En el auto de apertura de juicio oral, el juez de la Audiencia Nacional acuerda sentar en el banquillo como responsable civil directo, solidario y subsidiario a Unifica -el estudio de arquitectura que hizo la reforma de la sede de Génova-, empresa a la que reclama una fianza de 4,5 millones, así como a sus responsables Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, a los que acusa de delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.
De la Mata acusa por primera vez en esta causa a Bárcenas, Lapuerta y Páez de delitos de organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo y delito electoral, atendiendo así a la acusación que formuló IU, y que se suman a los de apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública que les atribuye el fiscal Anticorrupción.
Según el juez, "la caja B del PP funcionó al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas, al margen de la contabilidad oficial presentada por la formación política al Tribunal de Cuentas".
"El análisis de lo actuado permite inferir que parte del dinero que presuntamente se recibía en el PP en metálico por los donantes, era introducido en el circuito económico financiero a través de diversos ingresos en efectivo efectuados por la propia formación política, habiendo previamente fraccionado la cuantía total de los mismos", metodología que seguían Bárcenas y Lapuerta.
Todo ello, según el juez, permite concluir "la existencia de una actuación persistente en el tiempo, mediante la cual donaciones nominativas anotadas en los registros contables opacos a cargo" de Bárcenas y Lapuerta "quedaron transformadas en ingresos diluidos en la cuenta de donativos anónimos", eludiendo así el control del Tribunal de Cuentas y "la eventual vinculación de los donantes con empresas privadas" con contratos vigentes en ese momento con administraciones públicas.
Dentro de esa dinámica, el magistrado De la Mata señala que el PP pagó con fondos procedentes de ese circuito opaco de donativos la reforma de sus sede y consta que no presentó declaración por el Impuesto de Sociedades correspondiente a 2008, por lo que dejó de declarar "el importe conjunto de las donaciones recibidas por la formación política" durante ese año.
Parte de esas donaciones, las habría destinado "al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial".
De este modo, la fianza que deberá depositar el PP se basa en los 220.167 euros que habría dejado de ingresar ante la Hacienda Pública por el impuesto de sociedades de 2008 y en el millón de euros que no pagó por el impuesto de sociedades de 2007 de la empresa Unifica.
De la Mata rechaza la tesis del fiscal de no juzgar al PP por delito tributario en las donaciones de empresarios reflejadas en los papeles de Bárcenas, aunque el representante del Ministerio Público sí que consideraba al partido responsable civil por los pagos en negro de la reforma de su sede.
