El Ingreso Mínimo Vital en cifras un año después -parte 1-

El gobierno de Pedro Sánchez aprobó el Real Decreto Ley del Ingreso Mínimo Vital el 29 de mayo de 2020, hace ahora un año. Después de un tenso y público debate en el gobierno de coalición sobre la oportunidad de aprobarlo ya, se dio el paso que estaba previsto llevar a cabo a lo largo de la legislatura.

IMV
Foto: Jesús Guillén (Pixabay).

La gravedad de la pandemia sanitaria y la crisis económica y social hacía inevitable desplegar cuanto antes el escudo protector más amplio posible, más allá de los desplegados para trabajadores y empresas. Urgía proteger a la población más vulnerable económicamente y garantizar una prestación suelo contra la pobreza extrema para todo el Estado español. El gobierno concreta el objetivo, llegar a los 850.000 hogares más pobres y proteger a unos 2,3 millones de personas. Aproximadamente el 4,8% de toda la población española, con una mirada especial hacia la infancia y las madres con hijos.

Un año después, este mes de mayo de 2021, 260.206 hogares españoles han cobrado el IMV. Son 682.808 personas las que viven en esos hogares y disfrutan de esta prestación económica contra la pobreza extrema. En Aragón 7.212 hogares donde viven 19.378 personas. Son los datos publicados por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social.

Una revisión en detalle de las cifras publicadas puede ser tedioso y complejo. Pero vale la pena dedicarles un mínimo de atención para denunciar la distancia entre los supuestos buenos deseos del gobierno y los desastrosos resultados de su ejecución. Entre las ilusiones que generó esta iniciativa y las frustraciones que provoca hoy.

Puesta en marcha lenta y compleja

La puesta en marcha de este sistema de protección no contributiva de la Seguridad Social ha sido enormemente lenta y compleja. Un sistema excesivamente burocrático y desconfiado hacia la población más vulnerable que siempre tiene que demostrar su pobreza con papeles y más papeles. Se pueden entender las dificultades iniciales y la gestión tan complicada a través de una Seguridad Social colapsada y con todas las oficinas públicas cerradas. Pero es de esperar que un año después algo se habrá aprendido y mejorado en la gestión. Pues no. En los primeros siete meses, de junio a diciembre, entraron a este sistema de protección 159.482 hogares, cerca de 23.000 al mes. De diciembre a marzo fueron 44.356 más, casi 15.000 al mes; y en el último trimestre, de marzo a mayo, 56.368 hogares más, cerca de 19.000 al mes. Para alcanzar los 850.000 hogares faltan 589.794, a una media, podemos estimar, de 20.000 nuevos hogares al mes, serán necesarios más de 29 meses, más de dos años, y nos vamos al final de la legislatura, más allá del verano de 2023.

En Aragón el ritmo ha sido sorprendentemente más lento

En Aragón se puede tardar más tiempo, pues el ritmo ha sido sorprendentemente más lento, a pesar de un buen inicio. De más de 600 nuevos hogares al mes en los siete primeros a menos de 400 en el último trimestre, de marzo a mayo. Demasiado esperar para tanta urgencia protectora en medio de la pandemia que será sobre todo económica después de las vacunas y la inmunización de grupo. Algo deberá hacer el gobierno para simplificar y acelerar estos procedimientos, antes de que la gente se cabree, le de la espalda a este gobierno y escuche cantos de sirena que pueden ser muy peligrosos.

Muy pocos hogares protegidos para tantos que han solicitado esta prestación. Hasta mayo de 2021 se han registrado 1.441.179 “expedientes” de solicitud (en el Espacio de Derechos Sociales gritamos “somos personas, no somos expedientes”). Muchos más de los 850.000 previstos por el gobierno. ¿Calculó mal el gobierno con todo su aparato estadístico y de expertos en pobreza y exclusión? No.

El indicador AROPE de Privación Material Severa (tener muy limitados los consumos básicos en el hogar) estaba en 2019 en 4,7% de los hogares, más o menos el objetivo previsto por el gobierno para esta prestación. Debe ser que la gente piensa que es más “pobre” de lo que realmente es y pretenden acceder a una prestación nueva a ver si “cuela”. Y no cuela. Para empezar, el 8% de los “expedientes” están duplicados. Trabajo perdido del ciudadano que lo solicita dos veces y del funcionario. Sólo son válidos, pues, el 92%, 1.329.945, muy por encima todavía de los 850.000 previstos como objetivo. Sólo se han tramitado el 82%, 1.088.912 “expedientes”. El 18% restante está en tiempo de espera. De los tramitados, un 6% están en “subsanación”, digamos que están en la enfermería y hay que curarlos y ponerlos bien para “pasar la prueba”. Así que sólo se resuelven el 94% de los tramitados.

El 73% de los "expedientes" rechazados

Y llega la hora de la verdad. Entran al “examen” 1.023.703 “expedientes” de 1.441.179 presentados, es decir, el 71%; pero sólo van a pasar el “examen” 276.086, un 27% de los que han llegado al “examen”, pero sólo el 19% de todos los que se presentaron. ¡Han suspendido el 73% de los que se examinaron! Atención, han “aprobado” 276.086, pero sólo han cobrado este mes de mayo, 260.206; 15.880 hogares todavía no tienen la papeleta del aprobado. Han “aprobado”, pero aún no tienen la firma para cobrar. Todo llegará.

En Aragón tenemos los mismos resultados, como si los “evaluadores” se hubieran vigilado mutuamente para no “aprobar” más de la cuenta. O el examen era muy duro, o la gente iba muy mal “preparada”. No habían estudiado el programa, es decir, las condiciones de acceso en rentas y patrimonio ¿Qué podemos pensar? El informe de la Seguridad social del mes de mayo, señalado arriba, dice literalmente que la mayor parte de los “expedientes” denegados lo han sido “por no cumplir el criterio de vulnerabilidad (al superar los umbrales de renta y patrimonio)”. O sea, se presentaron sin calcular bien sus rentas y patrimonio. La gente vive por encima de sus posibilidades. Como tantas veces, los pobres nunca son tan pobres como los mismos pobres piensan o nos hacen creer. La gente vive mejor de lo que piensa. Por eso no entran en la categoría “pobreza extrema” de las estadísticas. Siempre la gente se quiere colar.

¿O se ha equivocado el gobierno exigiendo pruebas de pobreza extrema tan rigurosas que deja fuera buena parte de los pobres que quiere proteger? Mejor lo analizamos en un próximo artículo.

Autor/Autora

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para más información.

ACEPTAR
Aviso de cookies