El Ayuntamiento de Zaragoza endurece los criterios para obtener Ayudas de Urgente Necesidad

El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de las denominadas Ayudas de Urgencia reguladas por un reglamento municipal aprobado por el pleno de la corporación. Dichas ayudas van dirigidas a las personas y familias que, cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos un baremo económico, se encuentran en dificultades para hacer frente a necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros básicos de luz o gas. Desde la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, vienen denunciando desde hace tiempo los criterios que el Ayuntamiento de la capital del país está implantando para limitar el acceso a las Ayudas de …

Juan Alberto Belloch y Roberto Fernández
Juan Alberto Belloch y Roberto Fernández

El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de las denominadas Ayudas de Urgencia reguladas por un reglamento municipal aprobado por el pleno de la corporación. Dichas ayudas van dirigidas a las personas y familias que, cumpliendo una serie de requisitos, entre ellos un baremo económico, se encuentran en dificultades para hacer frente a necesidades básicas como alimentación, vivienda o suministros básicos de luz o gas.

Desde la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, vienen denunciando desde hace tiempo los criterios que el Ayuntamiento de la capital del país está implantando para limitar el acceso a las Ayudas de Urgencia. Ya el pasado mes de enero la Plataforma denunció públicamente y recurrió la instrucción del Consejero de Acción Social, Roberto Fernández, en la que se limitaba el concepto, número y cuantía de las ayudas. Una nueva circular que se remitió a los Centros Municipales de Servicios Sociales –CMSS- el pasado 26 de noviembre supone una nueva vuelta de tuerca al plantear unos criterios cada vez más restrictivos y descontextualizados en el uso ayudas de urgencia destinadas a la alimentación.

Desde la Plataforma de Profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza destacan que “el incumplimiento de dichos criterios establece una sanción de un año en la concesión de nuevas ayudas a aquellas personas que no se ajusten a dichos criterios. Esta sanción a todas luces excesiva ya que no está sujeto al análisis del gasto realmente llevado a cabo ni al contexto concreto en que se ha realizado, se hace extensiva no solo a las ayudas de alimentación, sino a cualquier otro tipo de urgencia. Además, desde una perspectiva únicamente punitiva, no permite la posibilidad de trabajo previo con las familias que permita un gasto adecuado”.

La Plataforma se pregunta “¿Dónde queda la labor de los profesionales que conocen a las personas y que pueden orientar y asesorar, sin necesidad de castigar arbitrariamente a todos?, ¿alguien se imagina a un profesional de la medicina no dispensando un medicamento necesario por el uso que el paciente ha hecho?”, y continua explicando, “en un intento absurdo por controlar en qué se gastan las ayudas, la circular establece un listado cerrado de productos que pueden adquirirse con las citadas ayudas, incluyendo determinados alimentos (por ejemplo, arroz, macarrones, yogures de sabores…) y dejando arbitrariamente fuera otros de la misma naturaleza y precio (por ejemplo, fideos, tallarines, cous-cous, bifidus ...)”.

Así, y según esta misma fuente, el 90% de las ayudas tramitadas para este concepto y que hasta este momento se consideraban como adecuadas no cumplirían los requisitos establecidos en la citada circular. La compra de un zumo o un batido para un niño, de un potito, de una papilla, una mermelada, un puré, unos quesitos o un botellín de agua mineral, supondría la sanción expuesta. Por otro lado, gran parte de los alimentos que se permiten comprar son en ocasiones redundantes con los que el propio consistorio facilita a través del programa Zaragoza Redistribuye, desde la Plataforma recuerdan que “la inclusión de las familias en dicho programa es obligatoria para los profesionales y  la Plataforma y otras organizaciones ya se manifestaron en contra de este programa por su corte retrógrado y asistencialista que supone un tremendo retroceso en las políticas sociales de nuestra ciudad. Y prohíbe al no permitirlos de forma expresa, la compra de conservas, congelados, especias, necesarios para una alimentación equilibrada y que antes estaban explícitamente autorizados”.

“Al obligar a consumir productos únicamente de marca blanca, no se tiene en cuenta la naturaleza cambiante del mercado, la existencia de ofertas, o productos en los que consumir marcas blancas puede resultar más caro que no hacerlo. En otras ocasiones, ese mismo listado es contradictorios con los alimentos facilitados por dicho programa (por ejemplo Zaragoza Redistribuye ha facilitado magdalenas y otros productos similares que en el listado de productos están prohibidas ¿son un alimento básico en un programa y en otro no?). Al parercer, los ciudadanos solo pueden comer esos alimentos si son donados o están a punto de caducar, ¿de qué estamos hablando, pues? ¿de unas ayudas basadas en un Derecho Social, regulado y propio de una Institución Pública? ¿o estamos volviendo a los tiempos del Auxilio Social en los que la ayuda basada en la beneficencia decide lo que pueden y no pueden comer las personas?. Estamos ante personas con dificultades no antes pobres etiquetados y estigmatizados.

Desde la Plataforma entienden “que se puedan establecer criterios generales sobre el gasto a realizar con las ayudas de alimentación y que se tenga que supervisar dicho gasto, pero también creemos que intentar establecer un listado cerrado de productos además de imposible, es absurdo y nos lleva a dejar de lado las características de cada una de las familias y las circunstancias particulares que pueden justificar determinados gastos. También creemos que dicha supervisión corresponde únicamente a los profesionales de los Centros Municipales de Servicios Sociales –CMSS- a los que corresponde, desde una lógica de acompañamiento, y teniendo en cuenta la situación de cada una de las familias, el valorar cuando el gasto no es adecuado. La tarea de información y control del gasto de dichas ayudas, en ningún caso puede corresponder a las supermercados ni a su personal, como en muchos casos está sucediendo”.

“Además creemos que esta dinámica cercena la dignidad de las personas que no solo se ven abocadas a utilizar dichas ayudas por su situación, sino que se les priva de la mínima autonomía para decidir incluso qué comer dentro de unos criterios generales. La pobreza no supone la pérdida de la libertad individual, de los gustos y preferencias personales, de la alimentación como expresión de la propia identidad”, concluyen.

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