy Velasco, por ser este quien instruye la causa contra Herrira.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional española pidió ayer jueves al juez Ruz que no permitiera la manifestación al considerar que detrás se encuentra esta asociación, que el pasado 3 de octubre fue suspendida de actividades durante dos años. El juez Ruz destaca, en un auto hecho público hoy viernes, que las asociaciones que pidieron la prohibición no han aportado "en modo alguno elementos suficientes que permitan superar la fase de sospecha y alcanzar la fase de alta probabilidad indiciaria exigible" para que se aprecie un delito.
Detención de ocho mediadores del colectivo de presos políticos
Por otra parte continúan las reacciones contra la decisión de la Audiencia Nacional española de detener a ocho personas que venían ejerciendo la función de mediadores externos de Euskal Preso Politikoen Kolektiboa -EPPK- (Colectivo de Presos Políticos Vascos) desde hace año y medio, según informaba el diario Gara. Los nombres de las personas integrantes de este colectivo eran públicos desde su constitución y habían comparecido en rueda de prensa para presentarse como interlocutores.
Iñigo Santxo, portavoz de Eskubideak (Asociación de Abogados y Abogadas de Euskal Herria), manifestaba a el periódico Diagonal su indignación con las detenciones y declaraba que “jurídicamente, no vemos indicios suficientes para haber puesto en marcha esta medida” y que esperan que Arantza y Jon, y el resto de las personas detenidas, sean puestas en libertad inmediatamente. Desde esta asociación ven con especial preocupación que en este caso se trate de personas que han prestado una labor de mediación de forma pública y notoria. “Entendemos que las labores de mediación son imprescindibles para llevar a cabo cualquier intento de pacificación, normalización o democratización”, explica Íñigo Santxo.
Además, la asociación cuestiona la proporcionalidad de las medidas que fuerzan el interrogatorio por parte de la Audiencia Nacional española. “Tanto Arantza como Jon son abogados conocidos. Si precisaban hacerles algún interrogatorio, hubiera sido suficiente con una citación, como al resto de los ciudadanos. No resulta comprensible que en este caso concreto hayan tenido que entrar elementos armados en un despacho de abogados, y que se hayan llevado todos los expedientes judiciales de sus defendidos”, argumenta el portavoz de Eskubideak.
El gobierno del Estado español quiere detener la esperanza
Por su parte la Red ciudadana por el acuerdo, la consulta y la reconciliación -Lokarri- ha hecho público un comunicado sobre las detenciones del grupo de interlocutores del colectivo de personas presas en el que señala que “el año 2014 ha comenzado con esperanzas renovadas en las posibilidades de avanzar en el camino de consolidar la paz y la convivencia. El pasado 28 de diciembre el EPPK hizo público un comunicado en el que asume las recomendaciones hechas desde el Foro Social y muestra su disposición a hablar y a consensuar los pasos necesarios para su reintegración. La inmensa mayoría de partidos, organizaciones sociales y medios de comunicación valoraron este comunicado como positivo en la medida en que abre nuevas oportunidades en el proceso de paz”.
Aunque Lokarri daba por descontado que, pese al cambio producido en las propuestas del colectivo de personas presas, el gobierno del Estado español “no iba a hacer nada ni para humanizar la política penitenciaria ni para promover la reintegración. Desafortunadamente, la posición del Estado español ha consistido en no contribuir activamente al proceso de paz y de convivencia, desoyendo incluso las peticiones del gobierno Vasco y, en definitiva, haciendo una grave dejación de la responsabilidad que tiene con la sociedad vasca de ayudarnos en esta importante tarea”.
“Ahora, solo unos días después del mencionado comunicado del EPPK, hemos conocido su respuesta en forma de detención de algunas de las personas que constituyen el grupo de interlocutores del colectivo de personas presas. Es una respuesta destructiva que no pretende más que detener la esperanza en una pronta consolidación del proceso de paz”, señalan desde Lokarri, que insiste en dos mensajes: “el primero dirigido al gobierno del Estado español: su responsabilidad es ayudar a la sociedad vasca. Si no está dispuesto a contribuir al proceso de paz, será más difícil construir la convivencia pero, al menos, lo mínimo exigible es que no añada nuevas dificultades. El segundo dirigido a la sociedad vasca: no podemos dejar que se detenga la esperanza. Consolidar la paz y la convivencia es nuestra oportunidad y nuestra responsabilidad. La sociedad vasca ya ha superado importantes dificultades en el pasado hasta llegar hasta aquí. Siendo determinantes y pacientes se podrá conseguir el objetivo”.
