El Valle del Guarga, la Guarguera, enclavado en el corazón del Sobrarbe, encarna todas las paradojas del discurso institucional sobre la “lucha contra la despoblación”. Mientras desde Zaragoza se prodigan congresos, observatorios y estrategias llenas de logotipos y promesas, en la Guarguera no hay ni cobertura, ni carreteras dignas, ni respuestas. Solo silencio. Un silencio que huele a desidia, y que lleva décadas consolidándose como la verdadera política territorial del Estado y del Gobierno de Aragón: la política del abandono.
Una comparecencia que ilusionó… brevemente
El pasado 21 de mayo, miembros de Guarguera Viva acudieron a la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. Ante todos los grupos parlamentarios —de izquierda a derecha— expusieron la situación límite del valle: accesos deteriorados, comunicaciones fallidas, falta de servicios esenciales, desatención institucional. La respuesta en sede parlamentaria fue unánime: reconocimiento, aplausos, compromisos de visita y diálogo. Incluso se prometió la visita del Director General de Carreteras y se sugirió retomar contacto con la Dirección General de Despoblación. Todo eso quedó en papel mojado.
Un mes después, el eco: silencio
Ni visita, ni respuestas, ni compromisos cumplidos. Lejos de dar seguimiento a lo anunciado, las administraciones implicadas han preferido refugiarse en la comodidad del silencio administrativo. Así lo denuncia la Asociación Guarguera Viva en un aluvión de cartas, entre ellas, las enviadas el 13 de julio tanto al presidente del Gobierno de Aragón como a la presidenta de las Cortes.
Lo han intentado todo: escritos al Ayuntamiento de Samianigo, a la Diputación de Uesca, a varios Departamentos del Gobierno de Aragón, al Ministerio de Transición Ecológica, a la CHE... Incluso han presentado seis reclamaciones ante el Consejo de Transparencia de Aragón por no recibir información ni respuestas. Pero ni por esas. El Consejo, según denuncian, no resuelve, no sanciona, no funciona. Y al no funcionar, perpetúa la impunidad administrativa. Es decir, permite que no se cumpla la ley.
Curiosamente, las únicas respuestas efectivas han llegado desde el Consejo de Transparencia estatal, cuya resolución obligó al Gobierno del Estado español a facilitar información que el aragonés aún hoy sigue ocultando.
Despoblación: discurso de salón, práctica de abandono
La misiva remitida al presidente del Gobierno aragonés es especialmente contundente. “La suma de todas estas circunstancias no son la lucha contra la despoblación sino el fomento de la despoblación”, sentencian desde Guarguera Viva.
Las promesas institucionales —tantas veces amplificadas por medios de comunicación afines al poder— hablan de fijar población, pero lo que se ejecuta es un plan de desarticulación territorial: sin inversiones, sin diálogo, sin infraestructuras, sin respeto.
¿Cómo se puede hablar de revitalización del medio rural mientras se niega el acceso digno a un territorio como el de la Guarguera? ¿Qué sentido tiene gastar millones en “observatorios de la despoblación” mientras se ignoran las peticiones mínimas de quienes ya viven allí? ¿Por qué no se responde siquiera a una invitación formal para visitar el valle y conocer la realidad de primera mano?
La paciencia como forma de militancia
Guarguera Viva no es una plataforma nueva ni improvisada. Su activismo está marcado por la perseverancia, la legalidad y una educación política de base: creen en las instituciones, respetan los cauces administrativos, redactan sus peticiones citando legislación. Pero también se cansan.
“Necesitamos que la gente lea, escuche y entienda que no estamos pidiendo grandes sumas de dinero, faraónicas inversiones, megaproyectos... sino unas comunicaciones, unos servicios, dignos y baratos, que nos permitan seguir viviendo aquí”, recuerdan. Y con eso basta para retratar una política pública que, en lugar de reforzar el derecho a vivir en el medio rural, lo castiga.
¿Y ahora qué? ¿Otra vez desde cero?
Tras años de peticiones, escritos y comparecencias, la Guarguera sigue igual que siempre, o incluso peor. “¿Empezamos de nuevo?”, preguntan con ironía y agotamiento. “¿Hablamos, nos contestáis y estudiamos cómo conseguir, de la forma más barata posible, lo que necesitamos?”.
Han invitado al presidente del Gobierno de Aragón a visitar el valle. Aún sin respuesta. Han pedido una nueva comparecencia en Cortes de Aragón. Sin respuesta. Han reclamado acceso electrónico a expedientes que les afectan directamente. Silencio administrativo.
Un síntoma más del fracaso del modelo centralista
La situación del Valle del Guarga es un reflejo perfecto del fracaso del modelo centralista, extractivista y radial que define la política española, y, en gran medida, la aragonesa. Un modelo donde lo rural es decorado, folklore, parque de atracciones para visitar en campaña electoral, pero casi nunca sujeto real de derechos.
El problema no es solo la despoblación: es la falta de voluntad política para reconocer a Aragón como un país de valles, de montañas y estepas, de comunidades humanas bien vivas que no caben en los esquemas uniformes del BOA ni en los presupuestos pensados para Zaragoza y su crecimiento a costa del resto del país.
La urgencia de una respuesta institucional real
Guarguera Viva no pide caridad. Pide justicia territorial. Lo que reclaman es lo que el propio Estatuto de Autonomía de Aragón, la Ley de Transparencia, la de Participación Ciudadana y la de Procedimiento Administrativo reconocen como derechos: acceso a la información, diálogo institucional, inversiones básicas.
Lo que exigen es que el Gobierno de Aragón actúe como gobierno de todo el territorio, no solo de sus capitales. Y que las Cortes no se queden en declaraciones bienintencionadas, sino que promuevan acciones parlamentarias concretas que frenen este abandono estructural.
La Guarguera nunca rebla
El espíritu que habita en las montañas del Guarga no se resigna. No rebla. Sigue vivo en cada carta, en cada reunión propuesta, en cada nueva comparecencia solicitada. El abandono institucional no ha logrado, de momento, apagar la voz colectiva que se alza desde este rincón de nuestro país sin mar. Pero conviene recordar —también para quienes legislan, presupuestan y gobiernan— que la paciencia no es infinita, y que el silencio institucional, cuando se convierte en norma, no solo es negligencia: es violencia política. La Guarguera Viva sigue respirando, pero no puede seguir sola y abandonada.
