Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. El Gobierno de Rajoy admite que "estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat", pero las justifican por la "excepcionalidad de la situación" y en base a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Para aplicar estas medidas, el Ministerio español emitirá un requerimiento al presidente Carles Puigdemont para que haga un acuerdo de no disponibilidad de crédito en relación con las partidas de gasto de servicios públicos no fundamentales.
Esto supone que no podrá realizar nuevos pagos que no estén ya comprometidos y excepcionalmente Hacienda podrá autorizar fondos si se justifica la concurrencia de razones urgentes, según ha explicado Montoro. Para ello, da un plazo de 48 horas y si esta petición no es atendida, será el ministro quien adopte la decisión.
La aprobación de estas medidas por parte del Gobierno se produce después de que este jueves, el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont.