El Gobierno de Aragón lejos de tomar medidas contra los desahucios

La Plataforma de Afectados por la Hipotéca se reunía el pasado viernes con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, que no concretó ninguna medida

Foto: Pablo Ibañez (AraInfo)

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zaragoza (PAH) se reunió con la Directora General de Vivienda del Gobierno de Aragón, Mayte Andreu, para conocer cuáles son las medidas que va a desplegar su Gobierno para combatir la emergencia habitacional que sufre Aragón, situación de emergencia que ellos mismos reconocieron hace pocas fechas, y que se produce especialmente en Zaragoza.

En el transcurso de la reunión, representantes de la PAH, notificaron a Andreu, el próximo desahucio que va a ejecutar Kutxabank en Zaragoza, el próximo 10 de noviembre,y que dejará en la calle a Narcisa y su familia.

Además, se le informó del "empecinamiento en la negativa de los responsables del banco a negociar una salida digna para esta familia y su deuda, sin la amenaza de la ejecución hipotecaria". La Directora General, tomó nota de la situación de esta familia, y aceptó colaborar poniéndose en contacto con la entidad bancaria para solicitar la paralización del desahucio mientras se desarrollan las negociaciones.

También se puso en su conocimiento el caso de Silvia y su familia con la ejecución de su subasta igualmente por Kutxabank, el día 16 de noviembre. La Directora General mostró en el transcurso de la reunión, su preocupación por esa situación de conculcación del derecho a la vivienda que sufren muchas familias de Zaragoza y de Aragón, aunque reconoció que aún están lejos de empezar a tomar medidas efectivas en esta dirección. "No pudo aportar muchas novedades", aseguran desde la PAH.

A través del Decreto Aragonés de Vivienda  el Gobierno de Aragón pretende atajar exclusivamente las medidas de urgencia, que incluyen moratorias en alquiler y en ejecuciones hipotecarias, "aunque en la reunión no nos informaron cual es el procedimiento jurídico por el que lo quieren conseguir" advierten.

Cabe subrayar que el Decreto Aragonés de Vivienda está sujeto, en el caso de las ejecuciones hipotecarias, a las mismas condiciones hiperrestrictivas del Código de Buenas Prácticas que puso en vigor el Gobierno del Partido Popular en su ya famoso Decreto Ley 2/2012 y que como certifican los datos de desahucios posteriores tiene una nula eficacia en la mayor parte de los casos.

En cuanto a la vivienda vacía y el alquiler social, si bien el compromiso del Gobierno aragonés es alcanzar la cifra de 100 viviendas antes de finalizar 2015, no se avanza en la creación de un registro oficial de vivienda vacía y se espera a la promulgación de una Ley Vivienda que tardará al menos dos años. "Nos quedamos de momento sin un instrumento fundamental y en el que cabría la participación ciudadana con las administraciones. Es crucial este registro que permita detectar las bolsas de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda, como constructores, inmobiliarias y sobre todo bancos y que sirva para gestionar bien ese recurso" lamentan desde PAH.

De momento el Gobierno de Aragón se conforma con un llamamiento a la ciudadanía, así como a iniciar conversaciones con los bancos con ese fin.

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