Ecologistas en Acción y otras 30 organizaciones de Bosnia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Portugal y Eslovaquia han denunciado ante la Comisión Europea el proyecto MIREU (Regiones Mineras y Metalúrgicas de Europa). Entre los objetivos de MIREU se encontraban crear una base de datos sobre la aceptación social de la minería, y compartir conocimientos y experiencias sobre cómo convencer a la población para que no se oponga a determinados proyectos mineros.
En el Estado español el proyecto ha realizado un mapeo con 25 estudios de casos de conflictos mineros repartidos por el territorio. Para ello, se recogió información detallada sobre las plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas que se oponían a dichos proyectos.
Entre ellos, se incluyeron numerosos proyectos en Extremadura (como la mina de litio de la sierra de Cáceres y la de cobre de Alconchel), Salamanca (que incluía el proyecto de uranio de Retortillo o la de wolframio de Barruecopardo), Galiza (como los fracasados proyectos de Touro y Corcoesto), Asturies (con el proyecto de oro en Salave) o Andalucía (entre los que destaca la mina de Cobre Las Cruces, en Sevilla).
Ecologistas en Acción, organización a la que se hace referencia en varios conflictos, ha denunciado el hecho de que administraciones y entes públicos, sujetos al deber de neutralidad e imparcialidad, “se dediquen a investigar, compilar y analizar información sobre grupos que se oponen a determinados proyectos mineros y sobre los que esas mismas administraciones deben tomar decisiones”.
Así ocurre con la Junta de Castilla y León, responsable de proyectos polémicos como el de uranio en Retortillo o la Junta de Andalucía, en relación a la mina de Cobre Las Cruces (entre otras). También en el Gobierno de Aragón, con el caso de 'Mina Muga', un proyecto de extracción de potasas en el entorno inestable del embalse de Yesa, cuyas competencias comparte con el Gobierno estatal y el foral de Nafarroa a través de un convenio de encomienda y que ya ha recibido Declaración de Impacto Ambiental favorable del ministerio. En todos estos proyectos ha intervenido Ecologistas en Acción, bien presentando alegaciones o bien interponiendo acciones judiciales.
Los socios del Estado español del proyecto, financiado con tres millones de euros de fondos europeos, no son otros que las consejerías de industria de Andalucía y Castilla y León (responsables por los departamentos de minas), así como el Instituto Aragonés de Fomento, la Sociedad de Investigación y Explotación Minera de Castilla y León, y la Fundación ICAMCyL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León), entidades vinculadas a las respectivas administraciones autonómicas.
Por este motivo, Ecologistas en Acción se ha unido a otras organizaciones europeas para pedir a la Comisión que realice una auditoría del proyecto, independientemente de las acciones que se puedan iniciar en relación a las administraciones y entes públicos involucrados para pedir responsabilidades.
Asimismo, Ecologistas en Acción se ha dirigido a los responsables del proyecto, manifestando su disconformidad y ha exigido que se facilite la información recogida sobre los colectivos ecologistas y las plataformas ciudadanas.
