El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Policía Local, ha multado con 750 euros a un miembro de la Asociación Vecinal Puente Santiago por pegar diez carteles informativos -"tamaño folio y con celo en las cuatro esquinas"- en los que se convocaba a una manifestación autorizada para reclamar la reposición del servicio de autobuses en la zona norte del Actur, que el propio Ayuntamiento ha suprimido.
Esta vecinal recuerda, en una nota de prensa, que "cuando el Gobierno de Zaragoza anunció que derogaba la Ordenanza Cívica, llamada del 'Botellón', el concejal Gimeno declaró que: 'Con todo ello, se avanza en la armonización de la normativa municipal, se unifican criterios y procedimientos administrativos y se fomenta la adecuada convivencia y utilización de los espacios públicos par parte de la ciudadanía”. Pero los hechos demuestran todo lo contrario.
Para las asociaciones vecinales del barrio del Actur esta multa es "una ataque represivo a la libertad de comunicación de las asociaciones que no tienen otro medio para informar a los vecinos y vecinas". "En reiteradas ocasiones desde la FABZ hemos manifestado la necesidad de disponer de espacios públicos de información adecuados y suficientes para desarrollar nuestra labor de difusión", añaden.
"Creemos -continúa la nota- que no se puede reprimir al movimiento ciudadano por este tipo de acciones que de ninguna manera afectan a la convivencia y al comportamiento de los ciudadanos en el espacio público de la ciudad. El procedimiento utilizado por el Ayuntamiento de Zaragoza trata más bien de intentar acallar las protestas de las asociaciones vecinales, en su derecho a manifestar en la calle sus reivindicaciones sobre la reestructuración de las líneas de autobuses".
Por otra parte, para las AAVV "resulta sospechoso que se pretenda sancionar a un miembro de una asociación vecinal por la colocación de carteles de ámbito informativo, mientras la ciudad está plagada de carteles comerciales y de todo tipo. La conclusión es que cualquier organización civil, vecinal o cultural no va a poder dar información a la ciudadanía porque será sancionada o incluso a nivel particular. Si se te ha perdido el perro o el gato, o si ha desaparecido una persona, ojo, el Ayuntamiento te dará una colleja de hasta 750 euros".
"En suma, creemos que estos hechos atentan contra los derechos y libertades de las y los ciudadanos y que pretenden sancionar a los colectivos sociales. Son medidas desproporcionadas, injustas y abusivas y que parecen más bien obra de un Estado policial. Y son medidas que vemos criticar por parte de los políticos cuando están en la oposición, pero que practican cuando están gobernando. Lo que siempre se ha dicho: una doble vara de medir”, concluyen.
