El CEA también reclamó al Gobierno de Aragón su implicación "en este asunto defendiendo dicho derecho al voto de la diáspora aragonesa ante las autoridades del Gobierno central en Madrid, derecho recogido por la Constitución española y por otras normas legales de rango inferior".
Asimismo, el CEA reiteró su exhortación al actual Gobierno de Aragón a elaborar "sin más demora, el postergado censo de la ciudadanía exterior aragonesa para estrechar los vínculos entre la diáspora aragonesa y los poderes públicos de Aragón". En este sentido, el CEA insistió en la "imperiosa necesidad de dar cumplimiento a la Disposición Adicional Primera" de la Ley aragonesa de Relaciones con las comunidades en el exterior.
En lo relativo al derecho al retorno, el CEA manifestó, también por unanimidad, la necesidad de impulsar "políticas públicas, desde todas las administraciones implicadas, para facilitar el retorno de aragoneses y aragonesas de origen como así también de sus familiares directos". En este asunto, el CEA expresó que sigue sin ponerse en marcha una oficina aragonesa "de promoción y asesoramiento para los aragoneses y las aragonesas con intenciones de retornar".