El Gobierno de Aragón ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Contratos del Sector Público del Estado al considerar que se vulneran las competencias del territorio. Vicente Guillén, consejero de Presidencia, ha autorizado a la Dirección General de Servicios Jurídicos para que impugne la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).
El 29 de diciembre de 2017 el ejecutivo de Aragón, al detectar que le ley contenía “vicios de inconstitucionalidad”, ofreció al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales entrar en una fase de cooperación para dirimir las diferencias existentes.
Sin embargo, en la última reunión de la Comisión Bilateral de cooperación con el Gobierno del Estado español, el pasado 18 de mayo se pudo alcanzar un acuerdo tal y como pedía el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, para el ejecutivo persisten los argumentos que justifican el recurso de inconstitucionalidad. Es por ello que el Gobierno ha anunciado este martes 19 de junio, que se ha decidido impugnar Tribunal Constitucional 101 preceptos de la ley estatal; 92 artículos y 9 disposiciones.
Según un informe de la Secretaría General Técnica (SGT) de la Presidencia del Gobierno de Aragón son cinco los bloques de preceptos a impugnar: “el primero por alterar el sistema constitucional de distribución de competencias, el segundo por la naturaleza no básica de prescripciones de detalle o procedimiento, el tercero por considerar no admisibles las normas supletorias establecidas en la ley estatal, el cuarto por la vulneración de la potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma y por último otros preceptos que vulneran el concepto material de bases”.
Para la SGT el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye al territorio la competencia para crear leyes y ejecutarlas en materia de contratación administrativa de las instituciones territoriales y las demás administraciones públicas aragonesas, incluidas las entidades locales.
En la Ley de Contratos del Sector Público del Estado, señala la SGT, no se respetan las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuya a Aragón. Se refiere a la vulneración de la competencia relativa a la participación en el desarrollo normativo del Derecho europeo en lo que afecta y compete a la Comunidad, o al erigir como básicos preceptos, que en realidad no tienen ese carácter y vacían de contenido o cercenan las competencias autonómicas, impidiendo en la práctica todo desarrollo y políticas propias de contratación pública.
