El pleno de las Cortes de Aragón aprobó este pasado jueves impulsar la modificación del Código de Derecho Foral Aragonés “para recuperar en su texto el concepto 'custodia compartida como opción preferente’ a valorar por los jueces y juezas en los casos de divorcio sin acuerdo entre las partes”. La propuesta de ley, impulsada por el PAR con el apoyo del PP y el más ultraderechista Vox, y rechazada por toda la oposición, modifica el texto refundido del 2019, que suprimió entonces ‘la opción preferente’, para que la elección de la custodia fuera la más favorable para el o la menor.
Ante ello, la asociación Somos Más, Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista, denuncia “con rotundidad” la aprobación en las Cortes de Aragón de esta iniciativa para impulsar la modificación de la denominada Ley de custodia compartida “que reinstaura la custodia compartida como opción preferente, incluso en contextos de violencia de género. Una reforma que, lejos de proteger a los menores, los expone, junto a sus madres, a situaciones de violencia invisible, impune y perpetuada desde los propios juzgados de familia”.
“Esta contrarreforma, impulsada por la mayoría parlamentaria de la derecha aragonesa, es una marcha atrás inadmisible que ignora deliberadamente la realidad de miles de mujeres y menores” de nuestro país, enfatizan desde Somos Más, y añaden que “pese a las audiencias legislativas, en las que las entidades sociales o juristas expertas comparecimos para expresar nuestras preocupaciones, el resultado estaba decidido de antemano. Fue un paripé institucional. Nos escucharon, pero no nos oyeron. Nos invitaron, pero no nos tuvieron en cuenta”, recalcan.
“La custodia compartida impuesta no es neutral: es peligrosa”
Desde Somos Más, Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista recuerdan que “los datos no mienten: solo el 21% de las mujeres que sufren violencia en la pareja denuncian. El 77% de los casos de violencia machista en procesos de divorcio se litigan sin denuncia previa, lo que deja a las mujeres indefensas ante jueces y juezas que deben decidir sobre la custodia sin conocer el contexto real de maltrato”, por lo que reiteran que “esta reforma las desprotege aún más, al imponer un modelo de custodia preferente que niega la complejidad de sus situaciones. El silencio, que a menudo es la única estrategia de supervivencia que les queda, se convierte en su condena”.
“La reforma ignora que la denuncia no siempre es posible”
“Muchas mujeres no denuncian porque temen represalias, porque están agotadas, porque han sido desoídas demasiadas veces, porque a pesar de la justicia gratuita, estos periplos judiciales ocasionan desembolsos económicos a las mujeres , o porque confían en que con el divorcio terminará su calvario. Esta reforma las expone de nuevo, legitimando judicialmente el contacto con sus agresores, disfrazado de corresponsabilidad parental”, señalan con lógica contundencia.
La custodia compartida “no puede ser un instrumento para perpetuar el control sobre las mujeres ni una excusa para eludir responsabilidades económicas. Desde nuestra experiencia acompañando a mujeres sobrevivientes, sabemos que muchos padres solo solicitan la custodia compartida para evitar pagar pensiones alimenticias o para mantener un vínculo de control sobre la madre. Cuando los juzgados reconocen esta realidad e imponen medidas compensatorias, muchos de esos hombres desisten. No buscan la corresponsabilidad, buscan dominio”, explican desde Somos Más.
“Eliminar además factores como el papel de la madre en la crianza, el peso mental que ha soportado, los sacrificios laborales que ha asumido, y el proceso de apego de los menores más pequeños, es legislar contra la realidad. No reconocer estos elementos es condenar a las mujeres a justificar lo evidente: que han sido las cuidadoras principales, las que han sostenido emocional y físicamente la vida de sus hijos e hijas”, recuerdan.
“Una sociedad que prioriza el bienestar infantil no impone custodias preferentes: escucha, evalúa y protege”
La custodia “no es un premio ni un castigo. Es una responsabilidad. Y en una sociedad que quiere avanzar hacia una justicia feminista, no se puede legislar desde la ceguera institucional. Exigimos que se garantice el principio del interés superior del menor, que se escuche a los niños y niñas, que se valore el contexto real de las familias, y que se deje de premiar a quienes han ejercido violencia, aunque no haya denuncia”, reclaman desde Somos Más, Mujeres Sobrevivientes de la Violencia Machista.
Con esta contrarreforma “el Gobierno de Aragón ha legislado contra las mujeres y contra la infancia. Pero no nos callaremos. Seguiremos denunciando, acompañando y resistiendo”, concluyen.
