El COA denuncia represalias del Gobierno de Aragón contra los educadores y el intento de reventar la huelga

La propuesta de solución para el conflicto social y político del COA comunicada este lunes a los medios de comunicación por el consejero Oliván, la gestión directa del servicio por parte del IASS con un equipo totalmente nuevo de educadores compuesto por interinos, se valora por parte de las y los trabajadores del COA como "políticamente autoritaria y de dudosa legalidad laboral", pero sobretodo "técnicamente peligrosa e inviable sin un perjuicio claro sobre las y los menores atendidos en el COA".

La plantilla del COA mantiene la huelga desde el 1 de noviembre. Foto: Diego Díaz (AraInfo)

[caption id="attachment_68296" align="alignright" width="300"]La plantilla del COA mantiene la huelga desde el 1 de noviembre. Foto: Diego Díaz (AraInfo) | [Galería] La plantilla del COA mantiene la huelga desde el 1 de noviembre. Foto: Diego Díaz (AraInfo) | [Galería][/caption]La propuesta de solución para el conflicto social y político del COA comunicada este lunes a los medios de comunicación por el consejero Oliván, la gestión directa del servicio por parte del IASS con un equipo totalmente nuevo de educadores compuesto por interinos, se valora por parte de las y los trabajadores del COA como "políticamente autoritaria y de dudosa legalidad laboral", pero sobretodo "técnicamente peligrosa e inviable sin un perjuicio claro sobre las y los menores atendidos en el COA".

Así lo afirma en una nota de prensa la plantilla del COA donde precisa que la idea de devolver a la gestión pública directa un servicio social básico se valora por el contrario como excepcionalmente buena: “ya que siempre hemos declarado que este ámbito social debería estar fuera del mercadeo y la especulación. Además entendemos que la gestión directa de este servicio implicaría la absorción por parte de la administración de este equipo de trabajadores”, declaran los representantes de los trabajadores del COA.

“Sin embargo esto es algo que el consejero Olivan parece olvidar, o quizá no le han asesorado e informado correctamente de que al art. 44 del estatuto de los trabajadores, el art. 35 del convenio colectivo estatal del sector y recientes sentencias de tribunales europeos obligan a la administración a subrogar a los trabajadores que prestan sus servicios en un centro de trabajo como el COA cuando la administración asume directamente la gestión del mismo. Del mismo modo que una nueva empresa que la administración contratara tendría esta misma obligación. Evidentemente, si el Gobierno de Aragón trata de incumplir la legalidad nos veremos en los tribunales. Al mismo tiempo, interpretamos este movimiento como un intento ilegal de reventar esta huelga indefinida legalmente convocada en la que se están cumpliendo escrupulosamente con los servicios mínimos y que el IASS y el Gobierno de Aragón han demostrado ser incapaces de manejar, por lo que promoveremos la depuración de las responsabilidades penales y políticas de aquellos que traten de obstaculizar el ejercicio de un derecho garantizado por la constitución como es el derecho a la huelga”, añade el texto.

Por otro lado, a la plantilla del COA le sorprenden estas declaraciones en las que, a su juicio, "se intenta diluir el impacto que tendría en los menores una propuesta como la que hace Oliván de sustituir de un día para otro a todo un equipo educativo". "Es evidente para cualquiera -añaden- que es imposible mantener un mínimo de estabilidad emocional en los niños y niñas de en un centro de menores como el COA que atiende menores en situación de crisis vital extrema de separación familiar (algunos en tratamiento psiquiátrico o con minusvalías reconocidas) sustituyendo a la totalidad de adultos de referencia de estos menores, destruyendo el vínculo educativo que muchas veces ha costado meses crear y dinamitando un proyecto educativo de reconocido prestigio dentro de Aragón que hasta el consejero Oliván dice valorar".

Desde el COA recuerdan que el Gobierno de Aragón ya utilizó esta formula de "sustituir un equipo de educadores al completo por funcionarios ajenos al proyecto educativo y a las y los chavales en abril del 2000 en el centro San Jorge, con unos resultados desastrosos que cualquier técnico de protección de menores con algunos años de experiencia recordará con pavor".

Al COA le sorprende así mismo, que según las declaraciones del consejero Oliván, la FAIM "cometa una ilegalidad punible (presentarse a un concurso público y no asumir el recurso que se le adjudica en dicho concurso) y no se le penalice por ello". “Es un trato de favor que hace que uno se cuestione sobre la naturaleza y legalidad de las relaciones entre la FAIM y el Gobierno de Aragón. Dudas que refuerzan aún más las declaraciones de hoy en las que además el consejero Oliván vuelve a declarar públicamente que negoció con las empresas las condiciones de un concurso público, algo a todas luces ilegal”, subrayan las y los representantes de los trabajadores.

Finalmente destacan que esta nota de prensa responde a unas declaraciones públicas del consejero Olivan y que este equipo de trabajadores no ha recibido ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de Aragón ni de la gerencia de FAIM.

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