El “borrón y cuenta nueva” del Gobierno de PP-Cs supondría el despido de gran parte del personal temporal del Ayuntamiento

Con más de 15 años de servicio de media con contratos temporales, ahora cerca del 25% de la plantilla del consistorio zaragozano se juega su puesto a un examen sin que la corporación haya hecho nada para facilitar la internalización de estas empleadas desde hace años

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Concentración de la plantilla interina. Foto: PTTAZ.

La Plataforma de Trabajadoras y Trabajadores Temporales del Ayuntamiento de Zaragoza (PTTAZ) se concentraron este jueves ante el consistorio para denunciar la situación de precariedad que está viviendo el 25% de la plantilla, más de 1.170 personas.

Desde hace muchos años se encuentran en una situación de temporalidad, sin que el Ayuntamiento de Zaragoza haya puesto solución. Un abuso en la temporalidad de los trabajadores y trabajadoras que, como explican desde esta plataforma, está prohibido por la normativa comunitaria (Directiva1999/70/CE).

La inestabilidad laboral también tiene un factor de género determinante y es que las mujeres suponen el 30,6 % del total de mujeres de la plantilla es personal no permanente, frente al 14,6 % de los hombres. Además, las mujeres representan 36,7 % del total de la plantilla y los hombres el 63,3%.Dicha inestabilidad se ha visto incrementada desde el 2008 tanto en relación con los hombres como en relación con las mujeres, entonces el 10,7% de ellos y el 21,5% de ellas eran personal no permanente.

En el Estado español esta Directiva solo se ha traspuesto en el sector privado donde el “Estatuto de los Trabajadores” obliga a las empresas a estabilizar los puestos de trabajo en abuso de temporalidad, mientras en el caso de las administraciones públicas “se mira para otro lado haciendo caso omiso a las legislaciones europeas de obligado cumplimiento”.

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Foto: PTTAZ.

En esta lucha, advierten, “no estamos solas” ya que el abuso es una práctica habitual en la mayoría de las administraciones públicas y ha derivado en la ejecución de diversas acciones que no solo atiende a las reclamaciones de índole jurídico, con un importante número de demandas por abuso de temporalidad ante los tribunales, sino introduciendo movilizaciones de las personas afectadas donde la reacciones que se están produciendo pasan por propuestas de modificaciones legislativas a nivel de todo el Estado.

Por otro lado, desde la UE en el marco de las negociaciones que está manteniendo en estos días con el Gobierno español para obtener los fondos europeos, el llamado Plan de Recuperación y Resiliencia, el ejecutivo comunitario está condicionando en una serie de áreas, siendo, uno de los asuntos que más preocupa en el área laboral la temporalidad y va a exigir que se cumpla con la reducción de la temporalidad en el sector público.

La llamada de atención de Bruselas ha tenido como efecto que desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública dirigido por Miquel Iceta se haya reconocido que el actual marco normativo no sirve para terminar con la temporalidad y los abusos que se están produciendo, y ha emplazado a los sindicatos para retomar la negociación sobre el futuro de los trabajadores y trabajadoras temporales de la administración. Con medidas que pasan por la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza y en mano del Concejal Delegado de Personal del Partido Popular, Alfonso Mendoza Trell, con un escenario de judicialización extrema con mas de 400 demandas judiciales, impuganciones de abundantes bases de oposiciones así como la impugnación de la oferta de empleo publico del año 2020 por dos sindicatos “navega en una evidente inadaptación e incumplimiento” de legislación junto con sentencias europeas de obligado cumplimiento, aplica la política de “borrón y cuenta nueva”.

Sus socios en el Gobierno municipal Ciudadanos que este jueves 11 de marzo y utilizando como base la directiva europea 1999/70 y las diversas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) defendían una PNL en la que pedían inspección de las plazas antes de cualquier proceso de oferta de empleo público, “aquí miran para otro lado”, denuncian desde PTTAZ.

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Concentración. Foto: PTTAZ.

“Parece que de repente corre una prisa exagerada sacar todas las plazas ocupadas y en abuso de temporalidad que llevaban olvidadas desde hace años, como hemos dicho la mayoría de ellas ocupadas hace más de 15 años de forma abusiva”, denuncian desde esta plataforma. Además, denuncian la falta de inspecciones “de las plazas en fraude de ley ni sanción de ningún tipo, lo que denota el interés de ocultar el abuso, pretendiendo eliminar a costa del despido libre y gratuito sin derechos para los y las trabajadoras y sin sanción que prevenga la conducta abusiva en el futuro”.

De este modo, desde la plataforma explican que quien acaba pagando “los platos rotos de la nefasta e ilegal gestión” son los trabajadores y trabajadoras que tras años en la administración en abuso de temporalidad se juegan su empleo en un examen libre, también pagan los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza de cuyos bolsillos saldrá el pago de las indemnizaciones por despidos tras las futuras sentencias puesto que a día de hoy es la doctrina en estos supuestos del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a lo que hay que sumar la perdida de experiencia acumulada tras años de trabajo.

Desde la Plataforma de Trabajadores Temporales del Ayuntamiento lo que se pide es “justicia ante este abuso que evite que esta situación se repita”. Para ello se han dirigido al Gobierno de la Ciudad para pedir que se suspendan los procesos que están en marcha en vista de las modificaciones legales anunciadas que van a producirse próximamente, y se puedan inspeccionar todas las plazas ocupadas para determinar si responden a un uso abusivo y aplicar en esos casos una sanción acorde a los trabajadores y trabajadoras abusados.

“Entendemos que ya no hay excusa, las últimas sentencias del el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dan la razón a los trabajadores en abuso de temporalidad y desde la UE están instando a una solución ya de la situación”, señalan.

En este sentido han explicado que ya se han reunido con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza, algunos de ellos gobierno de la ciudad, (PSOE, Ciudadanos, Vox, Podemos y Zaragoza en Común), para plantearles la necesidad de apoyo para la búsqueda de una solución consensuada dentro de la legalidad “siendo recibidos y escuchados por todos los grupos, exceptuando al grupo municipal del Partido Popular que ni tan siquiera ha contestado a nuestra petición de reunión”.

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