El pasado mes de octubre tres trabajadores del Centro de Servicios Sociales de la Comarca del Baix Aragó Casp recibieron amenazas de muerte por parte de un vecino al que el Área de Protección de la Infancia decidió quitar la custodia de sus hijos.
En aquel momento los trabajadores denunciaron los hechos a la Guardia Civil que y el juzgado de Casp decretó una orden de protección. Desde entonces los trabajadores han seguido con sus acciones judiciales a título personal.
La comarca en ningún momento ha ayudado a estos trabajadores, algo que denuncia el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, que ha reprochado al presidente de la Comarca, Francisco Javier Domenech Villagrasa, “la falta de apoyo” a estos trabajadores con respecto a la profesionalidad y al derecho de asistencia y defensa jurídica de los mismos.
“Dicho derecho se fundamenta no sólo en el propio convenio laboral de dicha entidad si no en la Ley de autoridad pública establecido en la ley 9/2013 de 28 de noviembre de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón”, advierten desde el colegio profesional, incidiendo en que en su artículo 9 esta ley dicta que sean las administraciones quienes promuevan “que los profesionales incluídos en esta ley cuenten con la adecuada asistencia jurídica y protección”, y no solo eso sino que se asegura que esta protección debe ser prestada de forma gratuita.
En este sentido Domenech aseguró que las amenazas se debieron a una “reacción de primer día”, y advirtió que los “comunicados corporativos” no ayudan a “calmar los ánimos”, en referencia al lanzado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón en apoyo a los trabajadores que sufrieron las amenazas.
