El Gobierno de Zaragoza ha acordado en sesión extraordinaria pasar a la gestión pública el Servicio Municipal de Atención Telefónica 010. Esta decisión se toma con el objetivo de mejorar la gestión de este servicio y de resolver de forma definitiva la precariedad de las condiciones laborales de las 14 trabajadoras, a las que la empresa gestora, Pyrenalia, ha acumulado retrasos continuados en el pago de las nóminas.
El 010, uno de los servicios municipales mejor valorados del Ayuntamiento de Zaragoza, fue creado en noviembre de 1997. Desde entonces, sus trabajadoras han ofrecido información interna del Ayuntamiento de manera rápida y útil a las zaragozanas y zaragozanos en instalaciones municipales, con equipamiento municipal y bajo control directo de funcionarios municipales.
Una vez recabados los informes necesarios y recabada la información requerida para cumplir con este compromiso, el Gobierno ha tomado esta decisión en base a una decena de informes técnicos que la avalan.
Con ella, el 1 de marzo el servicio del 010 pasará a prestarse desde lo público y sus trabajadoras serán subrogadas como indefinidas no fijas, hasta que sus plazas salgan a oferta de empleo público de 2017, con un plazo de tres años para desarrollarla. La subrogación se realizará con el convenio actual, el de Tekemárketing, por lo que ni sus condiciones laborales, horario o sueldo podrán variar en este momento.
El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha señalado que “éste era un compromiso del Gobierno con la ciudad y con la justicia social”. Asimismo, ha agradecido “la generosidad de las trabajadoras de la plantilla del 010”.
Por su parte, el consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha destacado “la firmeza del Gobierno en la defensa de la gestión pública de los servicios municipales”. Además, ha señalado que “este es el primero de los procesos de internalización que lleva a cabo este Gobierno” y ha señalado que podría suponer un ahorro directo de “hasta un 40%”, al ahorrase el Consistorio zaragozano el 21% de IVA y los costes generales correspondientes de la empresa concesionaria.
Cubero ha subrayado que la decisión de “subrogar e internalizar” está “dentro de las competencias del Gobierno municipal”, por lo que resulta “una obligación legal y, por consiguiente, se acomodará la plantilla en un momento posterior y una vez tomada esta decisión que era lo urgente”.
Para el consejero, el informe del interventor “hablaba de especificar una partida concreta, con la que se iba a pagar este servicio, y además debían aparecer las plazas en la plantilla previamente al rescate”, aunque según ha manifestado, la asesoría jurídica dice que “la modificación de la plantilla es un acto obligatorio, pero que puede hacer antes o después del rescate y hemos decidido que este servicio se gestione desde lo público desde el 1 de marzo”.
"Seguiremos la hoja de ruta y ahora toca modificar la plantilla porque lo exige la ley y es un paso previo a sacar la oferta de empleo público", ha matizado el consejero.
