El Congreso español aprueba la Ley de Protección a la Infancia pese a los votos en contra de la ultraderecha

Esta nueva ley amplía la definición, corrige la violencia secundaria al tener que declarar solo una vez durante la investigación, se suspenderá el régimen de visitas si hay indicios de violencia machista y elimina el falso síndrome de alienación parental

niños infancia
Foto: Michal Parzuchowski.

El Congreso español ha aprobado definitivamente este jueves la ley de protección a la infancia, que estrecha el cerco a la violencia contra los y las menores, una norma pionera que ha suscitado un amplio consenso y da respuesta a las demandas históricas de las organizaciones de infancia.

La ley ha concitado un amplio consenso, con 297 votos a favor y solo 52 en contra, correspondientes a Vox.

Con su entrada en vigor, habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora, y cualquier persona que conozca un caso o sospecha de violencia contra los y las niñas deberá comunicarlo.

La ley, con una financiación de 70 millones de euros, amplía la definición de violencia, persigue delitos cometidos a través de internet, crea unidades especializadas en las fuerzas y cuerpos de seguridad, juzgados y fiscales especializados, un Registro Central de Información y un coordinador de bienestar y protección en los centros educativos.

Con la norma, cuando el caso llegue a los tribunales, las personas menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación y quedará suspendido el régimen de visitas cuando se dicte una orden de protección por violencia machista o haya indicios de que los hijos o hijas han presenciado o sufrido maltrato.

Durante la tramitación parlamentaria en el Congreso y el Senado, se han incluido mejoras al texto remitido por el Gobierno el pasado mes de junio por trámite de urgencia, muchas de ellas trasladadas por las entidades de infancia.

En la Cámara Alta, se ha incorporado la prohibición de realizar desnudos integrales o exploraciones genitales en las pruebas para determinar la edad de las personas menores sin familia en el Estado, y sumó el respeto a las competencias de los territorios.

En la Cámara Baja, se ha mejorado el reconocimiento del derecho de los y las niñas a ser escuchados a lo largo de todo el proceso y eliminado planteamientos sin base científica como el llamado síndrome de alienación parental, que presupone que la madre ha manipulado al hijo o hija contra el padre.

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