Como si de una película del oeste se tratase, el Consistorio continúa actuando fuera de la Ley, incumpliéndola a su voluntad y teniendo a miles de personas a expensas de que decida realizar los procesos selectivos pendientes. La oferta pública de empleo, que se remonta a 2006-2009, se salta la legalidad vigente.
La Ley 7/2007, Estatuto Básico del Empleado Público, en varios de sus artículos lo dice bien claro: Artículo 55.2 f. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. Artículo 70.1. […]En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años.
Y no solo eso, sino que ahora el Ayuntamiento también se pasa por el forro a la Institución Aragonesa de El Justicia. Ante la petición realizada por un opositor a esta Institución para que intervenga, tras solicitar esta explicaciones al Ayuntamiento, se remite al opositor diciéndole que el Ayuntamiento directamente, ni le contesta. Se ve que el Consistorio debe andar muy ocupado con las fiestas del Pilar como para molestarse en contestar, lo primero es lo primero, darnos circo.
El Consistorio dice que no se pueden hacer las oposiciones hasta que no salga la reforma de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, algo que en realidad, no afecta para nada a los procesos selectivos pendientes, ya que dichos procesos fueron convocados mucho antes de la propuesta de reforma de esta Ley, y en el último borrador de reforma que se ha presentado, la competencia queda en manos de los Ayuntamientos.
Está claro que cualquier excusa es buena para continuar manteniendo a más de 3.500 personas sin opción a optar a una de las plazas ofertadas, concretamente las de mantenimiento. Es vergonzoso que el Ayuntamiento esté jugando con el futuro de quienes se presentan a esta oportunidad de encontrar un empleo y que frustre las esperanzas de todas ellas.
El Ayuntamiento ha perdido unos 800 puestos de empleo en los últimos 3 años, si sigue en esta dinámica los servicios cada vez serán de peor calidad, contribuyendo a la criminalización continua del empleo público llevada a cabo durante años, la cual solo busca su desprestigio, para así poder privatizarlo y dejar los servicios en manos privadas, las cuales, únicamente buscan obtener beneficios de las arcas públicas, sin preocuparse de la calidad del servicio, del bienestar social, ni de la ciudadanía. La precariedad en el empleo, la subcontratación, la interinidad y en definitiva la inseguridad e inestabilidad laboral, no pueden ser utilizados sistemáticamente por el Ayuntamiento para la prestación de los servicios públicos de la ciudad. El Ayuntamiento tiene que ser un ejemplo y un referente del empleo estable y digno, fomentando el empleo público en todas sus instalaciones y servicios.
Por último, no tenemos que olvidar que la realización de estas oposiciones no supone coste económico adicional para el Consistorio, son a coste 0, ya que desde su convocatoria están aprobadas en los presupuestos y ocupadas por personal interino mientras no se realice la oposición.
Pascual Joven | Para AraInfo
