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El ICA y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón ante las elecciones del 26M

Desde RAPA entienden que el ICA y la privatización del agua, derivada del vigente Plan de Saneamiento, deben ser y serán foco referencial para decidir el voto de muchas personas en Aragón. Asimismo RAPA ha informado sobre los tres recursos contencioso-administrativos que ya han sido admitidos a trámite por el TSJA.
| 8 mayo, 2019 14.05
El ICA y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón ante las elecciones del 26M
Foto: RAPA.

La Red del Agua Pública de Aragón ha presentado su análisis sobre la situación del conflicto del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) y el Plan de Saneamiento y Depuración de Aragón, en base al cual ha planteado siete preguntas básicas a los partidos que se presentan a las próximas elecciones territoriales y municipales sobre las decisiones a tomar al respecto.

Desde RAPA entienden que el ICA y la privatización del agua, derivada del vigente Plan de Saneamiento, deben ser y serán foco referencial para decidir el voto de muchas personas en Aragón, en Zaragoza y en muchos otros municipios y es que cerca de 105.000 familias zaragozanas se han negado al pago del ICA, lo que supone unas 300.000 personas implicadas en el rechazo a este impuesto.

Por lo que respecta a los municipios pirenaicos, que cedieron sus competencias a las DGA, todavía no cuentan con los 140 millones necesarios para la construcción de sus propias depuradoras y que, al contrario, pagan el máximo canon de vertido y las multas por no contar con esas depuradoras. Asimismo, desde RAPA recuerdan que esta privatización del agua que promovió la DGA “nos lleva al saneamiento más caro, con diferencia, de toda España”.

Tanto en el Informe de la Cámara de Cuentas como en la Comisión de Investigación de las Cortes, se evidencian “sistemáticas irregularidades en la gestión del Plan de Saneamiento, que perfilan lo que podría ser el caso más grave de corrupción jamás conocido en Aragón”, advierten desde la Red de Agua Pública.

Por ello, RAPA ha pedido a los diferentes partidos el compromiso de que en las próximas Cortes de Aragón se reforme en profundidad la Ley de Aguas y Ríos de Aragón para reforzar las capacidades municipales en la gestión de sus competencias sobre agua y saneamiento, en lugar de favorecer la privatización de estos servicios, garantizando transparencia y participación ciudadana.

En el contexto de esta reforma, apuntan, se debe derogar el ICA y asumir un nuevo modelo de financiación en línea con el propuesto por RAPA, en el que la DGA debe hacerse cargo de los injustificables sobrecostes del modelo vigente, de forma que nadie en Aragón pague más de la media de lo que paga la ciudadanía en el resto del Estado.

“El IAA debe ser disuelto y sus funciones asumidas por una Dirección General abierta al control transparente y la participación ciudadana”, y añaden que “a lo largo de la próxima legislatura, la Comunidad Autónoma debe resolver la deuda patrimonial que tiene con los Ayuntamientos del Pirineo a los que estaban destinados los 140 millones que llegaron a la DGA por el Convenio firmado con el Gobierno central”. Asimismo, resolver los contratos incumplidos por las empresas que no han construido estas depuradoras y asumir la deuda con las municipios afectados.

Los tres recursos del ICA y el PASD

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha admitido a trámite los tres recursos contencioso-administrativos de RAPA y Ecologistas en acción vinculados al Plan Aragonés de Saneamiento (PASD) y sus fuentes de financiación.

Dos de ellos, se posicionan en contra del Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 3 de diciembre de 2018 en las que instan la revisión de oficio del decreto 107/2009, de 9 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración.

La inadmisión se basa en considerar que los razonamientos jurídicos de las solicitudes carecen de fundamento legal que justifique la iniciación de un expediente de esta naturaleza. La consecuencia que se deriva de esos incumplimientos del derecho comunitario es que la revisión del PASD de 2009 es un acto nulo de pleno derecho, obsoleto (el 22 de diciembre de 2015 caducó el plazo legal para su actualización), sobredimensionado (tanto en población como en caudales), parcial (no tuvo en consideración la depuración extensiva u otras opciones), insostenible económicamente (sobreproducción de costes) y ambientalmente (impide cumplir los objetivos de la Directiva sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas) y socialmente ineficaz (produce más problemas que soluciones).

Además, RAPA ha presentado un recurso contra la Resolución de fecha 19 de febrero de 2019 de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas de Aragón, por la que se Acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por un titular contra la liquidación del impuesto sobre contaminación de las aguas (ICA), correspondiente al ejercicio 2016.

8 mayo, 2019

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