El Gobierno de Zaragoza abrirá un expediente por la subvención de despidos en AUZSA

El consistorio liderado por Juan Alberto Belloch habría pagado con dinero público cerca de 2 millones de euros a la empresa AUZSA para hacer frente a los despidos

Alberto Cubero. Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

El Gobierno de Zaragoza abrirá un expediente para revisar, si legalmente procede, la liquidación de la anterior contrata de autobús urbano, aprobada tres días antes de la toma posesión del nuevo Alcalde, el 11 de junio. Dicha liquidación incluye, entre otros, el pago de 2 millones de euros en concepto de indemnizaciones por los despidos de personal producidos en agosto de 2013.

Una vez realizada la revisión, se celebrará una Comisión Extraordinaria de Servicios Públicos y Personal para dar a conocer las conclusiones y las medidas que se decida adoptar.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, quien ha remarcado que "este Gobierno no admite el pago de despidos con dinero público, en una decisión adoptada, además, en el último minuto de la anterior legislatura". Cubero ha insistido en que "vamos a ser rigurosos con los pagos a las diferentes contratas, abonando exclusivamente los conceptos que se ajusten al servicio prestado y a la legalidad".

El proceso de liquidación de la anterior contrata del autobús urbano, que gestionaba TUZSA, y su traspaso a la nueva, AUZSA, que pertenece al mismo grupo empresarial,  incluía una serie pagos y ajustes económicos que estaban contemplados en las cláusulas administrativas particulares del pliego de condiciones.

Básicamente, esos pagos se recogían en dos grandes epígrafes: el valor residual de la anterior contrata (inversiones realizadas en renovación de flota, renovación de paradas, etcétera) y los costes de puesta en marcha (que, en principio, tendría el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales como principal montante). La liquidación completa, según los pliegos, no debería superar los 16,5 millones.

En todo caso, llama la atención que, en el apartado correspondiente a la puesta en marcha, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales asciende a sólo 104.000 euros (cifra favorecida por el hecho de ser empresas 'hermanas') pero se incluyen 1.915.783,23 euros en concepto de "Indemnizaciones por reestructuración de personal", así como 221.372,24 euros en "Otros gastos de reestructuración de personal", donde se incluye la factura de los abogados de la empresa (170.834,95 euros) o los gastos de Correos y Telégrafos (7.932,51 euros), entre otros.

 

Declaraciones de Alberto Cubero:

 

En los informes técnicos previos a la aprobación de aquel expediente, el Servicio de Movilidad  indicaba, refiriéndose este último bloque de la puesta en marcha, que sus costes, según el Pliego de Condiciones, "se refieren a que su procedencia debe ser del abono del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en gran medida, salvo una pequeña parte dedicada a contingencias de puesta en marcha". Por este motivo, desde Movilidad se solicitaba lo siguiente: "Rogamos que un Órgano Competente (Órgano de Contratación) o la superioridad jurídica que tenga atribuciones, conocimientos o competencias para ello, resuelva sobre la cantidad que se ha de abonar al concesionario por este concepto".

Un informe del área de Presidencia, Economía y Hacienda del día 5 de junio de 2015 daba por buenas las cantidades, y el expediente fue aprobado por el Gobierno saliente el día 11 de junio.

El importe total se debe hacer efectivo a  lo largo de los 10 años del contrato, a razón de dos pagos anuales. De hecho, a los pocos días de conformarse el nuevo Gobierno, se hizo efectivo ya un primer pago de más de 600.000 euros, que estaba entre los asuntos pendientes de tramitar.

 

Indignación entre los trabajadores de AUZSA

El colectivo de trabajadores y trabajadoras de los autobuses públicos ha mostrado su indignación ante la noticia conocida este fin de semana.  Consideran que "no es de recibo" que un equipo de Gobierno de esta ciudad genere esta situación, y más aún sabiendo que también realizó importantes recortes del servicio, que generaron un ERE y 153 despidos, además de un conflicto con el convenio con la empresa, que terminó rebajando y congelando los sueldos que todavía adeuda a sus trabajadores.

"Lo que ha hecho el Equipo de Gobierno saliente es una atrocidad política, por costear con dinero público unos despidos que ese mismo Gobierno generó", señalan desde el comité de empresa de AUZSA. "Es inadmisible, además de una gran contradicción, que en el año 2013, argumentando que había que reducir costes en el servicio de autobús urbano, se recortaran líneas, kilómetros y número de autobuses en servicio y ahora se le abone hasta 13 millones de euros a AUZSA, por el conflicto que se generó entre agosto y diciembre de 2013".

Desde el comité de empresa consideran que esta actitud, es un desprecio a los trabajadores de AUZSA, a los ciudadanos y usuarios del autobús, así como a toda la clase política y movimientos sociales, que se solidarizaron con los trabajadores despedidos en ese momento.

"Exigimos que se investiguen estos hechos hasta el final, de dónde ha salido esta partida económica para este fin y si estaba recogida en los últimos presupuestos municipales" solicitan. Además, le piden al actual gobierno "transparencia sobre este tema, porque parte de ese dinero, pertenece a los trabajadores de AUZSA. Entendemos que este dinero no debe abonarse a la empresa, más cuando debe más de 3 millones de euros a toda la plantilla, por salarios no abonados desde octubre de 2013, al incumplir el convenio que firmó".

Por último recuerdan que "este tipo de situaciones no se daría si esta empresa fuese municipal", por lo que insisten en la remunicipalización del servicio "cuanto antes", asegurando que "esta gestión está creando mayor déficit al consistorio".

 

Movilizaciones

Desde el comité de empresa han aprovechado para recordar que continuarán con sus movilizaciones. En la jornada de este martes votarán si prosiguen con los paros parciales, de 7.00 a 9.00 horas de la mañana y de 20.00 a 22.00 por la noche, convocados a partir del día 21 de septiembre, que finalizarían el 4 de octubre. No descartando nuevas movilizaciones en octubre, en "función de lo que acontezca estos días".

También recordar que la mediación en el SAMA tendrá lugar el día 16 de septiembre, a las 9.30 horas, y que al día siguiente, a las 19.30 horas, estarán en la Plaza de Aragón, con mesa informativa en la que también realizan una Concentración en apoyo a la negociación de este convenio y por un transporte de servicio de autobús de calidad.

Una concentración en la que unirán su lucha a la de otros colectivos, donde participarán trabajadores de la BRIF de Daroca, que reivindican la categoría de bombero forestal, segunda actividad y condiciones laborales acordes a la especialización de su puesto de trabajo, y las educadoras y educadores de COA. Ambos colectivos se encuentran en plena huelga indefinida.

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