El Congreso del Estado español ha aprobado la “Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, quedando ya solo pendiente de su publicación en el BOE para su entrada en vigor, así, el Consejo Nacional de OSTA rechaza esta ley y su aplicación. Esta ley puede tener efectos devastadores para la organización territorial de nuestro país, para los ayuntamientos, comarcas, y servicios que estas prestan a la ciudadanía. Mientras, una vez más, la Presidenta Rudi y su socio de gobierno, José Ángel Biel, se jactan de haber alcanzado un pacto satisfactorio para los interesas de Aragón.
“Esta ley va a suponer un gran cambio en la prestación de los servicios municipales y, como consecuencia, en nuestros derechos y en el empleo, al primar la gestión privada, transferir competencias a otras Administraciones y condicionar todo al cumplimiento del déficit, utilizando el mal llamado coste efectivo de los servicios para intentar reducir salarios o plantilla, favoreciendo la actividad económica local con medidas liberalizadoras”, señalan desde OSTA.
Para OSTA la reforma de esta ley “pretende asimismo potenciar el papel de las Diputaciones Provinciales o entidades equivalentes, que podrán coordinar determinados servicios mínimos obligatorios de los municipios de menos de veinte mil habitantes, lo cual es profundamente antidemocrático, y promover la gestión integrada o coordinada de todos los servicios de los municipios, condicionando la financiación a la generación de ahorros, lo que supondrá una pérdida en la calidad de los servicios”.
“Esta ley significa un gravísimo ataque a la autonomía municipal, garantizada hasta ahora por la Constitución, supondrá la privatización de lo público en detrimento de los ciudadanos y en beneficio de intereses empresariales y supondrá nuevos recortes para los funcionarios”, concluyen desde OSTA.
