Del informe de seguimiento al examen realizado en 2019 sobre la situación de las lenguas en el Estado español destacan las recomendaciones del comité de expertas sobre protección de lenguas minoritarias del Consejo de Europa para que tanto el Gobierno de Aragón como el español cumplan sus compromisos, emanados de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, firmada por el Estado español en noviembre de 1992, ratificada en abril del 2001, y con vigencia legal desde agosto del mismo año.
En el capítulo dedicado íntegramente al idioma aragonés -2.7- el comité de expertas refiere que “de acuerdo al ‘Population and Housing Census’ de 2011, 44.439 personas entienden el aragonés, y 25.556 lo hablan. Después de las elecciones del 2015, el Gobierno de Aragón introdujo un nuevo marco regulador para las lenguas. El aragonés (junto con el catalán) ha sido reconocido como parte del patrimonio cultural de Aragón, aunque sin estatus de cooficialidad. Se ha creado una Dirección General para Política Lingüística dentro del Departamento de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón. Se ha lanzado un programa para incluir el aragonés en la educación, en las áreas donde la lengua tiene una presencia tradicional. Y ha sido elaborado un Plan de Estudios para la enseñanza del aragonés en educación primaria y secundaria junto con cursos para profesores de la lengua”.
Finalmente estable una serie de recomendaciones en el apartado 2.7.2 “Recomendaciones del Comité de Expertas sobre cómo mejorar la protección y promoción del aragonés en Aragón: el Comité de Expertas conmina a las autoridades españolas a cumplir con todas las garantías la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias en los apartados qué no se consideran ‘cumplidos’, así como para continuar cumpliendo con los que sí se están cumpliendo”.
Y establece las siguientes recomendaciones:
- Recomendación de acción inmediata: Incluir el nombre del idioma aragonés en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
- Otras recomendaciones: Continuar incorporando el estudio del aragonés en todos los niveles educativos en Aragón. Tomar medidas para el uso del aragonés en las administraciones locales y autonómicas, aragonesas.
Respecto al idioma catalán en Aragón, el informe establece en el subapartado 2.2.4. que “la situación del catalán en Aragón ha cambiado significativamente desde la última ronda de control. En 2015, Aragón creó una Dirección General de Política Lingüística, la cuál también promueve -además del aragonés- el catalán en Aragón. En 2016, una ley reconoce el aragonés y el catalán, con estos nombres, como lenguas minoritarias de Aragón. Desde entonces se ha hecho algún progreso en la protección y promoción del catalán. Desde 2016, la lengua catalana está presente en pre-escolar, educación primaria y secundaria. La Academia de Lengua de la Universidad de Aragón, fundada en 2013, tiene un instituto para el catalán. Además, la lengua disfruta de apoyo en cultura, especialmente en lo concerniente a la literatura y eventos. Hay una buena cooperación con las autoridades de otros territorios donde hablan catalán”.
Y establece las siguientes recomendaciones:
- Recomendación de acción inmediata: Incluir el nombre del catalán en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
- Otras recomendaciones: Aumentar la concienciación entre la población general de Aragón de la existencia del catalán. Tomar medidas para el uso del catalán en las administraciones locales y autonómicas, aragonesas.
El Consejo de Europa también pide “al Reino de España enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial para utilizar las lenguas cooficiales del Estado en los procedimientos judiciales si lo solicita una de las partes”
El Comité de Expertas del Consejo de Europa sobre protección de las lenguas minoritarias, también pidió en su informe de seguimiento como recomendación inmediata que “el Reino de España enmiende la Ley Orgánica del Poder Judicial para utilizar las lenguas cooficiales del Estado en los procedimientos judiciales si lo solicita una de las partes”, y que esto se debe aplicar al catalán, al euskera, al gallego, y al valenciano.
El informe señala que “el número de funcionarios judiciales que hablan lenguas cooficiales no ha aumentado en los últimos años, por lo que el uso de una lengua cooficial en un procedimiento judicial sigue siendo limitado. Los jueces y el resto del personal de los tribunales utilizan normalmente el español y deben usar la otra lengua oficial de la región si ninguna de las partes se opone”, asimismo, señala que “cuando una parte persiste en usar la lengua cooficial se suele recurrir a la utilización de un intérprete, en vez de llevar a cabo todo el proceso en esta lengua”.
Por todo ello, el Consejo de Europa “lamenta que las autoridades españolas no hayan cambiado su postura y repite la necesidad de tomar acciones legislativas inmediatas”, y recomienda “promover la utilización de las lenguas cooficiales en el seno de la administración del Estado en las respectivas comunidades autónomas”.
