Por vulnerar la Ley Aragonesa de Memoria Histórica, el Ayuntamiento de Zaragoza corre el peligro de dejar de recibir 28 millones de euros en ayudas si mantiene las calles dedicadas al rector Gonzalo Calamita y al presidente de la Comisión de Depuración, Miguel Allué, según denuncia el presidente de CHA Zaragoza, Chuaquín Bernal. Estos 26 millones pueden llegar a 46 millones de euros si se incluye su valoración del convenio de capitalidad.
“El informe histórico sobre sus trayectorias enviado por el Gobierno de Aragón es muy claro: ambos estuvieron muy vinculados al régimen franquista y fueron artífices de la purga del profesorado en las escuelas, los institutos y la Universidad durante la guerra y en los primeros años de la dictadura”, ha señalado Bernal.
En este sentido, Cristina Marín, secretaria de Educación, Cultura, Patrimonio e Identidad Nacional, recuerda que el Gobierno Municipal PP-C’s ampara su decisión de no modificar ninguna de las 11 calles relacionadas con el franquismo en el informe de un grupo de expertos. Sus conclusiones fueron duramente criticadas por CHA el pasado mes de septiembre, y reclama a Jorge Azcón que, tanto “por higiene democrática” como por la necesidad de recibir los fondos, cumpla con la Ley y sustituya los nombres franquistas por otros de “personas que sean motivo de orgullo para la ciudadanía".
Marín ha reclamado a PP, C’s y Vox que “tomen ejemplo de otras derechas modernas europeas”, dejando atrás cualquier nostalgia del franquismo, e impulsen, o al menos no entorpezcan, una necesaria renovación del callejero zaragozano “que permita cerrar las heridas del pasado”.
Finalmente, Cristina Marín ha recordado que, además de estas once calles, siguen presentes en nuestras vías públicas los nombres de alcaldes franquistas como Gómez Laguna o Cesáreo Alierta, Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, además de símbolos franquistas en el cementerio de Torrero, el monumento de la Plaza Santa Cruz, o la simbología en las placas de algunas calles de Ciudad Jardín.
