Los sindicatos de enseñanza CGT y STEA, los partidos IU Aragón y CHA, y la asociación laicista MHUEL denuncian al Servicio de Educación de Zaragoza por la oferta de vacantes en el proceso de admisión de alumnos y alumnas para el próximo curso escolar 2014-15.
Así, explican que el Servicio de Educación de las comarcas de Zaragoza “no ha tardado ni quince días en incumplir sus propias resoluciones. El pasado 3 de marzo el Boletín Oficial de Aragón -BOA- publicaba una orden de 24 de febrero de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, Dolores Serrat, por la que se determinan las plantillas de maestros y maestras en los colegios públicos aragoneses. Esas plantillas, ya recortadas a su gusto y con la oposición de la comunidad educativa, se han de elaborar para atender a un determinado número de grupos de clase en cada colegio”.
“Ahora, cuando sacan la oferta de plazas escolares nos encontramos con la supresión, única y exclusivamente en los centros públicos, de grupos de clase que quince días antes se habían tomado en consideración para confeccionar las plantillas. Para muestra dos botones. En la zona 1, en los colegios públicos “Hermanos Marx” y “Lucien Briet” se elimina un grupo de clase en cada uno, lo que supone una reducción de 50 plazas públicas. A los colegios privados concertados de la zona no se les reduce ninguna unidad. En la zona 7, se reducen grupos en el colegio público “Marcos Frechín”, mientras en el privado “Santo Domingo de Silos” se mantiene la oferta de cinco grupos, cuando uno de ellos está vacío (pues hay 24 vacantes y el tamaño del grupo es de 25)”, denuncian los colectivos.
El Servicio de Educación aduce como justificación a esas supresiones la reducción de la población escolar de cada zona. “Se puede aceptar el hecho objetivo, pero no es de recibo que la supresión de unidades se haga siempre, única y exclusivamente en los centros públicos y nunca en los centros privados concertados. Sin embargo, hay algo más que cambios demográficos, puesto que mientras en los centros públicos se admite que el número de grupos pueda variar entre los diferentes cursos o niveles educativos, en los privados se promueve su homogeneización y aún su crecimiento. Así, en el colegio privado “El Salvador” que este año tenía cuatro grupos en 5º de Primaria, se ofertan cinco para 6º del año que viene”, detallan.
“Las consecuencias de dicho proceder son obvias. En primer lugar, conduce a la saturación de las aulas en los centros públicos a la vez que se mantienen holguras en los privados concertados. En segundo lugar, se restringe la libertad de elección de los padres que desean una plaza pública para sus hijos ya que no pueden manifestar su preferencia por unas plazas que la administración ha eliminado antes de que puedan decidir. En tercer lugar, se limita y condiciona a las familias orientando e influyendo en sus decisiones posteriores. En cuarto lugar, se promueve la inseguridad en las plantillas de profesorado de los centros públicos. Esta práctica, repetida año tras año, tiene como objetivo reducir el espacio de la red de centros públicos a la vez que abre y extiende el camino para el negocio de los centros privados”, explican desde las organizaciones.
Sindicatos, partidos y colectivos continúan explicando que “creemos que la obligación de la administración educativa es proveer de plazas públicas suficientes y de calidad para atender a las necesidades educativas de la población y que la red privada concertada debe ser subsidiaria de la pública para cubrir allí donde la pública no llega. Esta administración opera bajo el criterio opuesto: prioriza los intereses de la privada y les otorga un trato privilegiado, a la vez que usa a la red pública como subsidiaria, degradándola y llevándola a su desaparición paulatina e inexorable. Cuando se deja a la zorra al cuidado de las gallinas, más temprano que tarde desaparece el gallinero”.
Para concluir estas organizaciones denuncian “enérgicamente esta política de privilegio hacia los centros privados que supone la desaparición lenta de algunos centros públicos, en un proceso de privatización encubierto. Por otra parte, estimamos que esta oferta de vacantes no respeta la orden de plantillas del 24 de febrero de 2004, y que como consecuencia de las supresiones se pueden ver afectados los derechos laborales del profesorado implicado, estamos estudiando con nuestros servicios jurídicos la presentación de un recurso que impugne esta oferta de vacantes”.
