Este martes el Congreso español debatía una Propuesta No de Ley (PNL), presentada por el Grupo Plurinacional de Sumar y defendida por el diputado aragonés Jorge Pueyo desde la tribuna, para la creación de un fondo de compensación para Aragón ante la merma de los ingresos procedentes de la financiación estatal. El miércoles se producía la votación y AraInfo se desplazó hasta Madrid para seguir en directo la evolución de la propuesta. Este Diario Libre d'Aragón pudo hablar con Jorge Pueyo y Begoña Nasarre, diputada aragonesa del PSOE. Ambos han sido protagonistas destacados del debate y de las negociaciones que PSOE y Sumar establecieron para intentar un acuerdo que finalmente no se consiguió, aunque casi se daba por seguro en la noche del martes. Pese a ello, la PNL resultaba aprobada por el Congreso español de forma integra. El primer punto, aún contando contando el voto en contra del PSOE, saldría adelante con el apoyo del Partido Popular, partido que ha declinado participar en el reportaje de AraInfo sobre el debate y votación de esta PNL.
El contenido de la propuesta
La exposición de motivos de la propuesta, defendida por el diputado de Chunta Aragonesista, explicaba que “la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda anunció en su día que las comunidades autónomas registrarían en el ejercicio de 2025 un incremento en su financiación del 2,5%. Las cifras comunicadas a finales de julio a las Comunidades Autónomas han confirmado ese incremento, pues estas van a recibir 158.167 millones de euros en 2025 frente a los 154.214 de 2024”.
El reconocimiento de que la subida ha existido, no oculta que el reparto de ese incremento de 3.953 millones de euros ha sido desigual. Tanto que hay dos únicos territorios que recibirán menos financiación en 2025. Uno es Extremadura que decrecerá un 0,18% en su asignación que significa una merma de ocho millones de euros. El otro Aragón, la gran damnificada, que perderá un 1,69% que se traduce en 87 millones menos. Aragón pasará de ingresar del Estado español 5.158 millones en 2024 a 5.071 millones en 2025. Es más, según la exposición de motivos de la PNL del grupo de Sumar, “si se atiende a las previsiones que se corresponden con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), con las que había trabajado el Gobierno de Aragón, la reducción es todavía más drástica: de unos 200 millones de euros”.
La iniciativa defendida por Pueyo se lamenta de que “esa merma de ingresos inesperada irá en detrimento de las políticas públicas que atienden los servicios públicos esenciales (educación, sanidad, dependencia, servicios sociales…), con especial incidencia en el medio rural y, aún más, en las áreas amenazadas por el reto demográfico”. Y defiende la necesidad de reponer “las cantidades previstas” para permitir “la salvaguarda y aun el incremento de esas políticas en el territorio”.
En concreto la iniciativa del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar propone en su primer punto la creación de “un fondo específico de carácter complementario y transitorio, que compense en 2025 la merma de ingresos que va a sufrir en ese ejercicio la comunidad autónoma de Aragón, al menos en 87 millones de euros”.
El segundo punto propositivo defiende “retomar de forma inmediata los trabajos de reforma y actualización del sistema de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad. Un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional que asegure la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia”.
La pelota en el tejado del gobierno de coalición
Como exponíamos al comienzo, la PNL saldría aprobada. Pero el visto bueno del Congreso español no puede ocultar el desacuerdo con el primer punto, y apartado propositivo principal de la iniciativa defendida por Jorge Pueyo, entre PSOE y Sumar. Ahora queda en manos de ambos grupos que conforman el Gobierno español la posible formalización de ese fondo extraordinario que impida la merma de ingresos procedentes de los fondos estatales a Aragón.
