El comité de empresa de autobuses urbanos de Zaragoza afirma que, "en una primera valoración", han comprobado que "la empresa ha aplicado incorrectamente el laudo, y ha descontado a los trabajadores de sus percepciones salariales un 3,9%, con efecto retroactivo de 1 de octubre". "Queremos dejar claro que este comité de empresa no acepta el arbitraje que ha generado este laudo, puesto que esta parte no lo solicitó, entendiendo que es inconstitucional, de ello emana nuestra apuesta por el recurso global de su contenido y aplicación" añaden.
Sobre la aplicación del laudo por parte de la empresa, a juicio del comité es "ilegal, ya que según se recoge en su texto, no permite la retroactividad y la empresa si que lo ha hecho".
"También entendemos -continúa el comité- que el laudo habla de congelación salarial a partir de su aplicación, no habla de rebaja salarial que es lo que ha aplicado la empresa. El impacto de la medida aplicada por la empresa supondría que un conductor en tablas salariales, sin incluir antigüedad, pluses por día trabajado, etc., dejaría de percibir desde la fecha, hasta el 31 de diciembre de 2015 más de 4.600 euros. El abanico salarial de costes que se dejaría de percibir sería de menos 3.600 euros de un portero a menos 5.500 euros el jefe de inspectores".
Por otro lado, el comité lamenta que "una empresa que en el año 2012, ganó más de 12 millones de euros netos después de impuestos, es decir un 40% más que el año 2011, un arbitro le consienta rebajar a sus trabajadores un 3,9% sus salarios, congelándoselos hasta el año 2016".
"Con esta medida, AUZSAU, quiere asegurarse incrementar todavía más sus millonarios beneficios a costa de empobrecer a sus trabajadores y que seamos nosotros con nuestro dinero (como si de una cooperativa se tratara), quienes costeemos las rebajas económicas que la empresa presentó en el pliego de condiciones para hacerse con esta contrata" asevera el comité.
El comité exige "de una vez que ante el incumplimiento de la empresa del convenio colectivo que se recogía en los pliegos de condiciones y el no mantenimiento de toda la plantilla que estaba recogida en la subrogación del pliego de condiciones, el Ayuntamiento le sancione y le obligue a cumplir las obligaciones que contrajo al obtener esta concesión por diez años".
Por todo ello, en cuanto tengan "un examen más exhaustivo de la nómina de octubre", y una vez celebrada la asamblea general con toda la plantilla, que tendrá lugar este jueves en la calle Costa 1 -de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00 horas-, decidirán que "medidas jurídicas y movilizadoras" tomar sobre este y otros asuntos a tratar.
De momento mantienen la concentración del jueves, día 7, frente a la Inspección de Trabajo, y la del día 14 en la Plaza Aragón. En cuanto a las movilizaciones, el seguimiento de los paros ha vuelto a ser del 100%.
CHA recuerda que hasta que no se solucionen los 153 despidos de AUZ no negociará el presupuesto
Por otra parte, el portavoz de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Juan Martín, ha reiterado que "hasta que no haya una solución" a los 153 despedidos de la concesionaria de transporte Autobuses Urbanos de Zaragoza (AUZ) su grupo "no se sentará, como siempre ha hecho, a negociar el presupuesto" de la ciudad para 2014.
Según ha argumentado, en declaraciones a los medios de comunicación, que ante "un proyecto de presupuesto que nació, se supone, para mantener el empleo público en el Ayuntamiento de Zaragoza y dar seguridad a todos los contratados e interinos", el Consistorio "no puede desentenderse" de las 153 familias "que hay detrás del conflicto" de AUZ.
Para Martín, "esta situación ha superado los límites" y por eso "estamos manteniendo una posición de principio muy clara" porque esas 153 familias "son el símbolo de lo que está pasando con casi 100.000 personas en Aragón, que son las que están en paro".
Ha añadido que "primero las personas, primero los 153 parados" porque el presupuesto del consistorio de la capital aragonesa "se hace para los ciudadanos, no se hace solo para el Ayuntamiento de Zaragoza" y "nos parece prioritario que las instituciones públicas estén detrás de la gente con nombres y apellidos, con rostros claros", para comprometerse a "trabajar por una solución".
