Han tenido que pasar trece años para que, por fin, una institución que ejerce las funciones de supremo Órgano Consultivo del Gobierno español, responsabilice directamente al Ministerio de Defensa, y por ende a su máxima autoridad por aquel entonces, el ministro Federico Trillo, del accidente que costó la vida a 62 militares, siete de ellos aragoneses, que regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.
Así lo reconoce el informe de la Comisión Permanente del Consejo de Estado que preside el exministro del Partido Popular, José Manuel Romay Beccaría, aprobado el pasado 20 de octubre por unanimidad, y que determina que el accidente pudo haberse evitado si los responsables del Ministerio de Defensa hubieran cumplido con su deber de velar por las condiciones en las que viajaban los militares.
Cabe recordar que la composición del Consejo de Estado está compuesta por, entre otras personas, Ana de Palacio (exministra de Asuntos Exteriores con el Partido Popular), José María Michavila (exministro de Justicia con el Partido Popular), Isabel tocino (exministra de Medio Ambiente con el Partido Popular), Fernando García Sánchez (jefe del Estado Mayor de la Defensa), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (una de las personas que redactó la Constitución española), María Teresa Fernández de la Vega (exvicepresidenta del Gobierno español con el PSOE), Luis María Linde de Castro (gobernador del Banco de España) y Juan Carlos Rodríguez Ibarra (expresidente de la Junta de Extremadura).
“Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría”, concluye el dictamen.
De esta forma, el informe, que ya se encuentra en manos de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, reconoce la “responsabilidad patrimonial” del Estado español en esta catástrofe. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado ratifica que el procedimiento exigía al Estado la obligación de comprobar e inspeccionar la actividad de sus contratistas, un hecho que finalmente no se llevó a cabo.
Mientras tanto, el portavoz de la Asociación de Víctimas del Accidente del Yak-42 en Aragón, José Antonio García, confesaba que “es muy gordo” que “trece años después, reconocen que teníamos razón y que la muerte de 62 militares se podía haber evitado”. Dicho reconocimiento, aunque no supone culpa, ya que la causa penal fue sobreseída hasta en dos ocasiones por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y la Sala de lo Penal de la Audiencia, no implica que no hubiera ninguna responsabilidad.
"Después de tanto tiempo escurriendo el bulto y mirando hacia otro lado para no asumir ninguna culpa, sería lo mínimo", afirma el portavoz de la Asociación en Aragón, quien espera “un gesto” del gobierno de Mariano Rajoy. “"Me sorprendería mucho un reconocimiento explícito, pero hay formas de hacernos ver que se dan por enterados", reconoce. Una victoria moral, “más agri que dulce –explica-, porque el tiempo lo empaña todo y muchos se habrán preguntado ahora qué siguen haciendo estos pesados". "Pero la vida de tantas personas bien merecía esta batalla y aunque hemos necesitado 13 años han tenido que admitir que no estábamos locos y que todo lo que denunciábamos era cierto", recalca José Antonio García.
Con todo esto, y como no podía ser de otra forma, todos los grupos de la oposición se han apresurado en pedir la dimisión del exministro de Defensa y actual embajador en Londres, Federico Trillo. Igualmente piden su dimisión los y las familiares de las víctimas del Yak-42, que acusan a este último de mentir en sede parlamentaria y culpar al Estado Mayor de la Defensa del accidente, “con una clara dejación de sus propias funciones”.
CHA reclama que se "asuman" las responsabilidades políticas y se cese a Federico Trillo
En el ámbito aragonés, CHA considera que el informe del Consejo de Estado, supone, “en primer lugar, un reconocimiento directo para el enorme trabajo de todas las personas que han estado reclamando, durante años, las oportunas aclaraciones sobre todas las decisiones y responsabilidades políticas consecuentes relativas al accidente del Yak-42, pero también tiene que ser además, a juicio de CHA, un auténtico punto de inflexión en la asunción de las correspondientes responsabilidades políticas”.
"Es evidente que este dictamen del Consejo de Estado apunta directamente al por entonces Ministerio de Defensa, cartera ocupada por aquel entonces por Federico Trillo, que todavía sigue ejerciendo, por designación del Gobierno de España, un puesto de responsabilidad como es el de embajador en el Reino Unido”, subraya la secretaria general de CHA, Carmen Martínez Romances. “Ahora solo hay dos opciones –continúa-, a nuestro juicio, o presenta su dimisión o el ejecutivo de Rajoy tendría que tomar las medidas oportunas para su cese”.
A juicio de Martínez Romances, “es cierto que ya es demasiado tarde para adoptar esta decisión que tendría que haberse producido mucho antes, ante los indicios que se fueron conociendo, pero que ahora ya no tiene ninguna justificación para tomarla", aunque reconoce que “había ciertos indicios de riesgo y no se actuó".
"Sabemos que no tendrá consecuencias económicas lo contemplado en este dictamen del Consejo de Estado, pero es evidente que supone toda una compensación moral para las reivindicaciones de las familias de las víctimas" y es que hoy, 13 años después del trágico suceso donde fallecieron 62 personas -siete de ellas aragonesas-, el propio Consejo de Estado ha reconocido pública, oficial y por vez primera la responsabilidad del Ministerio de Defensa del Gobierno de España", concluye la secretaria general de CHA.
CHA recuerda que, en su momento, también se pidieron explicaciones en sede parlamentaria, en concreto el entonces diputado José Antonio Labordeta, por las consecuencias políticas de las erróneas decisiones tomadas en todo el proceso tanto de este accidente como incluso en el posterior traslado de los restos de las personas fallecidas.
