Los datos del último informe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) podrían parecer alentadores a primera vista: las denuncias por violencia de género han bajado en nuestro país un 14,8% entre abril y junio, mientras en el Estado han subido ligeramente. Pero basta mirar con atención para comprender que no hay mejora real. El número de mujeres víctimas en Aragón apenas desciende un 1,6%, una diferencia tan pequeña que el propio informe la califica de “apenas perceptible”.
Esa mínima variación esconde una cifra insoportable: 1.180 mujeres agredidas en solo tres meses. Cifras que hablan de relaciones marcadas por la violencia, de agresores que son, en la mayoría de los casos, parejas o exparejas, y de un sistema judicial que continúa recibiendo cientos de causas por lesiones, maltrato o quebrantamiento de medidas.
El descenso de denuncias no significa menos violencia, sino menos confianza. Las mujeres denuncian menos, pero la violencia sigue ahí. Entre abril y junio se presentaron 1.200 denuncias en Aragón, 200 menos que el año anterior. La mayoría, 741, procedían de las propias víctimas, pero casi todas se formalizaron en comisarías (721), no en juzgados, donde solo se registraron 20 denuncias directas. A ellas se suman 305 casos derivados de intervenciones policiales y 110 de partes de lesiones remitidos a los juzgados, además de 18 presentadas por familiares.
Las denuncias caen pero las medidas de protección y las condenas aumentan. Se dictaron más órdenes y medidas cautelares que el año anterior, y el 97% de las sentencias fueron condenatorias. Cuando las mujeres se atreven a denunciar, los tribunales les dan la razón en una aplastante mayoría de los casos.
Y mientras leemos estas cifras del TSJA el Ayuntamiento de Zaragoza borra uno de los pocos espacios que generaban confianza y prevención: los Puntos Violeta. Su sustitución por “espacios seguros” de atención unisex, presentados como una medida inclusiva, supone un retroceso en la lucha contra las violencias machistas. Estos puntos no eran simbólicos ni complementarios: eran dispositivos especializados, atendidos por profesionales formados para acompañar a mujeres agredidas, visibilizar el problema y marcar un mensaje público de tolerancia cero. Convertirlos ahora en lugares genéricos donde “se atiende todo tipo de violencia” es diluir el problema hasta hacerlo invisible. En un país que registra más de mil mujeres agredidas en solo tres meses, negar la especificidad de la violencia machista es otra forma de perpetuarla.
En total, los órganos judiciales aragoneses juzgaron a 434 hombres por delitos de violencia de género en este periodo. Casi todos fueron condenados. Esto es la señal de una violencia que se mantiene estructural, pese a décadas de leyes, recursos y campañas.
Detrás de los porcentajes hay una realidad que el papel no puede disimular. Las cifras no retroceden, solo se mueven ligeramente dentro del mismo rango de barbarie No son números, son mujeres que sufren a manos de hombres.
La persistencia de los delitos más comunes, lesiones, maltrato y quebrantamiento de medidas, evidencia que la violencia machista sigue incrustada en lo cotidiano. Y aunque las medidas judiciales aumentan, siguen llegando tarde para muchas.
El informe del TSJA traduce en cifras lo que el feminismo lleva años señalando: la violencia machista no se detiene porque bajen las denuncias, sino cuando se garantizan recursos, prevención y apoyo real. Si las víctimas siguen siendo prácticamente las mismas, el problema no está en las estadísticas, sino en el miedo. En la desconfianza hacia las instituciones. En una estructura que sigue dejando solas a las mujeres, pidiéndoles que demuestren lo que viven mientras el sistema mira hacia otro lado.
Aragón, necesita que bajen las agresiones, que aumenten las garantías y que la justicia llegue antes de que la violencia lo arrase todo. Porque cuando 1.180 mujeres aparecen en un trimestre en los registros judiciales, no hay mejora posible: hay una emergencia que sigue viva, una que nos interpela como sociedad entera.
