"El derecho a una vivienda digna", prioridad para Zaragoza en Común

Luisa Broto y Pablo Híjar han subrayado que el derecho a una vivienda digna es una de las prioridades de esta candidatura, que se plantea alcanzar un parque público de 5.000 viviendas de alquiler social y convertir la Oficina de intermediación hipotecaria en una verdadera oficina antidesahucios. Zaragoza en Común hará valer el artículo 47 de la Constitución.

Luisa Broto y Pablo Hijar, candidatos de Zaragoza en Común.

Zaragoza en Común escogió este miércoles como escenario para hablar de vivienda un solar municipal en el barrio de la Azucarera. En la confluencia entre el camino de las Torrecillas y la propia calle Azucarera, Luisa Broto y Pablo Híjar han planteado medidas para afrontar la emergencia habitacional que sufre Zaragoza.

Dicho solar, junto con los suelos de la antigua fábrica Giesa, ambos de titularidad municipal, fueron comprometidos recientemente por el consejero Jerónimo Blasco para financiar con el dinero de su venta la remodelación de Pontoneros. “No tiene sentido alimentar la rueda que nos ha llevado a este desastre: vender suelo municipal para la construcción de viviendas privadas para así financiar la vivienda de alquiler social es un despropósito”, ha señalado el candidato Pablo Híjar. “El suelo público para vivienda pública, no para seguir especulando”, ha añadido.

Por su parte, Luisa Broto ha reivindicado “el derecho a techo de todas las personas, recogido en el artículo 47 de la Constitución”, pero ha añadido que Zaragoza debe avanzar para que la habitabilidad sea una de sus marcas, acabando con problemas como la pobreza energética o como la falta de accesibilidad de algunas comunidades sin ascensor para las personas mayores.

Asimismo, los candidatos de Zaragoza en Común han subrayado su voluntad de lucha contra los desahucios, proponiendo la reconversión de la Oficina de mediación hipotecaria en una verdadera oficina antidesahucios.

Por último, han insistido en la necesidad urgente de un aumento del parque público de vivienda social, doblándolo e incrementándolo hasta las 5.000 unidades. “Para ello es necesario que todos los recursos públicos, incluido el suelo público, se puedan utilizar tanto para los servicios públicos y municipales como para la construcción y desarrollo de pequeñas promociones de vivienda pública”, ha señalado Híjar, que también ha hecho un llamamiento “urgente” al resto de administraciones públicas, en especial al Gobierno de Aragón, para que cuando se inicie la legislatura, se “den herramientas a los ayuntamientos” a través de un decreto aragonés de la vivienda que les permita “proceder a la expropiación de uso de las viviendas vacías en manos de la Sareb y de las entidades financieras”.

[Agenda electoral de Zaragoza en Común]

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