Ecología

El Foro Social Mundial Antinuclear destaca la necesidad de la cooperación entre Estados para lograr la desnuclearización

El parque nuclear español cuenta con siete reactores en funcionamiento, con una vida útil media de 35 años, y tres en distintas fases del proceso de desmantelamiento. En los próximos cinco años caducarán todas las licencias de explotación.
| 2 junio, 2019 12.06
El Foro Social Mundial Antinuclear destaca la necesidad de la cooperación entre Estados para lograr la desnuclearización
Foto: @LaCorrienteCoop

Desde este viernes 31 de mayo hasta este domingo 2 de junio se celebra en Madrid el IV Foro Social Mundial Antinuclear para debatir y compartir propuestas y visiones sobre la lucha contra la energía antinuclear y los peligros que entraña para el medio ambiente, la economía y la sociedad.

En esta ocasión el Movimiento Ibérico Antinuclear, que aúna tanto a plataformas antinucleares, como a organizaciones promotoras o productoras de energías renovables, a partidos políticos y sindicatos o movimientos sociales y ecologistas, es el encargado de organizar dicho evento, recogiendo el testigo entregado en París en 2017.

En la rueda de prensa celebrada para la presentación de dicho foro, las y los participantes, procedentes de Portugal, Brasil, Francia, Turquía, México y el Estado español, han destacado la necesidad de la cooperación internacional entre territorios de una misma región. “La cooperación entre Estados sería la única garantía de alcanzar la desnuclearización completa, ya que la mera existencia de un solo país con centrales nucleares deja abierta la posibilidad de que otra catástrofe nuclear pueda volver a afectar a todos los países vecinos, como ya sucedió en Chernobyl en 1986”, señalaban.

Por su parte Ecologistas en Acción y Greenpeace, representantes a nivel estatal, han planteado propuestas sobre la exploración del uranio, una prohibición por ley de la minería de uranio, sobre el funcionamiento comercial de los reactores nucleares, el cierre nuclear definido por la caducidad de las licencias de explotación; y, por último, sobre la gestión y almacenamiento de los residuos radiactivos, la implantación de un nuevo Plan de Gestión de los Residuos Radiactivos que asegure la justicia ecosocial intergeneracional.

“No se puede llamar cierre nuclear a lo que en realidad es una ampliación, el acuerdo pactado con las eléctricas significa mantener el peligro nuclear de las viejas centrales durante 15 años más”, ha declarado Javier Andaluz, responsable de energía y cambio climático de Ecologistas en Acción.

“Toda industria debe ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce, además de evitar que la población y el medio ambiente se vean expuestos a graves riesgos”, ha concluido Raquel Montón, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.

La energía nuclear en el Estado español

El parque nuclear español cuenta con siete reactores en funcionamiento, con una vida útil media de 35 años, y tres en distintas fases del proceso de desmantelamiento. En los próximos cinco años caducarán todas las licencias de explotación.

Por tanto, las centrales españolas alcanzan una vida útil media de 38 años, y en los próximos ocho años todas superarán su vida de diseño, es decir, sobrepasarán los 40 años. Sabiendo que, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, es viable cerrar todas las nucleares, junto con las centrales térmicas de carbón, las organizaciones ecologistas recuerdan al futuro Gobierno estatal que “el cierre nuclear programado no es solo una decisión empresarial, porque las personas son el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100 % renovable, y la consulta pública es obligatoria en materia nuclear”.

Para este Foro ecologista el cierre nuclear es “una oportunidad para el empleo y la economía, al tiempo que puede y debe favorecer el empleo sostenible y justo y la economía local. El desarrollo de planes de inversión local, la transición energética prioritaria en estas comarcas, junto con el cierre nuclear, son una oportunidad única”.

Asimismo, subrayan que los costes de los residuos radiactivos, y de los riesgos de accidente, los deben pagar las empresas, no la sociedad y concluyen asegurando que “la seguridad nuclear es un objetivo prioritario, por ello los reglamentos y los protocolos de seguridad deben ser respetados, así como deberían restituirse todos aquellos que se han modificado sin ninguna mejora en materia de seguridad”.

2 junio, 2019

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