El gobierno de Rajoy esconde un informe del Instituto Geológico y Minero desfavorable al fracking

Hace unas semanas el ministerio español de Medio Ambiente solicitó al Instituto Geológico y Minero -IGME- un informe que evaluara los riesgos de la técnica de fracking. El resultado de dicho informe es demoledor para los intereses de los partidarios de esta técnica minera, pues supone un extenso catalogo de riesgos para el medio ambiente y las personas. El informe detalla las consecuencias nocivas del fracking: contaminación de acuíferos subterráneos y en superficie, elevado consumo de agua para la fracturación, la posible radiactividad de aguas del entorno, riesgo de terremotos, y contaminación atmosférica especialmente por la emisión de gas metano. …

frackingHace unas semanas el ministerio español de Medio Ambiente solicitó al Instituto Geológico y Minero -IGME- un informe que evaluara los riesgos de la técnica de fracking. El resultado de dicho informe es demoledor para los intereses de los partidarios de esta técnica minera, pues supone un extenso catalogo de riesgos para el medio ambiente y las personas. El informe detalla las consecuencias nocivas del fracking: contaminación de acuíferos subterráneos y en superficie, elevado consumo de agua para la fracturación, la posible radiactividad de aguas del entorno, riesgo de terremotos, y contaminación atmosférica especialmente por la emisión de gas metano.

Sin embargo, el gobierno de Rajoy, tal y como denuncian Zaragoza Sin Fractura o el Partido Castellano entre otros colectivos y como publicaba la Cadena Ser, “ha devuelto el informe técnico y ha pedido que se dulcifique”. En este sentido, Rolando Sanz, miembro de Zaragoza Sin Fractura, explica con somardería aragonesa que “uno encarga un informe a los técnicos, y si no le satisface el resultado vuelve a encargar que se revise. De acuerdo con la lógica, si la cosa a examinar es la misma y la ciencia con que se analiza también, el resultado seguirá siendo el mismo, ¿o qué?”.

Sanz continúa explicando que “el actual gobierno acaba de contribuir notablemente a un progreso sin precedentes en la teoría de los sistemas científicos: a pesar de la coincidencia, más aún, la identidad de los objetos, instrumentos, técnicas y métodos de estudio en ambos casos, a pesar de ello -pues- la observación misma, la interacción sujeto/objeto, las conclusiones y valoraciones, los juicios, resultarán diferentes según el momento en que el informe se elabore, ¿qué apostamos? Bueno, siempre tendremos a Marx (quiero decir, Groucho) para echar mano de él: “estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”. Pero todo tiene su razón de ser: la clave de semejante aberración se puede explicar en términos de ‘¿a quién beneficia?’, es decir, quién encarga la investigación y a quién aprovecha una u otra de las versiones divergentes”.

“Así que a partir de ahora, y para su propio desprestigio, el IGME se verá obligado a fabricar un informe sobre el fracking a gusto del ministerio de Medio Ambiente. Y edulcorar, suavizar, maquillar, tergiversar, manipular, escamotear y ocultar, destacar aquí, omitir allá, retocar en un sitio, recortar en otro, ponderar y reequilibrar los términos, connotar diversamente las valoraciones, hasta acabar por complacer al cliente: quien paga manda y quien manda paga”, concluye Sanz del colectivo Zaragoza Sin Fractura.

El movimiento de oposición al fracking ha conseguido en los últimos meses que se aprobaran más de 300 medidas contra la fractura hidráulica en distintas comunidades de los Estados Unidos incluyendo la prohibición en el estado de Vermont. Ha conseguido prohibiciones y moratorias en el Estado francés, Bulgaria, Holanda, o República Checa. Ha contribuido a organizar la resistencia en Argentina, Túnez, Argelia, Marruecos, o Egipto. Ha contribuido a que se endurezcan los marcos regulatorios en lugares como Australia. Ha retrasado la actividad en países como la República de Irlanda o Suráfrica o que la Unión Europea comience a tener en consideración los riesgos y reevalúe su normativa. Y ha convencido a 262 europarlamentarios (más de 1/3) de que voten a favor de una moratoria inmediata.

En el Estado español ya son seis territorios los que han tomado algún tipo de medida para protegerse de la fractura hidráulica (Andalucía, Asturies, Catalunya, La Rioja, Nafarroa y Cantabria). Así mismo cerca de 400 municipios se han declarado ya libres de fracking.

En Aragón, las Cortes de Aragón aprobaron por unanimidad de todos los Grupos Parlamentarios el pasado 23 de mayo de 2013 una moción que establecía que “Las Cortes de Aragón, a raíz de la primera autorización del Gobierno del Estado, a través del Consejo de Ministros de fecha 26 de abril, del permiso de investigación de hidrocarburos denominado “Aquiles” a la empresa Frontera Energy Corporation, S.L. en Aragón utilizando la técnica del fracking,  instan al Gobierno de Aragón a: Dirigirse al Gobierno del Estado para que, en el marco de sus competencias, prohíba la utilización de la técnica de la fractura hidráulica o fracking en la investigación y explotación de hidrocarburos o gases no convencionales en el conjunto del Estado hasta que no haya garantías para la seguridad de la salud humana y el medio ambiente avaladas por la Unión Europea. Requerir al Gobierno del Estado, de conformidad con la iniciativa aprobada en estas Cortes de declarar Aragón Libre de Fracking, que paralice el permiso de investigación concedido con la denominación “Aquiles” a la empresa Frontera Energy Corporation, S.L. y que en los permisos de investigación que puedan autorizarse en Aragón, se excluya como técnica minera la denomina fractura hidráulica, limitando la investigación para la evaluación del recurso a las técnicas utilizadas en la investigación de gas convencional hasta que la Unión Europea determine las condiciones técnicas que garanticen la protección, la salud y el medio ambiente”.

Sin embargo, la Plataforma Aragón Libre de Fracking denunciaba en fechas posteriores que el Gobierno de Aragón incumplía el mandato unánime de las Cortes de Aragón. Algunos de los miembros de esta plataforma detallaban exhaustivamente la situación de los proyectos de fracking en Aragón  explicando la diferencia entre proyectos con licencia española -como el caso de Aquiles- o con competencia aragonesa, resaltando “la contradicción manifiesta del gobierno PP-PAR que teniendo mandato unánime de las Cortes declarando Aragón libre de fracking y también un mandato para Requerir al gobierno del Estado español que paralice el permiso de investigación concedido con la denominación Aquiles, no cumple con ninguno de estos mandatos”.

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