Bajo la consigna de 'Fuera la religión de nuestra educación', el Colectivo de Estudiantes Progresistas de Aragón (CEPA) denuncia a la escuela concertada como "un sustancial elemento segregador" en materia educativa del territorio. "Estos centros, avalados por la narrativa de democratizar la educación, sólo acogen en Aragón a un 22% de los alumnos con necesidades especiales", argumentan. Por ello CEPA, a través de esta campaña, pretende "desenmascarar" la red concertada "como un negocio lucrativo que sirve a la acumulación de capital y no a la transmisión democrática del conocimiento".
Asimismo, consideran que "su perpetuación representa un ataque a la educación de los hijos de la clase trabajadora, como podemos extraer del hecho de que la financiación de la educación concertada subió hasta un 25% en una década mientras la de la pública quedaba congelada", un hecho del que se hizo eco Estudiantes en Movimiento, la red estatal a la que pertenece CEPA.
La principal contradicción que resalta el colectivo es la de "su financiación irregular, pues si bien es cierto que la administración cubre el sueldo del profesorado, existen otros gastos a parte cubiertos por las familias, así como donaciones o cuotas extraescolares".
"Además -añaden-, otra forma común de financiación es la privatización del bachillerato, pasando su inversión a titularidades privadas". CEPA recuerda que en Aragón la partida presupuestaria que recibieron los conciertos en la pasada legislatura fue la de un 13,9% del gasto destinado a educación, dato que consideran "indignante" teniendo en cuenta la situación de centros públicos aragoneses donde abundan los cortes de electricidad o donde el alumnado de varios centros sigue teniendo que estudiar en barracones.
Finalmente, desde CEPA denuncian el "carácter reaccionario" de la didáctica de la escuela concertada. "A día de hoy, el 60% de los centros concertados pertenecen en propiedad a la Iglesia Católica o a organizaciones adscritas a esta". El alumnado de estos centros, en su opinión, recibe una "formación dogmática, anti-científica y atestada de prejuicios patriarcales y discriminatorios". "Amparados bajo la ley orgánica 8/1985 del 3 de Julio, instituciones de la clase dominante como la Conferencia Episcopal defienden la libertad de elección de los padres sobre la educación de sus hijos, pidiendo que se garantice con fondos públicos una enseñanza que incluya valores confesionales", aseveran desde CEPA.
"Así -continúan- justifican la independencia de estos centros en lo que respecta a su metodología e ideología con respecto al temario impartido, que frente a la inestabilidad de los criterios de evaluación de la escuela pública, golpeados sistemáticamente por las reformas educativas neoliberales de los partidos del régimen del 78, hacen de la concertada una opción que parece ofrecer mayor inalterabilidad y seguridad para las familias".
Frente a esto, CEPA asegura que "la verdadera libertad de educación está en la consecución de una educación pública y popular", y es por ello que seguirán "luchando" en cada centro de estudio "por un nuevo sistema educativo, laico, de calidad y feminista que sirva a los hijos de la clase trabajadora y no a los intereses privados".