El Gobierno español presenta el recurso en el Constitucional contra la declaración independentista catalana

En su recurso, el Gobierno español pide al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes de que "el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones"

La abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado unos minutos después del mediodía de este miércoles en el Tribunal Constitucional el recurso del Gobierno español contra la declaración independentista aprobada el pasado lunes por el Parlament catalán.

El Consejo de Ministros se ha reunido desde las 10.00 horas en sesión extraordinaria para adoptar las medidas anunciadas por el presidente Mariano Rajoy, contra la propuesta independentista que anuncia el deseo de comenzar la "desconexión" del Estado español y "proclama solemnemente" el inicio de la construcción de una república catalana.

En su recurso, el Gobierno español pide al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes de que "el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones". En concreto, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y también a los miembros de la Mesa del Parlament de Catalunya y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat.

Una vez presentado ese recurso, esta tarde habrá un pleno del Tribunal Constitucional que, con toda probabilidad, suspenderá la resolución del Parlament catalán. La impugnación del ejecutivo determinará la suspensión de la misma de forma automática. Este martes, el Constitucional avaló por unanimidad ese recurso al considerar que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para ello.

A las 12.25 ha comparecido Rajoy ante los medios en el Palacio de la Moncloa para afirmar que "cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia" y ha recalcado que defenderá "con firmeza" el "respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación". Según Rajoy "ambos principios son la esencia de la democracia que pretende poner en riesgo la resolución secesionista del Parlament".

Además, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, mencionó este martes la posibilidad de hacer uso del artículo 155 de la constitución española, es decir, la suspensión de la autonomía. "Ya veremos como continúa la vía soberanista y qué actos se llevan a cabo. Según estas decisiones se aplicarán los remedios que sean más convenientes. Primero se tiene que saber qué pasa, y no anticipar acontecimientos", afirmó.

Mas pierde la primera votación de investidura

Este martes, y como era previsible, Artur Mas perdió la votación de investidura en el Parlament por 73 votos a favor y 62 en contra -solo los del Junts pel Sí-. La president Carme Forcadell convocó a las y los parlamentarios para el próximo 12 de noviembre a una nueva votación.

Según publica Diagonal, Antonio Baños argumentó el voto contrario de las CUP a la investidura y mostró el rechazo al personalismo que encarna Mas, "un obstáculo para el proceso", afirmó. Baños también mostró la disposición de la CUP para alcanzar un acuerdo.

Artur Mas recordó que las siguientes tentativas para nombrarle de nuevo president requerirán sólo una mayoría simple, para lo que tendría un peso importante la decisión de votar 'no' u optar por abstenerse.

La Fiscalía ordena a los Mossos, la Policía y la Guardia Civil que actúen "ante delitos de sedición"

Por otra parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional española ha ordenado a los Mossos d'Esquadra, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que actúen "si en el proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición", ya que, según él, "encajaría dentro de los delitos contra la forma de Gobierno, competencia de este tribunal".

En una instrucción librada el pasado jueves, el fiscal Javier Zaragoza afirma que la Audiencia Nacional sería competente para actuar contra las personas no aforadas, con lo que quedarían fuera los diputados y los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat, que serían investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en su caso, el Supremo. De esta manera, esta resolución sí afectaría a los restantes partícipes en los actos independentistas, como podrían ser "otras autoridades, funcionarios públicos o particulares".

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