Ante el anuncio en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, por parte del consejero Oliván, de reducir a tres las ocho áreas sanitarias de Aragón, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA) manifiesta su oposición porque la medida "es contraria a la Ley General de Sanidad vigente desde 1986 que recomienda, en base a criterios de buen funcionamiento, equidad y eficiencia, la organización territorial de la Sanidad Pública en Áreas sanitarias de aproximadamente 250.000 habitantes".
Además la ADSPA argumenta que la medida del PP "rompe con el objetivo que dicha Ley propone", es decir, "el establecimiento de demarcaciones territoriales con un máximo de población, para que pueda garantizarse la atención integral y equitativa y la planificación de los recursos según las necesidades asistenciales" y porque "suprime el modelo comunitario basado en entidades territoriales y niveles asistenciales coordinados desde la Atención Primaria y con participación social y porque el objetivo de unificación de servicios entre diferentes hospitales, que conlleva esta medida, pretende seguir posibilitando la masiva supresión de puestos de trabajo en la sanidad (con el crecimiento consiguiente de las listas de espera".
Para la ADSPA, "la demagogia de la Administración sanitaria queda patente cuando se afirma que con el Área Única se posibilitará la formación de los facultativos con su desplazamiento a otros centros sanitarios, cuando se sabe que nunca ha habido problemas de este tipo para el aprendizaje de técnicas o reciclaje del personal", al igual que "cuando se habla como novedad de la libre elección de facultativo, que es un derecho ya reconocido en la Ley General de Sanidad de 1986 y legislado desde 1993 para todo el Estado".
En este sentido la ADSPA señala de "forma clara" que esta medida "está enmarcada en una actuación del Gobierno Central de desmantelamiento de las áreas sanitarias que está desarrollándose en Madrid, Galiza, León etc. con un objetivo evidente: crear grandes espacios para la competencia público-privada y abrir el negocio a entidades privadas de provisión sanitaria" y supone "un paso adelante para la posterior implantación del nuevo modelo de Unidades de Gestión Clínica del Gobierno Central".
"Con este objetivo -continúa la ADSPA- el consejero Oliván ha anunciado la puesta en marcha de una experiencia piloto de estas unidades que pretenden fragmentar los centros sanitarios en múltiples entidades empresariales con autonomía plena para gestionase aplicando diferentes fórmulas de gestión privada recogidas en la Ley 15/97, con presupuesto propio, capacidad para comprar y vender sus servicios y dar entrada en ellas a capital y proveedores privados con el consiguiente sometimiento y control de los profesionales y trabajadores sanitarios (laboralizados y privados de las garantías del Estatuto Marco)".
Por el contrario, la ADSPA propone la puesta en marcha de una serie de medidas, entre las que destacan suprimir los recortes presupuestarios que "sitúan al borde del colapso a nuestro Sistema sanitario", mejorar la coordinación de los recursos y niveles asistenciales e "incentivar y estimular la implicación y participación de los trabajadores sanitarios en la gestión pública de los procesos, con desarrollo del trabajo en equipo y con condiciones laborales dignas y libres de influencias y de intereses privados". "El objetivo de los profesionales y trabajadores sanitarios es y debe ser, por encima de todo, ser agentes de salud y no instrumentos para la obtención de beneficios de empresas sanitarias privadas", concluyen.