Finalmente, Lokarri reclama “la libertad de las personas detenidas. La labor que han hecho hasta la fecha podrá ser más o menos criticable políticamente, pero nunca un delito. Es más, durante estos últimos meses se ha podido comprobar que su labor ha sido clave para facilitar que el colectivo de personas presas haya tomado las recientes decisiones hechas públicas. En definitiva, por respeto a sus derechos y por ser una pieza importante para la consolidación del proceso de paz, pedimos su puesta en libertad”.
Expertos internacionales dan un “espaldarazo” al Plan de Paz del gobierno de la CAV
Tal y como publica Naiz, el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Lakua -gobierno vasco-, Jonan Fernández, ha presentado a los medios de comunicación el informe de evaluación que han realizado expertos de varias universidades estadounidenses sobre el Plan de Paz del Ejecutivo de Gasteiz. El informe, solicitado por el propio gobierno autonómico y que remarca el carácter “inclusivo” del plan, supone un “espaldarazo” para este documento, según ha explicado Fernández.
En su análisis, los expertos -encabezados por los profesores Andrea Bartoli y Borislava Manoljovic, de la Universidad de Seton Hall- destaca que “la mejor cualidad del plan” es el “énfasis” que ejerce en la “reconciliación de las diversas tradiciones políticas a través de un proceso abierto”. En la misma línea, indican que uno de los objetivos del proyecto es “garantizar que la paz sea irreversible”, algo que, en caso de lograrse, “situaría al País Vasco a la par de otros países, como Sudáfrica e Irlanda, cuyos procesos de paz han resultado un éxito”. Los expertos añaden que el hecho de que el plan esté abierto a aportaciones externas es algo muy importante para que “no se vuelva a producir violencia”.
Esta “orientación”, a su juicio, “sugiere que todas las personas implicadas en el proceso poseen cierta capacidad de dirigirlo y conformarlo”. No obstante, reconocen que “es difícil predecir cómo interactuarán los diferentes elementos ,..., y cómo podrán adaptarse los diversos procesos para producir resultados positivos”. Entre sus recomendaciones, los académicos que han elaborado este análisis proponen la creación de un “mecanismo para controlar el riesgo de reaparición de la violencia”. Además, recomiendan que se ponga en marcha “un espacio seguro en el que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas”.
Respecto al “estudio científico” sobre las torturas que se plantea en el plan, la califica de “muy importante”. En este punto, se sugiere investigar “casos de perdón y reconciliación habidos durante el conflicto”, con el fin de que sirvan de “modelo sobre la capacidad humana de enfrentarse a la violencia”. Asimismo, los expertos destacan que investigar las torturas es “importante”, porque “podría utilizarse para poner de relieve la detección de esta práctica y hacerla pública como vía para reforzar y legitimar el sistema democrático”.
No obstante, en el caso del informe sobre vulneraciones de derechos humanos cometidas entre 1960 y 2013, se estima que el objetivo de abarcar un plazo temporal tan amplio es “demasiado ambicioso”, debido a “la cantidad de partes interesadas a las que hay que consultar” para realizar este trabajo. Aunque se asegura que un informe de este tipo es “fundamental”, se destaca la necesidad de “aclarar cómo se recogerán datos fiables y cómo se abordarán posibles sesgos de la investigación”. Por otra parte, el estudio constata la necesidad de “aclarar” el tratamiento que se pretende dispensar al programa de “reintegración social” de presos recogido en el plan. También considera importante determinar “cómo se transmitirá a la sociedad el compromiso y la responsabilidad del proceso de normalización”. El análisis aplaude la apuesta por formar a la policía en derechos humanos y subraya que este tipo de formación también es necesaria para los funcionarios de prisiones.
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Vídeo de Ateak Ireki: Nuevo ataque del PP al proceso de paz vasco
