El pasado 28 de julio, el actual director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) firmó la resolución de la adjudicación de la gestión educativa del Centro de Observación y Acogida (COA) a INTRESS por un importe de 2.441.445€ para un período del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017.
El proceso de esta contratación por procedimiento negociado, sin publicidad, con empresas se dictó a finales de marzo, pero se aceleraron todas sus gestiones tras las elecciones del 24 de mayo con el gobierno en funciones de Luisa Fernanda Rudi.
Con la firma de esta resolución la actual consejera de Ciudadanía y Derechos, María Victoria Broto, incumple el compromiso público firmado con Educadores en Lucha de iniciar un proceso en el que se garantice la calidad del servicio y la inclusión de cláusulas sociales.
La consejera del nuevo Gobierno de Lambán firmó antes de las elecciones este documento en el que también se comprometía con otros puntos que incumple la actual resolución. El actual director del IASS, Joaquín Santos, ha convocado una reunión para este miércoles con Educadores en Lucha habiendo consumado ya con anterioridad una "resolución de tal gravedad".
El equipo educativo del COA denunció públicamente el 25 de mayo, tan sólo un día después de las elecciones, que el Gobierno en funciones seguía adelante con este proceso de negociación de un contrato millonario. Sin embargo, fuentes oficiales del ejecutivo de Rudi lo desmintieron en los medios de comunicación.
"Evidentemente, tanto el Partido Popular mintiendo, como el PSOE faltando a sus compromisos firmados y públicos, son responsables a nuestro juicio de maltrato institucional con los niños y niñas en protección de Aragón" declaran desde Educadores en Lucha.
Educadores en lucha recuerda que inició una huelga indefinida hace 10 meses para oponerse a la "subasta de niños" en la que, a su juicio, se convierten los concursos públicos para la gestión de los centros de menores de la comunidad, "en los que prima el beneficio económico de las empresas que se presentan y el abaratar estos servicios sociales básicos en detrimento de los derechos básicos de los menores atendidos".
Este contrato "a dedo", se firma con las mismas condiciones que para Educadores en Lucha son factores de desprotección y de maltrato institucional para los niños y niñas. "Por eso, porque siguen existiendo las mismas causas que provocaron la convocatoria de la huelga, anunciamos al Gobierno de Aragón y a Intress como empresa ejecutora del maltrato institucional que el Gobierno de Aragón se empeña en seguir perpetrando, toda la oposición posible contra este contrato, empezando por recurrir al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos la resolución de la adjudicación. Intress tiene que saber que si algún día se llega a hacer con la gestión del COA lo hará con la totalidad de la plantilla en contra y en huelga".
Educadores en Lucha destaca que este proceso negociado ha sido totalmente opaco, y que ambos ejecutivos han impedido al comité de empresa de FAIM acceder al expediente de negociación pese a solicitarlo por registro y de forma legal. "La actitud de la actual consejera, María Victoria Broto, faltando a su compromiso nos hace pensar que una vez más llega un Ejecutivo a los que no les importa para nada los menores en protección, probablemente la población en mayor riesgo social".
"Nos desconcierta ver como el actual ejecutivo ha echado atrás decisiones del anterior gobierno como el cierre de 10 aulas de colegios públicos o ha iniciado procesos de participación ciudadana para el IAI, y ahora rubrica este precario y oscuro concurso. Estos nos hace pensar que para el actual Gobierno de Aragón los menores en protección no son rentables electoralmente. Una vez más, denunciamos que son niños silenciados, niños olvidados", concluyen desde Educadores en Lucha.
