El filo de la navaja

Desde Montesquieu, las tres patas sobre las que se asienta un Estado son los poderes Legislativo, ejecutivo y judicial. Pero la altura democrática de ese mismo Estado depende de que el mecanismo de control sobre cada uno de los tres poderes exista, primero, y funcione, luego, de manera proporcionada y certera. En nuestro país, al igual que en muchos, el poder legislativo está controlado, peor o mejor, por los votos de los ciudadanos. El poder ejecutivo siente el aliento del propio Congreso de los Diputados. Luego, después de la trifulca, algunos se pondrán de acuerdo entre bastidores o no lo …

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Carlos Tundidor

Desde Montesquieu, las tres patas sobre las que se asienta un Estado son los poderes Legislativo, ejecutivo y judicial.

Pero la altura democrática de ese mismo Estado depende de que el mecanismo de control sobre cada uno de los tres poderes exista, primero, y funcione, luego, de manera proporcionada y certera.

En nuestro país, al igual que en muchos, el poder legislativo está controlado, peor o mejor, por los votos de los ciudadanos. El poder ejecutivo siente el aliento del propio Congreso de los Diputados. Luego, después de la trifulca, algunos se pondrán de acuerdo entre bastidores o no lo harán, pero el control está ahí. En España, al poder judicial no lo controla nadie que no sean los propios actores ejerciendo de juez y de parte. Es como decir que nadie los controla. De hecho, a pesar de las docenas de escándalos flagrantes en los últimos cuarenta años, se pueden contar con los dedos de una mano los casos de jueces expedientados por prevaricación. Siendo, además, dos de esos escasos casos el de Baltasar Garzón, al que la justicia internacional le ha dado la razón en contra de la decisión de los jueces españoles en su momento o el del juez Elpidio Silva por atreverse a meter al banquero Blesa en la cárcel.

Un estado es fallido, o roza ese epíteto, cuando el partido preponderante es de corte dictatorial o fascista, la corrupción es generalizada a nivel estatal y cuando la connivencia entre el poder judicial y el ejecutivo o el político, o una parte considerable de él, es un clamor.

La mayoría de los medios informativos, cansina y metódicamente, insisten en instalar a nuestro país en la lista de los democráticos y, además, con buena nota. “Venceréis, pero no convenceréis”, la cita de Unamuno a los franquistas en Salamanca me viene a la cabeza cuando esos mismos medios han mirado al lado contrario de la verdad y han blanqueado durante cuarenta años a un ladrón heredero de Franco. En la actualidad, intentan blanquear a los herederos de los herederos con el mismo ímpetu, profusión de medios y con parecidas mentiras.

Hoy, en nuestro país, el partido que se abroga representante del centro derecha es un calco, al menos la mayor parte de sus dirigentes, patético de los fascistas del brazo alzado. No es un partido conciliador, razonable, moderado, dialogante. Todo lo contrario, se funde en un abrazo de hermanastro con aquel que eleva a la categoría de modelo a un asesino genocida.

Hoy, en nuestro país, la corrupción impera en las esferas políticas. No todos los políticos son unos ladrones pero sí que una buena parte de ellos, sobre todo aquellos que se apropian y arropan de banderas, marcan el paso a lo “egipcio” y aprovechan su paso por la gestión política para hacer de él un provechoso camino hacia las ganancias ilícitas y hacia esos paraísos fiscales tan bien amados que suelen estar a la derecha del dios padre y a la izquierda del Atlántico.

Y, finalmente, hoy en nuestro país, el poder judicial, sin freno, sin control por parte de la sociedad, es un ente carcomido por la corrupción, por la prevaricación continuada aunque casi nunca sea investigada. Procedimientos como los cierres de las imputaciones contra las presuntas corruptelas del señor Juan Carlos Borbón, el cierre en falso de la operación Kitchen, el cierre en falso del caso DINA, las filtraciones de Cosidó, de Zaplana, que salpican a conocidos jueces del estrellato actual, las sentencias muy distintas ejecutadas contra raperos, actores, manifestantes de izquierda o diputados de Podemos comparadas con blanqueos de los importantes ladrones de cuello blanco, denotan una prevaricación continuada en buena parte de la actuación judicial sin nadie que le pueda poner coto.

Y, ahora, volvamos al punto de inicio. ¿Está nuestro país caminando por la cuerda floja, por el filo de la navaja de un estado con un suspenso democrático o, incluso, de un estado a punto de ser fallido?

Yo diría que la salud democrática, a pesar de las apariencias, es tan baja que corre el riesgo de ser un enfermo desahuciado. Que la deficiencia democrática es un hecho de tal magnitud que si hoy no existe tal estado fallido caminamos hacia él. Las prédicas, falacias y embustes de la extrema derecha y las ideologías fascistas están siendo amparadas, cada vez más, por las prácticas habituales de los gobiernos de muchas ciudades y autonomías. Los casos de corrupción, los conocidos y declarados en base a denuncias que, seguramente, serán la punta del iceberg real, no cesan. Las cloacas del estado apestan al entremezclar a lo peor de la policía con lo peor de una clase financiera y política y amparada por lo peor del estamento judicial. Hay políticos honestos, claro que sí, pero los deshonestos, los ladrones de peor cualificación moral que el más bajo de los rateros, proliferan cuanto más alto se investiga. Incluso partidos enteros han sido condenados por corruptos.

Pero lo peor, quizá, está al considerar en el poder de los jueces. Las ventas y compras de togas, de nombramientos, de traspasos de favores “Hoy por ti, mañana por mí”, la connivencia ideológica en la defensa de los más rancios principios franquistas, la reverencia al dios dinero, están volviendo noche al día de tan espesos que son. Y no hace falta poner nombres, están en labios de muchos, también en los de los pocos medios de comunicación que, todavía, son objetivos.

Con esos mimbres, la respuesta a la pregunta anterior, cuando menos, es complicada. Lo que sí está fuera de duda, a mi juicio, es el resbalamiento acelerado por el terraplén que lleva al estado fallido o al dictatorial en un horizonte no muy lejano.

Urge que nuestros ciudadanos exijan un control de ese poder judicial, pata importante de un estado, y pata democrática si es que se le controla fuera de los mecanismos gremialistas, control vital para que nuestro país vaya torciendo la singladura hacia puertos democráticos.

Mientras existan unas fuerzas en la sombra que blanquean a los nostálgicos del fascismo, esos mismos poderes oscuros atrincherados en la corrupción más desbocada —algunos cálculos sobre el dinero que ha pasado desde el erario público (dinero de todos) a los bolsillos de unos pocos ladrones de cuello blanco —de sangre azul, roja o negra— en los últimos cuarenta años, ronda la cifra de medio billón de euros, la mitad de nuestro PIB anual— y una parte sustancial del aparato judicial actuando de compinche con quienes detentan, o plantean, ese poder basado en la corrupción, no podemos tildar de demócrata, ni siquiera de aprendiz espabilado, a semejante país.

Y seguiremos resbalando por el descarnado talud de la intolerancia y la desigualdad.

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