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El banco de ADN otra de las promesas fallidas de la Ley de Memoria Democrática

Ante la inactividad del gobierno de Javier Lambán varias asociaciones memorialistas han puesto en funcionamiento el primer banco de recogida de ADN para familiares de las personas represaliadas por el franquismo
| 27 abril, 2019 07.04
El banco de ADN otra de las promesas fallidas de la Ley de Memoria Democrática
Foto: Pablo Ibáñez (AraInfo).

Al menos cuatro meses de retraso llevaría el supuesto banco de ADN que, dentro del Servicio de Memoria Democrática, el Gobierno de Aragón prometió poner en marcha la primera Conferencia con los departamentos oficiales de Memoria Histórica de los gobiernos territoriales que organizó el ejecutivo de Sánchez el pasado mes de septiembre.

Un retraso que ha motivado que las asociaciones Batallón Cinco Villas de Exeya d’Os Caballers, Charata de Uncastillo y A.R.I.C.O. Memoria Aragonesa se hayan puesto manos a la obra en la recogida de ADN a familiares de las personas represaliadas por el franquismo.  Unas muestras que estarán custodiadas por la doctora Pilar Madero en el laboratorio de Genética Personalizada de Zaragoza.

“Dado que la administración tarda ya demasiado tiempo en poner en funcionamiento la recogida de muestras para un futuro banco de ADN  y debido a lo apremiante que es para algunos familiares muy mayores, nos hacemos cargo de esta recogida y custodia”, anuncian desde ARICO, poniéndose a disposición de toda persona que esté interesada en dejar su muestra en la Casa de la Memoria Democrática de Zaragoza, situada en la Avenida América, 105 de Zaragoza, todos los jueves de 17.00 a 20.00 horas. Un encuentro que se aprovechará para, si lo desean los donantes, tomarles testimonio de la historia de sus familiares.

Identificar los restos de estas fosas será, a cada día que pase, más difícil. La avanzada edad de muchos de los testigos corre en la contra de estas asociaciones. Tratar de poner nombre a los huesos de las personas asesinadas por la represión franquista puede convertirse en una odisea. Para hacernos una idea el Estado español es el segundo país del mundo, tan solo detrás de Camboya, con mayor número de personas desaparecidas, cerca de 115.000.

Si nos desplazamos al interior de las fronteras aragonesas, en nuestro territorio hay un total de 415 fosas registradas, según cifras del Ministerio de Justicia, en las que todavía no se ha podido intervenir y en las que habría 10.176 aragoneses y aragonesas asesinadas por el franquismo, según las cifras barajadas en el auto del juez Baltasar Garzón redactado en 2008 en el que se declaraba investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo. Unas cifras que situaban a Aragón como uno de los territorios en el que mayor represión se habría sufrido, tan solo superada por Andalucía, Castilla León y Extremadura.

De estos cuatro territorios solo Andalucía ha disfrutado unos años de un banco de ADN público que en estos momentos, tras el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox que gobierna la Junta de Andalucía corre peligro. De hecho, el desmantelamiento de la actual Ley de Memoria andaluza se convirtió fue parte de la negociación de Vox para que el PP pudiera acceder a la presidencia de la Junta.

En el resto de territorios que componen el Estado español existen otros tres bancos de ADN para identificación de las víctimas del franquismo públicos: Euskadi, Nafarroa y Catalunya, donde funcionan con plena normalidad, gestionados por los gobiernos territoriales.  Aragón debería estar ya  dentro de ese grupo de territorios con banco de ADN público, sin embargo, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática carece de dotación económica al no haber sido aprobados los presupuestos para 2019.

27 abril, 2019

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