Si ya desde al menos el estallido de la crisis sistémica en 2008 y la irrupción del 15M en 2011 estamos viviendo la creciente pérdida de credibilidad del relato dominante en torno al “proyecto europeo” y, con él, de la mitificada Transición española, es ahora cuando estamos comprobando las dificultades para traspasar el umbral necesario que ayude a demostrar que es posible un proyecto alternativo e ilusionante tanto a escala europea como del Estado español.
En el marco de este relativo impasse la crisis del “modelo de Estado” diseñado en la Transición aparece como el flanco más débil del régimen, pese a que está conduciendo a respuestas enfrentadas de uno y otro lado y a que en el caso catalán una fuerza política como CiU, puntal hasta ahora necesario del bipartidismo “imperfecto”, trata de “cabalgar” un movimiento social independentista de amplia base popular que no controla y que amenaza desbordarle.
Sería, por tanto, un error del movimiento plural que en el Estado español y a lo largo de los últimos dos años y medio ha salido a las calles y plazas para expresar su indignación, quedarse al margen de este conflicto y no apostar abiertamente por una solución democrática al mismo; sea cual sea la opinión que se tenga sobre la opción alternativa a ofrecer ante el agotamiento del “modelo autonómico”. Porque, en realidad, la exigencia de un referéndum desde Catalunya coincide con la aspiración a una “democracia real” que ese movimiento ha ido mostrando durante este tiempo y que, sin embargo, este régimen niega cada vez más abiertamente. Asumiendo esa defensa del derecho a decidir de Catalunya, como también se plantea allí desde fuerzas como la CUP, Procès Constituent y, ahora con más fuerza, ICV-EUiA, podríamos abrir una brecha profunda en este régimen y, a la vez, extender la reivindicación de ese derecho al rechazo a los recortes, a las privatizaciones o al pago de la deuda ilegítima no sólo allí sino en todo el Estado.
Por eso, ante la prueba de fuerzas que se anuncia no se puede ser neutral ni equidistante, ya que urge generar una amplia corriente de opinión frente a la reacción mayoritaria que fuera de Catalunya se ha expresado ante el reciente acuerdo adoptado por cuatro formaciones parlamentarias en torno a la doble pregunta y a la fecha del referéndum. Analizando esas respuestas, y dejando al margen los insultos y las peores descalificaciones leídas y escuchadas (incluidas las de Aznar, Rosa Díez, la Fundación DENAES y sus más fervientes seguidores, dispuestos a encontrar amigos de ETA por todas partes), cabría distinguir tres tipos de actitudes, no necesariamente incompatibles: una, la de quienes persisten en negar la existencia de una identidad nacional catalana y, por tanto, de un conflicto político; otra, la que se aferra a la letra de la Constitución del 78 para oponerse a cualquier consulta; y, por último, la que propone una reforma constitucional para avanzar hacia un federalismo “a la alemana”.
La primera sigue siendo predominante, por desgracia, en un segmento relevante de la ciudadanía que se ha socializado en torno a un nacionalismo español que no ha roto con el “tradicional” sino que, más bien, combina rasgos heredados del franquismo (especialmente en la simbología) con los de una idea de “Nación” (con N mayúscula) que impide el reconocimiento de otras identidades nacionales en condiciones de igualdad dentro del Estado español. Lo más paradójico de esta actitud es que quienes asumen ese discurso no se consideran nacionalistas, como recuerda Joseba Sarrionandía en su densa y excelente obra ¿Somos moros en la niebla? (Pamiela, Pamplona-Iruña, 2012): “Lo de los nacionalistas españoles es una cosa curiosa. A pesar de imponer su nación a “todos” y no reconocer ninguna otra nación en el Estado, se definen generalmente como ‘no nacionalistas’ y llaman ‘nacionalistas’ a los que no sean ‘nacionalistas españoles’. Significativa forma de hacerse dueños no sólo de la nación sino también del lenguaje” (p. 613).
Una variante de esta actitud se encuentra entre gentes de izquierda que, aun no identificándose con la simbología franquista, consideran que la reivindicación del derecho a decidir desde Catalunya es una “cortina de humo” para ocultar la cuestión social (algo que sin duda es cierto en el caso de CiU pero no en la amplia y plural mayoría social que lo reivindica) y, por tanto, rechazan ese derecho ya que se consideran “antinacionalistas”.
La segunda es aquélla que, aun aceptando que en las encuestas se confirma que existe una amplia mayoría en la sociedad catalana que declara que Catalunya es una nación y reclama su derecho a decidir su futuro, responde oponiendo a ese estado de opinión y a su consiguiente demanda democrática una defensa fundamentalista de la Constitución (en particular, de los artículos 1.2 y 2 pero también del 155, que implicaría la suspensión de la autonomía), rechazando así cualquier vía legal de convocatoria de la consulta.
Fuerzas como PP, UPyD e incluso sectores del PSOE (con Alfonso Guerra, José Bono y Rodríguez Ibarra a la cabeza) se identificarían sin duda tanto con la primera como con la segunda posición.
La tercera es la que ha sido asumida sin convicción por la dirección del PSOE, firmemente contraria a cualquier celebración de la consulta y preocupada únicamente por aplazar el problema mediante una promesa de reforma constitucional “federalizante” que exigiría el acuerdo con la derecha española para llevarla a cabo y que seguiría, en todo caso, manteniendo la existencia de una única “Nación”. Una posición que está condicionando cada vez más al PSC y que amenaza con dejarle en una condición muy minoritaria en Catalunya.
Al margen de todas ellas se va abriendo paso, no obstante, una cuarta, defendida incluso por un “padre de la Constitución” como Herrero de Miñón y por algunos “expertos” y columnistas junto con IU, aun con sus contradicciones, y otras fuerzas a su izquierda, favorables a la búsqueda de una vía legal para autorizar la consulta e incluso al reconocimiento de la realidad plurinacional dentro de este Estado y, por tanto, del derecho de autodeterminación. Se trata de una respuesta que ayudaría sin duda a tender puentes, pero que sin ir acompañada por una amplia presión popular a escala estatal no ayudaría a desbloquear la situación actual en un sentido democrático radical.
Obviamente, esa presión, con la consiguiente labor político-cultural que debería acompañarle, debería articularse con las demandas que forman parte ya del acervo colectivo del movimiento plural de indignación y, a su vez, tendría que contribuir a la conformación progresiva de un bloque plural de pueblos, dispuesto a recuperar lo mejor del imaginario republicano que en nuestra historia común hemos podido compartir para transformarlo y fusionarlo en un proyecto de autoemancipación colectiva. De esta forma podríamos convertir el próximo 9N en “una oportunidad” y no en “una amenaza”, como también se sugiere en un artículo reciente. Ojalá la campaña de las elecciones europeas sea ya una primera oportunidad para hacer aparecer la voz de quienes fuera de Catalunya no compartimos el discurso nacionalista español dominante y apostamos, en cambio, por procesos constituyentes rupturistas que puedan luego converger a escala estatal y europea.
Jaime Pastor, publicado en Viento Sur | Para AraInfo
