La propuesta del PDeCAT plantea modificar el artículo 3 de la ley para que, además de la ilegitimidad, se declare la nulidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales o administrativos constituidos durante la Guerra Civil para "imponer por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal", así como la ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones.
Se trata de la primera iniciativa legislativa que se tramita para revisar una ley aprobada en diciembre de 2007, pero no será la última. El PSOE prepara su propia reforma para, además de anular esos juicios, sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos e ilegalizar la fundación que lleva su nombre, entre otros puntos.
"Es preciso dar respuesta a las peticiones de las víctimas del franquismo"
El PDeCat, autor de la iniciativa, argumenta que las familias de las víctimas del franquismo llevan años luchando al lado de asociaciones y organizaciones por la localización de fosas comunes, recuperación de restos de personas desaparecidas, la anulación de sentencias emitidas por tribunales militares, el acceso a los archivos y otras fuentes de información documental, entre otras medidas, por lo que considera preciso ir más allá de la Ley de Memoria Histórica.
"Es preciso dar respuesta a estas peticiones y declarar definitivamente la nulidad de aquellos procedimientos teniendo en cuenta los requerimientos formulados por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el último informe del período de sesiones de 22 de julio de 2014", añade.
El Pleno debatió a continuación la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para aclarar los casos en los que se exime del pago de costas del proceso, dado que "el temor a la condena en costas disuade en muchas ocasiones el ejercicio del derecho de acceso al proceso para solicitar el restablecimiento de derechos que se entienden vulnerados, conociendo que en la resolución del caso concreto intervienen muchas variables que no dependen exclusivamente de quien demanda la justicia que cree vulnerada".
Desde el Grupo Socialista consideran aconsejable introducir más elementos para determinar que "no basta el vencimiento, sino que a él debe añadirse la necesidad de que la parte vencida haya actuado de manera dolosa o culposa es decir con mala fe o temeridad", de modo que aquél que "por acción u omisión temeraria o dolosa ocasiona el litigio, si es vencido debe abonar las costas".
Asimismo, quieren que, en todo caso, la ley decrete la nulidad del Tribunal de Orden Público (TOP), del de Represión de la Masonería y el Comunismo, los tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos ideológicos o de creencia religiosa.
Igualmente apuestan por declarar "ilegítimas y nulas" las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualquier tribunal u órgano penal o administrativo constituido durante la dictadura "contra quienes defendieron la legalidad institucional" republicana, "pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución".
El portavoz adjunto del PDeCAT, Jordi Xuclà, ha recordado que hace 10 años, cuando se tramitaba la Ley de Memoria, algunos grupos intentaron que la norma incluyera ya esa nulidad de los juicios, pero finalmente aceptaron la redacción propuesta por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que se limitaba a declarar la ilegitimidad de aquellos tribunales y sentencias.
Entonces, subrayó, contaban con que fueran los particulares o los fiscales quienes instaran a los jueces a declarar la nulidad de esos procesos políticos, pero finalmente eso no ocurrió. Por eso, ha defendido la necesidad de anular por ley aquellas sentencias, siguiendo el modelo de Alemania que declaró la nulidad de los juicios del nazismo en 1998.
PP y Ciudadanos critican la propuesta
Además, Xuclà ha recordado que el pasado verano el Parlament catalán aprobó por unanimidad una iniciativa similar para anular los juicios políticos dictados en Catalunya y ha pedido al PP y a Ciudadanos que, en coherencia con la posición de sus filiales catalanas, apoyasen la tramitación de su iniciativa. Sin embargo, no ha tenido éxito.
El portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, ha afirmado que con esta iniciativa, el PDeCAT quiere meter al Congreso en el "túnel del tiempo" con una propuesta, a su juicio, "muy deficiente" y que generará "inseguridad jurídica y confusión".
Por su parte, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha puesto en duda los efectos prácticos de la iniciativa. Así, se ha preguntado si contribuirá a "una mayor dignificación de las víctimas" y ha avisado de que puede provocar situaciones de "inseguridad jurídica". Además, ha dicho que hay que "mirar al futuro" y no utilizar estos asuntos para "hacer partidismo".
"Además de 'ilegítimos', los tribunales franquistas deben ser declarados 'ilegales"
Desde ERC, su portavoz Joan Tardà ha recalcado que hasta ahora los jueces han dejado muy claro que no podían anular aquellas sentencias porque los tribunales que las dictaron eran legales. En este sentido, ha subrayado que, además de "ilegítimos", los tribunales franquistas deben ser declarados "ilegales", porque sólo así se podrá garantizar que sus sentencias pueden ser declaradas nulas y poner fin al "fraude" que, a su juicio, supuso lo incluido en su momento en la Ley de Memoria.
También ha defendido que se declaren ilegales los tribunales el portavoz de En Comú, Xavier Domènech, quien se ha mostrado convencido de que hasta ahora estos juicios no se han anulado porque declarar nulas las resoluciones sobre incautación de bienes por parte del franquismo supondría que habría que reparar económicamente a las víctimas, un asunto que también ha sacado a colación Mikel Legarda del PNV.
Domènech ha recordado que con aquellas incautaciones se produjo "la mayor transferencia de patrimonio desde la desamortización los bienes de la Iglesia impulsada en el siglo XIX por el liberal Juan Álvarez Mendizábal y que los partidos y sindicatos ya vieron compensados por los bienes que les fueron arrebatados, pero falta que lo sean los ciudadanos.
