El Congreso español inicia por tercera vez los trámites para derogar parte de la 'Ley Mordaza'

Solo la ultraderecha, PP y Vox, se han posicionado en contra. La Ley Mordaza, aprobada en 2015 en solitario por el PP, lleva cinco años vulnerando derechos fundamentales, y en solo tres meses, ha sido la norma más empleada para sancionar a más de un millón de personas durante el estado de alarma.

Manifestación en Madrid en 2016 contra las 'leyes Mordaza'. Foto: No Somos Delito

La Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, impulsada por el PNV, ha superado su primera votación en el Congreso con 203 votos a favor, 141 en contra y 6 abstenciones. Solo la ultraderecha, PP y Vox, se han posicionado en contra. Es la tercera vez que se da el visto bueno para cambiar algunos de sus aspectos más lesivos con los derechos y libertades ciudadanas de la conocida como Ley Mordaza, pero en las dos ocasiones anteriores no llegó a realizarse por las convocatorias de elecciones.

El texto, que ha sido defendido por Mikel Legarda (PNV), modificaría la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, aprobada en 2015 por el PP, para que "en la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana, prime la interpretación más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y libertades públicas, principalmente en los derechos de reunión, manifestación y de huelga y las libertades de expresión, información y sindical".

Esta Proposición de Ley establece, en uno de sus artículos, que la actividad de intervención se justifica "por la existencia de una amenaza concreta o de un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana por violentar los derechos y libertades públicas individuales y colectivas o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas".

En lo relativo al derecho de huelga la norma propone, entre otros, la modificación del artículo 36.9 para que pueda llevarse a cabo la "intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento y no sean constitutivas de delito".

En cuanto al derecho de manifestación y reunión, esta proposición de ley introduce una serie de modificaciones, entre ellas que "los organizadores o promotores de reuniones comunicadas en lugares de tránsito público y manifestaciones serán responsables por las infracciones que se cometan contra la seguridad ciudadana, en los términos establecidos en el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión". Además, el texto propone que no habiendo comunicación previa a la autoridad de las mismas, "serán responsables quienes las presidan, dirijan o quienes por publicaciones, declaraciones de convocatoria, discursos, escritos que se repartan, lemas, banderas u otros signos pueda determinarse que son sus organizadores".

Las libertades de expresión e información también están recogidas en el texto destacando la supresión de la conducta contemplada en el artículo 36.23 de la Ley Orgánica para la protección de la seguridad ciudadana que establece como una infracción grave el "uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la información".

En cuanto al principio de proporcionalidad, esta Proposición de Ley incluye un nuevo apartado por el cual "las multas establecidas en la Ley para infracciones administrativas, cuando no constituyan infracción penal, no podrán ser superiores a la inferior que corresponda a la penal".

Tras la aprobación de la toma en consideración de esta Proposición de Ley, según recoge el Reglamento del Congreso, se abrirá el periodo de enmiendas. Si los grupos parlamentarios presentan enmiendas a la totalidad, se debatirán en el Pleno de la Cámara Baja. Solo si el texto supera este trámite, se pasará a su estudio por parte de la Ponencia y posteriormente a la Comisión correspondiente, donde se debatirán las enmiendas al articulado.

A continuación, la Proposición de Ley se remitiría al Senado, donde se seguirá un proceso similar. Finalmente, el Congreso tendrá que validar o no las modificaciones que se hayan incorporado en la Cámara Alta.

Cinco años vulnerando derechos fundamentales

La Ley Mordaza, que contempla 44 supuestos con faltas que pueden ser sancionadas con hasta 600.000 euros, fue aprobada en 2015 en solitario por el PP, en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro de Interior, y acabó recurrida en el Tribunal Constitucional por toda la oposición. Lleva cinco años vulnerando derechos fundamentales, y en solo tres meses, con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, ha sido la norma más empleada para sancionar a más de un millón de personas durante el estado de alarma.

El próximo 1 de julio será el quinto aniversario de la Ley Mordaza. Desde Amnistía Internacional, No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, la Coordinadora de ONG de Desarrollo y Greenpeace impulsan el manifiesto '5 años de mordazas ¡Basta! Por una nueva legislación que garantice los derechos humanos', para que "el mayor número de organizaciones y colectivos exijan de una vez por todas la modificación urgente de la Ley de Seguridad Ciudadana".

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