Este miércoles el Gobierno español anunciaba el acuerdo dentro de la coalición que lo conforma, así como con sus socios de investidura, para prorrogar buena parte de lo que ha denominado como "escudo social" o "decreto anticrisis". Algunas de las medidas se vienen sosteniendo desde la pandemia del covid y otras se fueron implementando ante el aumento de la inflación en los últimos años.
Entre las medidas prorrogadas se encuentra la suspensión de los desahucios de familias vulnerables, que mediante compensaciones a los propietarios mantiene a las mismas en sus actuales domicilios evitando los desalojos forzosos. Se mantienen también las distintas bonificaciones al transporte público, como la gratuidad del ferrocarril de media distancia y cercanías o la aportación del 30% del precio del billete de transporte urbano a las Comunidades Autónomas (a condición de que estas aporten otro 20%).
También se sostienen las rebajas fiscales en la factura de la luz, aunque irán en sentido decreciente, con un tipo reducido de IVA del 10 % (ahora era del 5%) para todo el año 2024, que se extenderá también al gas y la madera, y se conservará la reducción en el Impuesto Especial sobre la Electricidad, aunque también en menor cuantía.
Se prórroga igualmente el máximo descuento del bono social para familias vulnerables, la limitación a las subidas del precio de la tarifa regulada del gas y de la bombona de butano. Y, en teoría, se prohíben los cortes de suministros básicos (agua y electricidad)
La industria, con un uso intensivo de energía, contará de nuevo con la reducción al 80 % de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y flexibilidad en el cambios de contratos de suministro eléctrico.
Otra de las medidas que se sostendrán, al menos los primeros seis meses del año, será el IVA al 0% para alimentos básicos y se mantendrá en el 5% para pastas y aceites.
El acuerdo también ha incluido la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% o la eliminación de las comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla para personas mayores y con discapacidad. De la misma forma se sostiene la eliminación de las comisiones o compensaciones bancarias por amortización anticipada de créditos a tipo variable. Y se realizará la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital para las autonomías que lo soliciten.
Impuesto a la banca y a las energéticas
Otras dos medidas aprobadas, no sin tensiones previas, han sido la de sostener el tímido impuesto a la banca (tal y como está) y mantener el impuesto a las empresas energéticas, aunque en este caso se han introducido bonificaciones a cambio de "inversiones en favor de la transición ecológica". Respecto a las bonificaciones de esta última medida Sumar ha mostrado su discrepancia.
