El Gobierno de Zaragoza ha regularizado 174 servicios que carecían de contrato

En la actualidad quedan 38 expedientes de servicios o suministros por formalizar, de los que 25 están ya en tramite de licitación o adjudicación, por lo que se espera que a final de año, la mayor parte de estos 38 estén licitados

Reunión del Observatorio de la Contratación. Foto: Miguel G. García | AZ.

El Gobierno de Zaragoza ha regularizado desde el año 2015 174 servicios que se venían prestando sin contrato, algunos de ellos desde 2005. Ello ha permitido que en estos momentos únicamente queden 38 expedientes de servicios o suministros que generan reconocimientos de obligación y, de ellos, 25 están ya en trámite de licitación o adjudicación.

Así lo ha explicado el consejero de Economía, Fernando Rivarés en la comisión de vigilancia de la contratación celebrada este jueves, en la que ha señalado que se lleva dos años "poniendo orden en el descontrol y formalizando contratos donde no los había".

Durante la comisión Rivarés ha expuesto los datos de los contratos realizados desde 2015. Ese año se formalizaron 111 contratos por un importe de 47,1 millones de euros, el grueso de ellos por procedimiento abierto (70,3%). Hubo 148 contratos menores por un total de 2,2 millones de euros. En 2016, por su parte, se formalizaron 101 contratos por un valor de 47,8 millones (el 70,3% también por procedimiento abierto) y hubo 223 menores con un importe de 3,3 millones.

El consejero de Economía ha explicado que los contratos menores son absolutamente legales, tienen un procedimiento perfectamente establecido y están sometidos a publicidad y fiscalización: se publican en el perfil del contratante, la elección de la empresa está justificada mediante informe del servicio gestor y se fiscaliza por parte de la Intervención General, que emite informe previo a la adjudicación.

En cuanto a los datos de 2017, en lo que llevamos de año se han formalizado 37 contratos por valor de 21,8 millones. Además se ha iniciado la tramitación de 79 expedientes para la prestación de nuevos servicios u obras y para licitar servicios que ya se prestan pero cuyos contratos van a caducar pronto y evitar así que se generen nuevos reconocimientos de obligación.

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